El modelo de financiamiento asumido por la Caja de Ahorros (CA) en el pasado reciente obligó a la actual administración a pedir una auditoría general de la entidad crediticia.
“Para garantizar el cumplimiento de sus objetivos de transparencia y legalidad, la actual administración de Caja de Ahorros ha solicitado a la Contraloría General de la República la realización de una auditoría forense, que facilite el proceso de identificación de irregularidades para posteriormente tomar las medidas y efectuar los correctivos pertinentes, con el propósito de proteger los intereses de la institución y fortalecer la confianza de sus clientes”.
Esta es la declaración de Mario Rojas, gerente general de la entidad, a través de un comunicado emitido ayer.
Su pronunciamiento se da luego de varias publicaciones de este medio en las que se develó la política de financiamiento del banco bajo la gerencia de Jayson Pastor, en el quinquenio de Ricardo Martinelli.
Se conoció que se aprobaban millonarios financiamientos en los que aceptaron, como contraparte, ínfimas garantías.
Esto, de acuerdo con algunos exdirectivos de la CA, sería altamente riesgoso para el banco, ya que, en caso de que la deuda no se pagara, la entidad terminaría secuestrando propiedades con un valor muy por debajo al monto de la morosidad.
Rojas precisó que la actual junta directiva y su administración está enfocada en que la institución retome sus principios, entre los que se encuentran promover el hábito del ahorro. Uno de sus pilares es el financiamiento de hipotecas para las familias panameñas.
También dijo: “...haremos todos los esfuerzos necesarios en aras de proteger el patrimonio, la solidez y la confianza que esta institución ha forjado a través de los años en nuestro país, todo esto con estricto apego a las leyes y con absoluta transparencia”.
En febrero de este año, la CA secuestró 14 fincas en los proyectos del P.H. Turístico Condo Hotel Ibiza Playa Coronado y Edificio P.H. Turístico Condo Hotel Ibiza Playa Corona. El caso demuestra el tipo de garantías que avalaba el banco.
El operador de los dos condohoteles, R.G. Hotels, obtuvo un préstamo por $5 millones al poner en garantía fincas en las que se encuentran las áreas comunes de ambos proyectos.
Esto, a pesar de que la ley de propiedad horizontal establece que las áreas comunes son patrimonio de todos los propietarios.
Tras incumplimientos de R.G. Hotels en los pagos de su deuda, el secuestro se hizo inminente.
El banco informó que ejercieron su derecho como acreedor hipotecario, tras el incumplimiento contractual de la empresa R.G. Hotels Inc., administradora de los proyectos de edificios.
La acción judicial, aclara la CA, no constituye impedimento para que los propietarios y residentes de ambos edificios hagan uso de las áreas comunes o tengan acceso a sus apartamentos, ya que el banco no ha asumido aún la administración judicial de los bienes.
Sin embargo, precisamente ante la falta de una administración, las piscinas, por ejemplo, ya muestran signos de abandono. También, los propietarios han encontrado ciertas áreas desvalijadas.
“La CA está dispuesta a conversar con los propietarios y residentes para aclarar cualquier duda al respecto y buscar una solución a la situación actual”, señaló Rojas en el comunicado.
Además de la auditoría forense que solicita Rojas, 23 propietarios del proyecto Ibiza Coronado presentaron una querella para que se investigue a cualquiera que resulte responsable por la posible comisión del delito de peculado, corrupción de servidores públicos y abuso de autoridad.
El Código Penal establece que el delito de peculado aplica para “el servidor público que sustraiga o malverse de cualquier forma dinero, valores o bienes cuya administración percepción o custodia le hayan sido confiados a razón de su cargo, será sancionado con prisión de 4 a 10 años”.
Si la cuantía de lo apropiado supera los $100 mil o si los bienes y valores estuvieran destinados a proyectos de interés social, la pena será de 8 a 15 años.
El caso de los edificios ubicados en Corona y Coronado será uno de los tantos que quedarán bajo la lupa de la Contraloría.
