Cobranzas del Istmo no solo recibió comisiones por los pagos de cuentas morosas de Tocumen, S.A. sin ajustarse a lo establecido en el contrato firmado con la Dirección General de Ingresos (DGI) y a las normas que regulan la tercerización de los cobros. También se hizo de comisiones injustificadas que se sacaban de los pagos de contribuyentes privados.
Esta información queda expuesta en una auditoría del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en poder de la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, que sigue la investigación sobre cómo se gestionó el contrato.
La auditoría detectó que la empresa, contratada en 2010 por Luis Cucalón, exdirector general de Ingresos, para recuperar cuentas de impuestos morosos, recibió comisiones al 30% sin merecerlo por pagos de deudas de al menos 30 contribuyentes privados.
A raíz del pago de impuestos de pequeñas empresas locales hasta multinacionales con operaciones en Panamá, a Cobranzas del Istmo se le acreditaban comisiones de un 30% cuando debían ser inferiores o ni siquiera ameritar comisión alguna.
Esto provocó, de acuerdo con los análisis del MEF, una fuga millonaria en los ingresos del Estado. El contrato establecía que las comisiones a recibir por Cobranzas del Istmo dependerían de la antigüedad de la cuenta recuperada: de 12 a 18 meses, la comisión era de 15% sobre el monto recibido por el fisco; entre 18 y 24 meses, de 20%; entre 24 y 30 meses, de 25%; y las de más de 30 meses generarían una comisión de 30%.
Entre las supuestas irregularidades detectadas están el cobro de comisiones por deudas prescritas, por pagos vencidos que no estaban dentro del rango de los 12 meses de morosidad —el mínimo según la ley y el contrato para que una cuenta fuera transferida al gestor—; el cobro de comisiones a un porcentaje mayor al que correspondía; y la cesión a la cobranza privada de cuentas que estaban siendo gestionadas por la propia DGI.
En los cuatro años de relación con la DGI, Cobranzas del Istmo facturó $47.1 millones en comisiones. La auditoría del MEF considera que, haciendo una aplicación estricta del contrato, se deberían haber pagado $23.3 millones menos. Esto solamente ajustando el pago de las comisiones a la tabla fijada en el acuerdo.
Este cálculo tiene en cuenta que las gestiones de cobro se realizaron. No obstante, la comisión pagada a Cobranzas del Istmo por la deuda saldada de Tocumen, S.A. está en entredicho, ya que representantes de la empresa estatal han dicho que no consta en la entidad gestión de cobro alguna efectuada, mientras que quienes aprobaron el pago de la deuda en 2013 aseguran que no tenían conocimiento de que Cobranzas del Istmo recibiría una comisión.
El pago de la deuda no habría atendido a ninguna gestión de cobro, sino a cancelar deudas pendientes por una emisión de bonos de $650 millones que lanzó la entidad para financiar su ampliación. De hecho, de esa misma emisión se obtuvieron los fondos necesarios para pagar la deuda.
Las autoridades del MEF y de la DGI pusieron esta información en conocimiento de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público para que investiguen la posible lesión patrimonial.
Como reveló el director general de Ingresos, Publio Cortés, la empresa tenía acceso a la información de todos los contribuyentes y podía saber si estos habían pagado sus deudas, aunque no le hubieran sido asignadas. En un allanamiento efectuado a la empresa el pasado 1 de abril, también se detectaron equipos informáticos con distintivos de la DGI.
De cobrador a supuesto evasor
Una nueva línea de investigación se abrió en el caso Cobranzas del Istmo. La DGI entiende que la empresa evadió el pago de impuestos y decretó la medida cautelar de secuestro sobre bienes muebles e inmuebles, cuentas corrientes, depósitos, plazos fijos y cualquier cuenta bancaria propiedad de Cobranzas del Istmo —cuya representante legal es Magaly Ramos, la misma persona que firmó en 2010 el contrato con Luis Cucalón— y de otras empresas vinculadas a Cristóbal Salerno, uno de los directivos visibles de Cobranzas del Istmo. Se trata, en concreto, de las compañías Pomegranate, Corp. y Mezzogramo, S.A., cuyo representante es el empresario.
También se decretó el secuestro de las cuentas de Tierra Securities, LTD, representada por Patricia Ávila, y de Langton International Holding, LTD, “sin RUC ni representante legal conocido”, según consta en la nota remitida por la DGI a los bancos de la localidad.
La entidad pública solicita que se retengan a favor del Tesoro Nacional cuentas corrientes, depósitos, plazos fijos y cualquier cuenta bancaria que sea propiedad de las sociedades citadas hasta la suma de $42.8 millones.
