La quiebra retroactiva de R.G. Hotels ha llegado a la Corte Suprema de Justicia.
ABS Trust, el administrador del fideicomiso en el que deben estar las garantías de emisiones de bonos y valores comerciales por $30 millones, presentó ayer una solicitud para que la Corte Suprema disponga que el proceso de quiebra y concurso de acreedores sea transferido a un juzgado en la ciudad de Panamá.
Manuel Jesús Corrales Hidalgo, juez primero civil del Circuito Judicial de Coclé, declaró la quiebra retroactiva, con lo que anula la figura del fideicomiso, el principal mecanismo de garantía para todo tipo de inversiones en la plaza local.
ABS Trust precisó en su petición que, tanto la empresa como el administrador del fideicomiso y las entidades reguladoras, tienen su domicilio en Panamá, por lo que el caso debe ser manejado en este distrito.
La empresa advirtió que también presentó un incidente de nulidad por falta de competencia ante el juzgado, pero “hay fundados temores de que se desista sin mayores consideraciones”.
“Preocupa igualmente que el juzgado carezca de una lista de curadores”, tal como lo establece el Código Judicial, y designara a una persona –Dimas Espinoza– fuera de este listado, y “cuyos conocimientos en administración de hoteles y facilidades turísticas se desconoce”, expresó ABS Trust.
Ayer, en la reunión de acreedores e inversionistas hubo un gran revuelo por el fallo retroactivo.
Pesadilla
Desde las 7:30 a.m. de ayer empezó un movimiento atípico en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Coclé. Fue el día en el que decenas de acreedores de R.G. Hotels y Casa de Campo Farallón se vieron por primera vez en el inicio de un complejo entramado judicial.
El juez Manuel Jesús Corrales Hidalgo decretó la quiebra retroactiva de ambas empresas y generó una onda expansiva que rebota en bancos de la plaza, casas de valores, inversionistas privados, compradores de apartamentos y empresas suplidoras de todo tipo de servicios al grupo hotelero y residencial que opera varias propiedades en el Pacífico panameño.
Empantanados en la debacle de R.G. Hotels, todos ellos se encontraron ayer en el juzgado de Penonomé debido a la convocatoria de la junta de acreedores, un llamado para identificar las personas con reclamación legítima en el proceso de quiebra.
En la sala del juzgado había, al menos, 70 personas a título personal o en representación de clientes para detallar los montos de dinero adeudados y expresar su inconformidad con la empresa R.G. Hotels, primero bajo la administración de Rugiere Gálvez, y luego en control de Nabali Investments.
No se ahorraron palabras para criticar la base jurídica del fallo, la competencia del juez y el análisis financiero efectuado para decretar la quiebra. El tema predominante fue su vigencia, decretada el 21 de octubre de 2015, pero con efecto retroactivo a partir del 31 de julio de 2012, justo cuando se realizó una emisión de bonos por unos $15 millones.
Inversionistas en aprietos
De ejecutarse el auto de la quiebra, los inversionistas que compraron bonos, y luego los valores comerciales negociables (VCNs), por otros $15 millones, perderían la oportunidad de hacer uso de las garantías pactadas en un fideicomiso para recuperar el dinero que invirtieron.
La retroactividad desconoce la legitimidad de la emisión de bonos y valores porque la decisión implica que todo lo que se hizo a partir del momento de la “quiebra” no tiene validez.
Con ello se permite que las fincas en garantía que forman parte del fideicomiso entren a un proceso ordinario de liquidación.
Compradores de bonos se presentaron directamente al juzgado para expresar su preocupación. Una pareja de jubilados que invirtió cerca de $60 mil se niega a reconocer lo decretado por el juez. “Se trata de los ahorros de nuestra vida. Esto es una pesadilla”, se quejaron.
Al mismo tiempo, abogados de varias casas de valores, cuyos clientes invirtieron en los papeles de R.G. Hotels, hicieron acto de presencia para notificarse como acreedores (ver tabla).
Entre tanto, el sector financiero panameño está escandalizado con el fallo. Representantes de MMG Bank, Global Valores y Banco Lafise alzaron su voz para que se anule la retroactividad de la quiebra.
La razón de la petición es que R.G. Hotels estuvo pagando sus líneas de crédito, préstamos y emisiones hasta la mitad de este año. Y en este sentido consideran que si los problemas financieros son irremediables, la fecha de la quiebra debe fijarse desde el 15 de junio de 2015, cuando se incurre en el incumplimiento de los pagos.
Entonces, sobraron las preguntas al respecto y advirtieron que se trata de un proceso judicial lleno de dudas. Pero el juez Corrales Hidalgo advirtió varias veces que la convocatoria de ayer no era para discutir su fallo, sino para hacer la lista de acreedores.
Llamó la atención que los nuevos dueños de R.G. Hotels (inversionistas estadounidenses cuya cara visible ha sido el empresario Antonio Bonilla) no hayan buscado un mecanismo para salvar o liquidar la compañía sin entrar en un tortuoso proceso de quiebra.
Nabali Investments tomó el control accionario de R.G. Hotels el 19 de noviembre de 2014, de acuerdo con información presentada ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). No había transcurrido ni un año de su arribo al negocio, cuando en septiembre de 2015 solicitaron la quiebra voluntaria de dos sociedades bajo su paraguas.
La sentencia se dio el pasado 21 de octubre, luego que los nuevos dueños de R.G. Hotels pidieran la quiebra voluntaria, alegando que encontraron irregularidades financieras en la sociedad fundada por Gálvez.
El abogado que representa a los inversores extranjeros, Jorge Luis Lau Cruz, dijo en días pasados a este diario que cuando estos asumieron la administración “comienzan a darse cuenta de situaciones irregulares”. Que los estados financieros y los avalúos no reflejaban la realidad de las compañías y que estaban completamente alterados.
Estados financieros
En la junta de acreedores reiteró que los antiguos dueños presentaron una falsa situación económica desde el año 2012, cuando emitieron los valores, incluyendo estados financieros y avalúos que no reflejaban la realidad.
Los estados financieros a los que hace referencia fueron auditados por Mackenzie & Mackenzie, firma que luego es reemplazada por Cheng & Asociados-Grant Thornton, buscando hacer un trabajo “en orden y completo”, según información que reposa en la SMV.
Más tarde comunicaron que la carencia de información financiera de los ejercicios fiscales previos a su llegada hizo imposible la entrega de los estados financieros.
Para los inversionistas, se trata de una pelea casi que “de máscara contra cabellera” entre los antiguos y actuales dueños de la empresa, en la que han quedado afectados los inversionistas, a pesar de tener garantías a su favor.
Ayer, a la reunión también se presentó como acreedor Rugiere Gálvez, representado por el abogado Alejandro Pérez. El jurista dijo que a Gálvez se le adeuda dinero tras la compra de la empresa, y que por eso también está entre los afectados. Se escucharon murmullos y quejas.
Además, asistieron los representantes de ABS Trust, la empresa fiduciaria que administra y dispone de los bienes que funcionan como garantía para los inversionistas. Su papel en este caso es fundamental, como custodio del fideicomiso.
Los ojos del mercado han estado puestos sobre la empresa, presidida por Ellis Cano, cuyo tesorero es Carlos “Cayo” Henríquez, y el secretario Gilberto Sucre II.
En la solicitud de quiebra voluntaria, los dueños de R.G. Hotels alegan que los bienes inmuebles que supuestamente garantizaban dos emisiones –que sumaron $30 millones– no llegaron al fideicomiso, sin que este haya sido un tema reportado a los reguladores.
Varios de los inversionistas precisaron que esta hipótesis no es consecuente con la información que la fiduciaria les comparte.
ABS Trust no ha hablado de ese tema públicamente. Ayer sí comunicó a sus tenedores que han interpuesto incidentes de nulidad alegando la falta de competencia del juzgado y oponiéndose a la fecha de declaratoria de quiebra. También solicitaron la exclusión de los bienes del fideicomiso de la masa a liquidar.
Pese a que a la junta de acreedores fueron unas 70 personas, solo 8 se acreditaron en los tiempos que dicta la norma del proceso. Por tanto, el juez determinó que la empresa nuevamente publique en los periódicos el aviso de quiebra. Así, se busca que más acreedores se enteren y registren en el proceso.
Pero Lau Cruz, en representación de R.G. Hotels, dijo que no tienen dinero para hacer las publicaciones.
La próxima reunión de acreedores se fijó para el 29 de diciembre.
Los pasos siguientes en la quiebra
La quiebra mercantil tiene sus principios generales en el Código de Comercio, pero su funcionamiento y organización están normados por el Código Judicial, en su Libro II, de Procesos Civiles. De estos dos códigos resumimos brevemente el proceso de quiebra voluntaria. Una vez el juez dicta el auto en el que se establece la quiebra, se designa en ese mismo documento al curador del concurso de acreedores.
El curador se escoge de una lista de cinco personas que anualmente designa la Corte Suprema de Justicia para cada Distrito Judicial de Panamá. Su salario es determinado por la junta de acreedores. Existen tres clases de créditos para efectos de la quiebra: los créditos privilegiados, que son aquellos que están garantizados por un bien específico por medio de una hipoteca, una pignoración, o un fideicomiso; los créditos comunes, que son los que carecen de garantía específica, y que deben saldarse con la masa común de bienes que tenga la empresa en quiebra; y los créditos litigiosos, que son aquellos que corresponden a todas las demandas existentes antes de la quiebra, o que puedan surgir a raíz de ella.
Estos créditos litigiosos, si son aceptados por la junta de acreedores, tendrán una reclamación válida frente a la masa común de la empresa quebrada. El curador de la quiebra tiene diversas tareas, que son las que esencialmente hacen que funcione este mecanismo.
El curador debe hacer un inventario de todos los activos, darles mantenimiento adecuado y coordinar con la junta de acreedores lo referente a los pagos. Otra de sus tareas relevantes es la de remitirle al juez, a los seis meses de su administración como curador, un informe que debe servir para calificar la quiebra. La quiebra puede ser forzosa, culposa, o dolosa (fraudulenta). En los dos últimos casos, el juez remitirá el expediente al Ministerio Público para la correspondiente acción penal.
*El autor es abogado
