La gran mayoría de ingresos recibidos por Cobranzas del Istmo entre 2011 y 2014 se debieron a gestiones de cobro de impuestos morosos de larga duración, y por las que la empresa recibiría un mayor porcentaje de comisión.
Un informe de auditoría elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al que tuvo acceso este diario revela que la empresa cobró $47.1 millones por recuperar para el Estado cuentas morosas con un valor total de $172.9 millones.
El contrato entre la Dirección General de Ingresos (DGI) y Cobranzas del Istmo vinculaba el monto de la comisión que ganaba la empresa a la antigüedad de la cuenta recuperada. Cuanto más antigua fuera la cuenta, mayor la comisión. La escala comenzaba con una comisión de 15% por las cuentas morosas que tenían entre 12 y 18 meses, y terminaba con una comisión de 30% para aquellas cuentas con más de 30 meses de antigüedad.
La auditoría revela que cerca del 82% de los ingresos de Cobranzas del Istmo se origina en cuentas con más de 30 meses y que, por lo tanto, generaban la comisión más alta. Las investigaciones preliminares que adelantan las autoridades apuntan a que la asignación de cuentas y el método a seguir para pagar las comisiones favorecían a los intereses de la empresa. Publio Cortés, actual director de la DGI, explicó que las deudas tributarias se corresponden a ciertos periodos y que cada uno se debe considerar de manera independiente al resto.
Los indicios que manejan las autoridades apuntan a que con las cuentas asignadas a Cobranzas del Istmo se acumulaban las deudas y se tomaba como referencia la fecha de la más antigua para cobrar la comisión. “Yo no estoy de acuerdo con esta interpretación, por eso se ha sometido al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República. La tesis nuestra es que fue una interpretación muy cómoda, contraria a la ley tributaria, para cobrar más”, dijo Cortés.
Asignación de cuentas y cobro de comisiones
La DGI asignó en un principio a Cobranzas de Istmo cuentas morosas superiores a los $50,000, principalmente correspondientes al impuesto de inmuebles y con ciertos parámetros que buscaban cumplir con el contrato.
No obstante, según la información preliminar que maneja el Ejecutivo, en un momento dado empezaron a trasladar todo tipo de cuentas al gestor de cobros, incluso algunas que ya estaban siendo gestionadas por funcionarios de la entidad. Cortés señala que la comisión se le reconocía a Cobranzas del Istmo sin verificar si la cuenta había sido cobrada efectivamente por la empresa. Entonces, cabía la posibilidad de que se pagaran comisiones por gestiones de cobro cuando los contribuyentes habían cancelado voluntariamente sus impuestos morosos, solo por el hecho de que formaban parte de una bolsa de cuentas asignadas a Cobranzas de Istmo.
Esto podía suceder porque la empresa tenía acceso a al sistema de información de la DGI y sabía, por tanto, cuándo habían pagado los contribuyentes.Cortés, que también reconoció que la empresa hizo muchas gestiones de cobro, defiende que Cobranzas del Istmo llegó a tener un estatus similar al de una Administración Provincial de Ingresos, algo que le parece “inconcebible e inconstitucional” por la sensitiva información de los contribuyentes que se manejaba.
Para el actual director de la DGI, todo esto constituye una mala aplicación del contrato. “No sé si fue dolosa, eso lo determinará el Ministerio Público, pero evidentemente perjudicial a los intereses del Estado”, apuntó.
Comisiones por pagos de Tocumen, S.A.
La auditoría revela que solo en los seis primeros meses de 2014 se pagaron a Cobranzas del Istmo $30.6 millones, incluyendo el impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios. Esta cifra es sustancialmente superior a la pagada en ejercicios anteriores. En todo 2013 recibió $9.6 millones y en 2012 poco más de $6 millones.
La DGI baraja la hipótesis de que ese aumento se explica por el pago de $21.8 millones correspondientes a comisiones generadas por recuperar impuestos morosos de Tocumen, S.A., la empresa pública que administra el principal aeropuerto de Panamá. El pago de los impuestos, según los registros de la DGI, habría generado comisiones del 30% para la empresa.
Publio Cortés
Director general de Ingresos
“En caso de comprobarse el pago de la comisión antes mencionada, a nuestro juicio estaríamos ante una violación del contrato, por cuanto Tocumen, S.A. es una entidad jurídica 100% propiedad del Estado, por lo que no existe justificación alguna para percibir una comisión tan lucrativa por una deuda del Estado cobrada al propio Estado”, señaló Cortés en notas remitidas a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación, que ya tienen investigaciones en curso sobre el manejo de este contrato.
El exdirector de Ingresos Luis Cucalón también fue querellado penalmente por el supuesto delito de falsificación ideológica, ya que, según la tesis del MEF, en el contrato constaba que se autorizó la contratación directa de la empresa, cuando no se había gestionado esa autorización con ninguna de las entidades que tienen facultad para concederla.
El contrato, suspendido actualmente por la Corte Suprema de Justicia, fue firmado en agosto de 2010 por el propio Cucalón y por Magaly Ramos en representación de Cobranzas del Istmo.
Cucalón dijo a La Prensa el pasado viernes que no hablaría del tema hasta una próxima conferencia de prensa. Por su parte, se intentó obtener la versión de Cobranzas del Istmo a través de correos electrónicos a su representante, Magaly Ramos, llamadas telefónicas y visitando la dirección de la empresa que figura en el contrato, pero no hubo respuesta alguna.
