El comité de compatibilidad de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) pospuso ayer la discusión de la solicitud de un permiso para construir una planta de tratamiento de aguas oleosas y residuales, provenientes de buques que atracan en el sector de Rodman.
El tema se suspendió tras la intervención de la directora Lourdes Castillo, quien acusó al diputado Adolfo Valderrama de ejercer presión a la ACP para que se tratara el tema. Valderrama rechazó estos señalamientos y dijo que evalúa presentar acciones legales.
Castillo está vinculada a la empresa Naves Supply, que ofrece servicios de incineración de basura, venta de agua potable y tratamiento de aguas servidas.
ANALIZAN PLANTA DE AGUA OLEOSA
El comité de compatibilidad de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) se reunió ayer para analizar, entre otros temas, la solicitud de construcción de una planta de tratamiento de aguas oleosas y aguas residuales provenientes de buques que atracan en Rodman, en el Pacífico panameño.
Carlos Gasnell
Transparencia Internacional
El interés por crear nuevas instalaciones que se dediquen al tratamiento de aguas residuales aumenta con la próxima implementación del convenio internacional Marpol, que exigirá a todas las embarcaciones procesar las aguas antes de depositarlas en los océanos.
La solicitud para este permiso la hizo la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos del Ministerio de Economía y Finanzas a la ACP, para que la empresa Blackwater Panamá, S.A., construya y opere la planta.
El comité de compatibilidad de la ACP es integrado por los directores Lourdes Castillo, José Sosa, Nicolás Corcione, Elías Castillo, Henri Mizrachi y Marco Ameglio, quien lo preside.
Aunque el tema fue presentado ante el comité, este no lo aprobó, tras la intervención de Castillo, quien denunció supuestas presiones del diputado oficialista Adolfo Valderrama para que se atendiera el tema, dijo una fuente del Canal.
Más temprano, en el noticiero de Nex TV, Castillo había denunciado que “está habiendo injerencia del Órgano Legislativo o no sé si decir directamente del diputado Valderrama, que exige que se le hagan aprobaciones en la ACP”.
Castillo, quien fue designada en febrero de 2013 como directora de la ACP por el presidente Ricardo Martinelli, está vinculada con la empresa Naves Supply, que se dedica al tratamiento de basura y residuos de barcos.
La nueva empresa Blackwater Panamá, S.A., construiría la planta en el polígono 8 de Rodman, distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, dentro del área concesionada a Parque Industrial Marítimo de Panamá.
Según el Registro Público, esta compañía fue creada en 2010 y tiene como presidente y tesorero a Jaime David Juliao García, y como secretario a Horacio Mario Cresta.
En respuesta a los señalamientos de Castillo, Valderrama rechazó, a través de un comunicado, “las calumnias y afirmaciones, sin pruebas ni documentos, expresadas por la directora de la ACP”.
Añadió que evalúa presentar acciones legales ante las instancias correspondientes, “salvaguardando mi dignidad y honra como ciudadano panameño”.La directiva de la ACP debe dar el visto bueno para este proyecto, en vista de que se desarrollará en un terreno que se encuentra dentro del área de compatibilidad con la operación del Canal.
Este requerimiento está establecido en el Título XIV de la Constitución, la Ley 19 del 11 de junio de 1997, Orgánica del Canal de Panamá, y en el Reglamento del Uso del Área de Compatibilidad con la Operación del Canal y de las Aguas y Riberas del Canal.
Con el inicio de operaciones de esta planta, se le podrá dar servicio de tratamiento de aguas oleosas y residuales a un número mayor de buques antes de que transiten por las esclusas actuales y las neopanamax.
El convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques (Marpol) busca la prevención de la contaminación del medio marino por los buques a causa de factores de funcionamiento o accidentales.
El documento establece reglas encaminadas a prevenir y reducir al mínimo la contaminación ocasionada por los buques, tanto accidental como procedente de las operaciones normales.
REGLAMENTO DE ÉTICA
En el reglamento de ética y conducta de la ACP queda prohibido a los miembros de la junta directiva “solicitar, inducir o intervenir en la gestión administrativa con objeto de procurar un provecho personal, de su cónyuge, parientes o terceras personas”.
También impide “cualquier actuación individual que tenga como finalidad agilizar, retardar, omitir, influir o inclinar un trámite o decisión administrativa con objeto de procurar un provecho personal, de su cónyuge, parientes o terceras personas; sin perjuicio del derecho de los directores de mantenerse informados sobre los asuntos de la Autoridad”.
Tras ser consultado sobre un posible conflicto de ética, Carlos Gasnell, de Transparencia Internacional, expresó que “el principio básico contenido en la Constitución, las leyes y demás normas que regulan la conducta ética de los servidores públicos es que no se puede contratar, ni directamente o a través de interpuesta persona, con la institución en la cual se desempeña un cargo público”.
Añadió que “esto aplica también en caso de que se tenga participación en empresas. Habría que analizar las incompatibilidades específicas que establecen las normas que regulan el funcionamiento del Canal de Panamá”.
