Durante la administración de Giselle Burillo, exministra de la Autoridad de la Micro Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), se destinó según auditoría cerca de 40 millones de dólares en la compra de equipos que serían entregados a emprendedores en el programa de oportunidades de negocios.
Hoy, es incierto el destino de gran parte de estos bienes, que se encuentran desde hace varios años apilados en bodegas arrendadas por el Estado al formar parte de una investigación judicial por la presunta comisión de delito contra la administración pública.
Máquinas de coser, motos, equipo de jardinería, cajas de herramientas, kits de bellezas, son parte de la larga lista de productos que habrían sido comprados de forma fraccionada y por montos menores para evitar los mecanismos establecidos en la ley de contrataciones públicas.
Y ahora, como un efecto posterior a la denuncia por posibles irregularidades en actos de contrataciones públicas durante la gestión de Burillo, no se le ha podido dar uso a estos bienes, de acuerdo con la ministra de la Ampyme, María Cecilia Dopeso.
La funcionaria explica que el futuro legal de estos equipos está en manos de la Procuraduría de la Administración. Además, advierte de la necesidad de que esta “instancia se pronuncie lo antes posible sobre si se debe usar o no este material”.
Resguardar estos equipos en una galera, solo en la ciudad, le ha costado al Gobierno cerca de medio millón de dólares en los últimos dos años, al tiempo que continúa el deterioro del material. Por un depósito central ubicado en Curundú, en la ciudad de Panamá, el Estado paga 20 mil dólares mensuales en alquiler. Dopeso asegura que se negocia con el arrendador para “bajar un poco la mensualidad”.
Explica que esta renta se debe seguir pagando hasta tanto no se determine legalmente el destino de los bienes.
Además de esta bodega, existían otros tres depósitos, ubicados en Colón, Chiriquí y Veraguas, donde se pagaban entre 4 mil y 5 mil dólares al mes. Sin embargo, para la actual administradora de la Ampyme, los equipos que se encontraban en estas sedes se trasladaron al depósito central “para no tener la mercancía en lugares dispersos y evitar otros pagos por arrendamiento”.
Según auditorías llevadas a cabo por la gestión de Ada Romero, quien dirigió la Ampyme desde julio de 2014 hasta julio de 2015, del total de las compras, 21.6 millones de dólares se invirtieron pasando por encima de lo que dicta la ley de Contrataciones Públicas.
La entidad, cuando estuvo a cargo de Burillo, aparentemente dividía las compras para obviar procesos de homologación y acortar el tiempo que tenían los proveedores para presentar sus propuestas.
Fue así como supuestamente se hicieron transacciones por 175 mil dólares de un material, y al día siguiente el mismo proveedor lograba finiquitar una venta por la misma cantidad y el mismo producto.
Ante estas denuncias, Burillo asegura que durante sus 10 años de gestión en la Ampyme todas las contrataciones se hicieron en actos públicos, abiertos, con plena participación y siguiendo la ley.
DENUNCIAS VAN, DENUNCIAS VIENEN
Burillo, por su parte, también acusa a la actual administración del destino de los equipos que ella compró. Comenta que el deterioro de los mismos se debe a la “falta de voluntad para hacer el trabajo y negligencia por parte de las últimas administraciones”.
La exfuncionaria lamenta que “este material que le costó tanto dinero al Estado, dinero de todos los panameños, esté abandonado en bodegas como si fuera chatarra y basura”.
Este diario se comunicó con la Procuraduría de la Administración para saber el estatus de las investigaciones respecto a este caso y el destino de los bienes que se mantienen en el galpón de Curundú. Funcionarios del organismo indicaron que no se pueden revelar detalles judiciales. No obstante, dejaron claro que en un proceso de investigación no se debe movilizar los bienes de un lugar a otro.
Entre tanto, los emprendedores que esperan desde hace varios años por la entrega de sus equipos para iniciar sus negocios se han quedado con las manos vacías mientras que el material se daña en galeras que hoy paga el Estado.
