El consulado de Panamá en El Pireo, Grecia, siempre ha sido de los más codiciados en el servicio exterior panameño. La razón de ello son los cuantiosos ingresos que produce el registro naviero, que se tramita en este consulado, parte de los cuales van destinados al cónsul en forma de comisiones.
No en vano este consulado ha sido ocupado por familiares y amigos de los presidentes de turno. Por ejemplo, la expresidenta Mireya Moscoso nombró a su hermano; Martín Torrijos, a un amigo muy cercano y donante de su campaña electoral; y Ricardo Martinelli a una hermana de su otrora superministro Demetrio Jimmy Papadimitriu.
El consulado tiene acceso directo a la cuenca del mar Mediterráneo, gran plaza que nutre la mayor marina mercante del mundo: la panameña. Además, “los griegos son los operadores navieros más grandes que hay... dominan la administración de buques”, resalta Demóstenes Sánchez, ex vicepresidente de la Asociación Panameña de Oficiales de Marina.
Pero la reputación del pabellón panameño sufrió menoscabo en la pasada administración en detrimento de sus ingresos por registro y afectó la imagen de Panamá como líder en el abanderamiento de naves.
Así, Panamá pasó del tercer lugar en 2010 –con la inscripción de 558 barcos griegos– al quinto lugar en 2014, con 393 naves, desplazada por los registros de Islas Marshall y Liberia.
¿Cuál fue la razón de ello? Panamá perdió competitividad frente a otros registros, luego de que la empresa Orion Maritime Training Center obtuvo de forma exclusiva en 2011 –y hasta julio de 2014– la expedición de las certificaciones de competencia de los marinos que trabajan en los buques.
Estas certificaciones se tramitaban en los consulados a través de la Dirección de Gente de Mar, que es un brazo operativo de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y debe velar porque se cumplan las normativas en educación y titulación de los profesionales del mar.
Antes de que la AMP le diera la exclusividad en 2011 a Orion Maritime Training Center para evaluar las competencias o assessments, el marino que se enrolaba con la bandera panameña tomaba sus cursos en escuelas acreditadas en Grecia, a un costo de unos mil 500 dólares. El consulado (el Departamento de Gente de Mar) otorgaba entonces un certificado transitorio (por 285 dólares), mientras se expedía la licencia de cinco años.
A las otras cuatro academias que operaban en Grecia no les fue tan bien. La AMP rechazó sus peticiones para renovar sus servicios mientras que Orion –con una concesión en exclusividad, tras desaparecer la competencia– encareció el costo de los assessments hasta alcanzar entre 5 mil y 8 mil dólares, que en la práctica era solo una revisión de los documentos de los marinos para valorar sus competencias.
Es decir, Orion no impartía cursos ni tenía sede para entrenar, situación que generó quejas de las navieras. De esto fue testigo la entonces funcionaria encargada de Operaciones de la Dirección de Gente de Mar del consulado.
DIRECTRICES DE AMP
Orion recibió ayuda de la AMP, pues el organismo advirtió al consulado que los marinos griegos retirados debían someter a evaluación sus competencias con centros autorizados, que a la sazón el único era Orion, gracias a la AMP. Así, la empresa vio garantizado el flujo de caja.
La AMP también indicó que los centros que impartieran cursos fuera de su sede principal debían tener una sucursal en el país donde impartía dichos cursos. Pero Orion incumplió. No tenía sede en Grecia, pese a que el consulado, bajo la administración que antecedió a la del embajador y cónsul Aymard Jiménez Granda, se lo solicitó expresamente.
Pero lo más delicado es que Orion, al carecer de una sede en Grecia, incumplía también convenios internacionales de formación marina suscritos por Panamá.
Por ello resultaba incomprensible que el embajador Jiménez Granda autorizara las evaluaciones de Orion (aun sin tener sede en Grecia). “Los assessments y renovaciones se continuarán tramitando en el Consulado de Panamá en El Pireo, Grecia”, decía su correo dirigido al Departamento de Gente de Mar. “Comunicarlo por email y fax a todos los clientes”, ordenó.
La delegada de Operaciones de la Dirección de Gente de Mar del consulado –encargada de expedir las licencias a los marinos– contó que le advirtió a Jiménez Granda que se estaban incumpliendo circulares de la AMP y estándares del convenio STCW–95. Su respuesta fue que ella estaba obstaculizando sus objetivos.
Jiménez Granda separó a la funcionaria del cargo que había ocupado por 18 años; la rebajó de posición, por lo que la funcionaria se acogió al despido forzoso, figura establecida en la ley griega.
“Yo rechazaba lo que no fuera legal... Le dije [a Jiménez Granda] que me botara; no podría dormir tranquila si se hunde un barco por estos certificados”, refiriéndose a que se negó a “vender” los títulos que otorgaba Orion.
La funcionaria pidió que su nombre se reservara por el momento, pues se querelló contra el Estado panameño por su despido forzoso. En consecuencia, si su nombre aparece, perjudicaría el proceso, explicó.
Panamá fue juzgado “en rebeldía”, porque el consulado no compareció ante el Tribunal de El Pireo, que sentenció al país a indemnizarla con 53 mil euros (unos 57 mil dólares al cambio actual) por la “modificación perjudicial y unilateral a su contrato de trabajo…”, pero Panamá apelo y el veredicto final está por emitirse.
HONORARIOS PRINCIPESCOS
En 2014, los viáticos del cónsul y la vicecónsul aumentaron abruptamente: a 20 mil y 5 mil dólares, respectivamente, frente a los mil dólares de 2012 cada uno; y el gasto de “promoción” se duplicó en el mismo período, a 23 mil dólares al mes.
Y mientras los emolumentos del cónsul subían como la espuma, una funcionaria que tenía a su cargo la contabilidad consular, los pagos del registro marino, los gastos operativos, salarios y comisiones, fue despedida en 2012 por Jiménez Granda, alegando razones económicas.
La contadora que trabajó ocho años en el Departamento de Marina Mercante y Gente de Mar también se querelló contra Panamá por “terminación de contrato abusivo e ilegal” (pidió obviar su nombre por la misma razón descrita con la otra demandante). Es decir, hay múltiples demandas contra Panamá por las acciones de Jiménez Granda.
La Prensa solicitó cuatro veces, a través de redes sociales, una entrevista a Jiménez Granda –quien renunció al consulado antes del cambio de gobierno– pero bloqueó todo contacto. Se le dejaron cuatro mensajes telefónicos en su oficina y casa, pero no respondió.
En el consulado tampoco se pudo contactar a Nicky Tiniacos de Economou, ex vicecónsul de Panamá en El Pireo en el gobierno pasado, y actual agregada cultural del consulado. Primero informaron que estaba en la línea; minutos después, que se había retirado. Tampoco respondió las preguntas enviadas tres veces a su correo.
Además de sus evasivas, Jiménez Granda y Tiniacos de Economou tienen en común amistad y familiaridad con Frankie Martinelli, primo y persona cercana al expresidente Martinelli: Jiménez Granda fue asociado de la firma Patton, Moreno y Asvat, de la que fue socio Frankie Martinelli, mientras que Tiniacos de Economou es tía de su esposa.
Ninguno permitió entender por qué las navieras consideraban a este consulado sede de Orion. Pero más allá de una percepción, documentos así lo demuestran.
Por ejemplo: ¿por qué Orion vendió cursos a un marino y el pago se hizo a nombre del consulado? Se trató de un cheque de 941 dólares por cursos que nunca dictó. El cheque llegó acompañado de comunicaciones de Orion dirigidas a “Dear Mr. Jiménez”.
Iván Karica, gerente de operaciones de Orion, prometió consultar a los directivos para conceder una entrevista. Acto seguido, apagó el celular y no contestó más. Se le enviaron correos a él y otros directivos de Orion, pero el silencio fue la respuesta.
