El actual director de Ingresos, Publio Cortés, presentó cinco nuevas denuncias por supuestas irregularidades halladas en la administración tributaria durante la administración de Luis Cucalón. Cortés explicó –en una rueda de prensa– que los casos tienen que ver con reducciones de declaraciones estimadas de renta a determinados contribuyentes “sin que tuvieran derecho” a esa reducción, afectando así la recaudación del Estado; la violación del debido proceso en un caso de supuesta defraudación fiscal en la que se ordenó la detención preventiva de un ejecutivo de la empresa investigada, cuando esto no está permitido por la ley; el levantamiento de un secuestro de $450 mil sin que se hubiese pagado la deuda “por autorización de Luis Cucalón”; impedir a contribuyentes que obtuvieran el paz y salvo de la DGI aunque estuvieran al día en sus pagos; y el levantamiento en julio de 2014 del secuestro de una finca de 934 hectáreas en Bocas del Toro que luego intentó ser traspasada a manos privadas, hecho que en última instancia se evitó.El director Cortés reveló además que a partir de octubre de 2013 “el acceso que tenía por internet Cobranzas del Istmo les permitía ver las cuentas de todos los contribuyentes, no solo de aquellos que se les asignaron para el cobro”. Cortés culpó directamente a Cucalón de lo que suceda con la información de los contribuyentes.
Estas denuncias se sumarían a otras dos investigaciones que ya siguen las autoridades a Luis Cucalón. La primera se sigue en la Fiscalía Primera Anticorrupción por el supuesto delito de falsedad ideológica, luego de una querella penal presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas el pasado mes de enero. En este caso, se denunció que en el contrato firmado por Cucalón y Magaly Ramos, representante legal de Cobranzas del Istmo, se dijo que la entidad pública había recibido autorización para hacer una contratación directa, cuando no se gestionó con ninguna de las entidades facultadas para emitir la autorización.Sobre este caso, Cucalón y su defensa aseguran que la contratación se hizo de acuerdo a la legalidad y que en aquel momento tenía el aval del entonces viceministro de Finanzas y actual ministro de Economía, Dulcidio De La Guardia, y del entonces ministro Alberto Vallarino.
Por su parte, la Fiscalía Cuarta Anticorrupción investiga el manejo mismo del contrato entre la DGI y Cobranzas del Istmo, en concreto sobre la asignación de cuentas a la empresa, la determinación de las comisiones que debía cobrar y el caso de la cesión de cuentas morosas de Tocumen, S.A, la empresa estatal que administra el aeropuerto internacional de Tocumen. Solamente por la deuda de Tocumen, S.A, Cobranzas recibió más de 21 millones en comisiones, a pesar de que funcionarios de la terminal aérea aseguran no tener constancia de ninguna gestión efectuada por la empresa. Al contrario, afirman que la deuda fue pagada de manera voluntaria.Entre 2010 y 2014, Cobranzas del Istmo recibió comisiones por $47.1 millones. La nueva administración de la DGI suspendió el contrato en octubre de 2014, y poco después lo hizo la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. La oficina de Cobranzas del Istmo fue allanada este mes de abril producto de estas investigaciones y las autoridades confiscaron equipos informáticos y material con la contabilidad de la empresa, entre otros.
