“El señor Luis Cucalón dejó habitaciones enteras con cajas de decisiones administrativas sin firmar. Se lo tragaron los papeles”. La frase la formuló el actual director general de Ingresos, Publio Cortés, en referencia a su antecesor en el cargo, a quien acusó de dejar en la institución un “desgreño administrativo”, incluso con “expedientes escondidos”, además de anunciar la presentación de nuevas denuncias en su contra en el Ministerio Público.
Dijo también que “se dejaron prescribir una cantidad enorme de cuentas por cobrar” por no publicar la lista de morosos, un mecanismo que permite la ley para postergar la prescripción de las deudas.
Además, se habría debilitado durante la pasada administración la fuerza propia de la DGI para fiscalizar el pago de impuestos y perseguir a los morosos. El personal estaba “humillado y desmoralizado” y “solamente nos dejó una capacidad de 25 auditores para ir a campo. No había en curso ningún plan de auditoría”, recalcó.
Solo había un juez coactivo para cuentas por cobrar de arriba de mil millones de dólares, de manera que, a su juicio, esta jurisdicción quedó “inoperante” y, a la vez, “se eliminó la modesta capacidad de cobro administrativo que una vez tuvo la DGI”.
‘Un plan oscuro’
El actual director de la entidad llegó a la conclusión de que “aquí había un plan oscuro en marcha para destruir a la DGI y justificar la cobranza privada”. Se refiere en este caso a la tercerización del cobro de impuestos morosos, hecho consumado por Cucalón en un contrato firmado en agosto de 2010 con Cobranzas del Istmo.
En los más de cuatro años que duró la relación, la empresa recibió 47.1 millones de dólares en comisiones, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).El pasado mes de enero, esta entidad se querelló penalmente contra Cucalón, al que acusa del delito de falsedad ideológica por haber señalado en el contrato con Cobranzas del Istmo que se había tramitado la excepción de acto público, cuando en realidad no se había hecho esta solicitud.
En la querella, el MEF solicita la detención preventiva de Cucalón, pero por el momento la Fiscalía Primera Anticorrupción no ha girado orden para indagatoria ni tampoco ha formulado cargos en esta denuncia.
Cucalón defiende que la contratación se hizo con apego a la ley y que los que eran sus superiores en aquel momento, Dulcidio De la Guardia (hoy ministro de Economía) y Alberto Vallarino, avalaron la tercerización del cobro de impuestos.
Además de la querella por falsedad ideológica, la DGI también denunció supuestos manejos irregulares en el contrato con Cobranzas del Istmo, en concreto en lo que se refiere a la asignación de cuentas, y el cobro de las comisiones, algunas de las cuales procedían por supuestas gestiones hechas ante Tocumen, S.A. No obstante, funcionarios de la empresa estatal aseguran que no tienen constancia de ninguna gestión hecha por Cobranzas del Istmo.
Además de estas dos investigaciones, la DGI presentó cinco nuevas denuncias por otras irregularidades encontradas en la pasada administración.
Cortés hizo coincidir estas denuncias públicas con la publicación de las cifras de ingresos corrientes del Estado en el primer trimestre de 2014, que fueron 11.7% inferiores a lo presupuestado y 3.5% menores al mismo período del año anterior. Algo similar sucedió un mes atrás, cuando reveló que Cobranzas del Istmo percibió comisiones por el pago de la deuda de Tocumen, S.A.
