La línea del Ejecutivo se impuso anoche en la Asamblea Nacional en la aprobación del segundo debate al proyecto de ley 305 de reformas a la Ley 22 de 2006 que regula las contrataciones públicas.
Por 38 votos en contra, 6 a favor y 5 abstenciones, el pleno legislativo rechazó la propuesta que buscaba inhabilitar en los contratos con el Estado a las empresas extranjeras condenadas en el exterior por actos de corrupción.
La propuesta, que había sido presentada por siete diputados, había trancado por dos días el segundo debate tras fuertes discusiones entre las bancadas políticas.
No obstante, la mayoría de los diputados aprobó la propuesta del Ejecutivo que establece que solo a las empresas extranjeras condenadas por tribunales panameños se les cancelarían los contratos con el Estado.
Ademas, la Asamblea excluyó del proyecto de ley 305 los procesos de compra de medicamentos de la Caja de Seguro Social (CSS), ya que estos están regulados por la Ley 1 de 2001 (medicamentos) y la Ley 51 de 2005 orgánica de la CSS.
La directiva de la Asamblea habilitó para hoy una sesión para el tercer y último debate al proyecto 305.
SE IMPUSO LA LÍNEA DEL EJECUTIVO
Diputados del oficialista Partido Panameñista, de Cambio Democrático (CD), del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y del Molirena se apegaron a la línea del Ejecutivo para rechazar las propuestas de modificación que buscaban la inhabilitación de contratar con el Estado a empresas condenadas en el extranjero por la comisión de delitos o actos de corrupción.
Igualmente, luego de rechazar estas propuestas, estas bancadas políticas aprobaron anoche en segundo debate el proyecto 305 de reformas a la Ley 22 de 2006 sobre contrataciones públicas.
POLÉMICA PROPUESTA
Tres propuestas presentadas no lograron pasar para modificar el polémico artículo 10 original del proyecto 305 impulsado por el Ejecutivo. Este artículo hace referencia a que solo se inhabilitará para contratar con el Estado a empresas nacionales o extranjeras condenadas en territorio nacional por corrupción y otros delitos.
Las propuestas, todas negadas, buscaban la inhabilitación de contratar con el Estado a empresas condenadas en el extranjero por la comisión de delitos o actos de corrupción.
Estas mociones fueron suscritas por los diputados Ana Matilde Gómez (independiente), José Antonio Domínguez (panameñista), Juan Carlos Arango (Partido Popular) y los perredistas Leandro Ávila, Javier Ortega, Iván Picota, Néstor Guardia y Zulay Rodríguez.
REACCIONES
Luego de la aprobación del proyecto en segundo debate, el panameñista José Antonio Domínguez pidió la palabra y solicitó que quedara constancia de que se había opuesto a la aprobación del artículo 10 tal como había sido aprobado.
“Lo que nos correspondía era cerrar las puertas de la corrupción, aquí con lo aprobado dejamos una gran puerta abierta”, advirtió el diputado oficialista y exministro de Obras Públicas.
La diputada Gómez también cuestionó la aprobación de este artículo remitido por el Ejecutivo.
Gómez indicó que la idea de impedir que empresas corruptas condenadas en el extranjero contrataran en Panamá buscaba mandar un mensaje claro y contundente de que la República de Panamá no privilegia casos de corrupción y el mecanismo era blindando su ley de contrataciones.
“Panamá no queda suficientemente protegida a través de la ley de contrataciones públicas, que era una bonita oportunidad para hacerlo. Hasta ahora se había escuchado que los funcionarios se han venido excusando de que no tienen una ley que se los permita [inhabilitar a empresas corruptas condenadas en el exterior], ahora teníamos la oportunidad de ponerlo en la ley, entonces, ¿por qué no lo hicimos?”, señaló.
PROPUESTA DIFÍCIL
Al referirse a la moción de inhabilitar a empresas condenadas en el extranjero, el jefe de la Dirección de Contrataciones Públicas, Eduardo Corro, dijo que “es un tema difícil porque es muy complicado homologar los diferentes sistemas judiciales en los países”.
“Lo que es un delito, por ejemplo, en Brasil, no necesariamente es un delito en Chile o viceversa. Hay razones jurídicas de peso para no incluir a estas empresas”.
Insistió en que la propuesta del Ejecutivo representa un avance importante en la dirección correcta, de que tanto empresas nacionales como extranjeras que sean condenadas por tribunales panameños queden inhabilitadas de participar en procesos de licitación panameños.
“Esto incluye violaciones al Código Penal, en especial los delitos contra la administración pública y sus nueve causales”, dijo.
CSS NO ENTRARÁ EN LEY DE CONTRATACIONES
Otro de los artículos polémicos del proyecto era el número uno, que buscaba incluir los procesos de compra de medicamentos de la Caja de Seguro Social (CSS) bajo el esquema implementado con la ley de contrataciones públicas.
Tras llegarse a un consenso entre las bancadas se acordó excluir los procesos de compra de la CSS de la ley de contrataciones públicas para que se sigan rigiendo con la Ley 1 de 2001 sobre medicamentos.
DEBATE
A las 11:21 de la mañana se inició la sesión en el pleno, pero ante la falta de consenso que existía en ese momento con respecto al proyecto de reformas a la ley de contrataciones, se procedió a ratificar a directivos del Fondo de Ahorros de Panamá y 13 convenios y protocolos internacionales.
No fue sino hasta las 12:18 del mediodía que empezaron a intervenir los cinco diputados que se habían anotado para la segunda ronda para la discusión del proyecto 305.
El primero en hablar fue el diputado panameñista José Antonio Domínguez, quien se pronunció en contra de la postura del Ejecutivo.
“No creo correcto aprobar este proyecto de ley sin incluir algún tipo de control a empresas que se les pueda probar que han sido debidamente condenadas por actos de sobornos o de corrupción”, exclamó.
Manifestó que si el proyecto lo que trata de lograr es disminuir los actos de corrupción, “¿por qué hay que permitirle a empresas que tienen demostrada participación, tal vez en nuestro país o fuera del país, de compra de funcionarios públicos para lograr sus metas?”.
Agregó que si no se incluía la inhabilitación la ley no ayudará en nada al país.
Domínguez se refirió incluso al costo elevado de la construcción de la cinta costera tres durante la pasada administración de gobierno y que estuvo a cargo de la empresa brasileña Odebrecht y cuyo costó rondó los 800 millones de dólares.
“Expertos de Inglaterra, Turquía, Estados Unidos, han comentado que eso no valía ese precio, pero el precio oficial dice que sí. Nosotros no podemos permitir que eso se siga dando, tenemos que buscar una manera de impedirlo”, precisó.
Por su parte, la diputada perredista Zulay Rodríguez cuestionó que solo se quiera inhabilitar a las empresas nacionales o extranjeras por delitos cometidos dentro del territorio panameño, y que no le pase nada a un consorcio internacional que ha cometido delitos o haya sido castigado en el extranjero o que tenga problemas de liquidez.
“Aquí tenemos el mejor ejemplo que ha sido objeto de cuestionamientos, la empresa del señor Marcelo Odebrecht, quien acaba de ser condenado a 19 años de prisión en Brasil; estamos hablando de una empresa que en estos momentos se le han suspendido licitaciones y construcciones de obras en Ecuador, Colombia, Uruguay, Argentina y Brasil. Tiene problemas de liquidez, financieros, penales y hasta por haber sobornado funcionarios”, destacó.
Rodríguez dijo no entender cómo este artículo 10 habla de incapacidad legal para contratar a aquellas personas que han sido condenadas por sentencia judicial definitiva en Panamá.
“Pero Marcelo Odebrecht y esta empresa sí pueden venir y licitar aquí en Panamá. ¿Por qué seguimos amparando a los maleantes de afuera? ¿Por qué seguimos encubriendo a todos estos delincuentes de afuera? ¿Y por qué seguimos tapando y ayudando a estos delincuentes de afuera?”, expresó.
Mientras que el diputado del Partido Panameñista Adolfo Valderrama en su intervención dijo que habría que tener cuidado en lo que se estaba proponiendo y discutiendo.
“Hay muchos artículos modificados que yo sí creo que buscan lo mejor para esta ley. El Ejecutivo fue valiente en traer este proyecto a la Asamblea y tiene un solo objetivo: generar la confianza y la credibilidad de que cada dólar que se adjudique a una empresa exista la mejor inversión, que la obra se haga, que haya garantías de que hubo transparencia y que ganó el mejor”, destacó.
Aunque dijo creer que lo que se busca es generar un planteamiento de punta de lanza de ver cómo se respeta al país y que quienes participan tengan la garantía de transparencia, advirtió que las empresas que puedan ser señaladas hoy pueden cambiar su sociedad anónima, pueden presentarse con otro nombre para participar de actos de licitación en nuestro país.
“Hay muchas maneras de hacer la trampa, esta ley no garantiza que no se pueda hacer trampa, por eso es que yo digo que pensemos bien el artículo y pensemos bien lo que vamos a hacer. Nada excluye que la empresa señalada cambie sociedad y participe y no lo podemos reflejar en un artículo”, indicó.
Con respecto a las empresas que han ganado en buena lid sus licitaciones anteriormente, dijo: “Veo difícil la vía de poder echar hacia atrás y quitarle su adjudicación”.
Manifestó que cuando escucha discursos estableciendo nombres y apellidos, no le gusta porque no es esta ley que está enfocada a una, a dos o a tres empresas.
“Esta ley está enfocada a que el país tenga el reglamento ideal para que las personas o empresas que quieran venderle algún producto al Estado den la garantía del servicio”.
“Este servidor no está aquí para defender ni cubrir a ninguna empresa, estoy para defender al país. Estamos dando todo lo posible para pensar de aquí a 10, 20, 30 años, que la ley de contrataciones públicas no afecte la adjudicación ni hacer las obras que el pueblo panameño necesita”, aseguró.
Entre la presentación y lectura de modificaciones y extensos recesos para buscar un entendimiento en torno a los artículos polémicos, finalmente la sesión se reanudó a las 7:00 de la noche, cuando se leyeron nuevas modificaciones, el retiro de algunas propuestas y finalmente se procedió a la votación, tras lo cual se aprobó el proyecto en segundo debate.
Cámara planteó adoptar estándares del BM
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) recomendó ayer que se inhabilite para contratar de tres meses a tres años a las personas naturales o jurídicas, sus filiales, subsidiarias, cuyos accionistas mayoritarios, directores, dignatarios o representante legal, que mediante sentencia judicial hayan sido condenadas por tribunal panameño o extranjero, por delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales, entre otros. En una carta remitida al diputado del oficialista Partido Panameñista José Luis Varela, antes de que se aprobara en segundo debate el proyecto de ley de contrataciones públicas, la organización empresarial también sugirió que fueran inhabilitadas para celebrar actos públicos aquellas empresas o personas físicas que aparecen como vetadas en la lista del Banco Mundial (BM) para celebrar actos públicos en los países. En este caso la inhabilitación duraría el período que señala la lista. Esta propuesta era similar a la presentada en el pleno por el diputado panameñista José Antonio Domínguez, la cual fue rechazada por la mayoría de sus propios copartidarios y por colegas de otros partidos. La misiva fue suscrita por el presidente de la Cciap, Jorge García Icaza. Según el Banco Mundial, los proyectos de desarrollo que son son ejecutados mediante actos de fraude y de corrupción salen más costosos debido a que hay que pagar la comisión ilegal o soborno o simplemente se reduce la calidad de los mismos para poder financiar estos costos extraordinarios.
