Emanuel González Revilla, actual embajador de Panamá en Estados Unidos, siguió los pasos de la vicepresidenta y canciller Isabel De Saint Malo de Alvarado y declinó su designación como miembro de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
En una nota dirigida al presidente de la República, Juan Carlos Varela, este martes 21 de mayo, González Revilla comunica su decisión de retirar su nombre de la propuesta y "ceder este espacio para que pueda designar a una persona que genere un mayor consenso en la Asamblea Nacional".
En la misma nota, González Revilla expresa "que ha sido un honor recibir tal distinción y agradezco la confianza depositada en mi persona para ocupar tan importante cargo en la administración de la vía interoceánica, considerando su impacto en el comercio mundial, el aporte que representa a nuestra economía nacional y cuyo funcionamiento es motivo de orgullo para todos los panameños".
El presidente Varela, además de González Revilla y De Saint Malo de Alvarado, había nominado a Jorge Luis González, actual ministro de la Presidencia, en febrero pasado. González sí fue ratificado por la Asamblea Nacional en abril pasado, pero su nombramiento fue demandado por inconstitucional ante la Corte Suprema de Justicia, que aún no ha resuelto esta acción judicial.
Las designaciones de González Revilla y De Saint Malo de Alvarado quedaron estancadas en la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional. El pleno legislativo, que tiene que ratificar estos nombramientos, está en receso hasta el 1 de julio, cuando se instala una nueva Asamblea.
El procurador de la Administración, Rigoberto González, consideró que la designación del ministro de la Presidencia riñe con la Constitución, en una opinión que envió al magistrado Olmedo Arrocha, quien es el ponente de la demanda de inconstitucionalidad contra la resolución 27 del 4 de abril de 2019, emitida por la Asamblea Nacional, a través de la cual se aprobó el nombramiento de González en la junta directiva de la ACP.
El procurador argumentó que el nombramiento de González infringió el artículo 318 de la Constitución. Sustentó que en este caso no debe analizarse en función de que es un ministro de Estado, “sino del hecho que al momento de ser designado ocupaba, al igual que en su pasado inmediato, un alto cargo público; es decir, resulta una evidente cercanía con quien lo designa”.
