Pietro Salini, máximo representante de Salini Impregilo, envió una carta el pasado 16 de julio al presidente de la República, Juan Carlos Varela, en la que alega supuestos sobrecostos ocasionados a la empresa como “inversionista” en el proyecto del tercer juego de esclusas.
En la carta, Salini advierte que podría presentar reclamos al Estado por 2 mil 200 millones de dólares en costos adicionales sufridos como inversor.
La carta de seis páginas, a la que tuvo acceso este diario, indica que “la República de Panamá es notificada por este medio de que se ha generado un conflicto en virtud del convenio vigente entre la República de Panamá (el “Estado”) y la República de Italia en la Promoción y Protección de Inversiones del 30 de abril de 2009”.
“El conflicto da lugar a una serie de alegaciones discutidas aquí”, señala el documento, tras aclarar que lo hace “en nombre exclusivamente de Salini Impregilo S.p.A. (el ‘inversor’)”.
Salini Impregilo de Italia, junto a Sacyr de España, Jan De Nul de Bélgica y Constructora Urbana, S.A. (CUSA) de Panamá forman parte del contratista Grupo Unidos por el Canal (GUPC), que en 2009 se adjudicó el contrato de diseño y construcción del tercer juego de esclusas a un costo de 3 mil 118 millones de dólares.
El consorcio ha presentado reclamos a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) por 2 mil 682 millones de dólares en supuestos sobrecostos en la construcción.
Entre el monto del contrato y los reclamos presentados por el consorcio al Canal, el costo del proyecto ascendería a casi 6 mil millones de dólares.
Salini alega que, como consecuencia de las supuestas violaciones, la empresa ha sufrido –en su calidad de “inversionista”– costos adicionales estimados en 2 mil 200 millones de dólares.
Menciona daños compensatorios, pérdida de retorno de la inversión, interés y valor de financiación, la pérdida de oportunidades de negocio, costos de tiempo de gestión y empleo, entre otros.
A mediados de 2012, Pietro Salini se convirtió en el presidente de Impregilo tras la compra de un porcentaje de sus acciones.
PROBLEMA FINANCIERO
En una nota enviada el 15 de abril pasado a los presidentes de las otras tres compañías que integran el consorcio (Sacyr, Jan De Nul y CUSA), Salini les advertía que “solamente tenemos alrededor de $45 millones en nuestra cuenta bancaria, mientras que la deuda hacia proveedores y subcontratistas ha aumentado de $160 millones a $200 millones”.
En esa nota, señalaba que las empresas no tienen certeza “sobre una hoja de ruta que asegure los fondos suficientes de la ACP para permitir a GUPC completar el proyecto”.
Añadía que en su opinión “es obligatorio notificar a la ACP de la intención de suspender los trabajos para evitar caer en incumplimiento”.
Esta situación, advertía, se produciría porque “la falta de liquidez en el corto plazo provocaría una ralentización natural y no controlada de los trabajos por la falta de recursos y, no habiendo notificado a la ACP en el debido tiempo, GUPC caería en incumplimiento material”.
Fuentes empresariales consultadas por este diario dijeron que la carta enviada por Salini primero a las empresas del grupo y ahora al presidente, Juan Carlos Varela, indican un acto de “desesperación” para solucionar el problema económico que enfrenta el grupo.
LOS RECLAMOS
GUPC ha presentado reclamos a la ACP por 2 mil 682 millones de dólares, algunos de los cuales se han resuelto y otros permanecen en alguna de las tres instancias establecidas en el contrato.
A principios de este año, la junta de resolución de conflictos resolvió el pago parcial al grupo por supuestos sobrecostos, que obligó a la ACP a desembolsar 233 millones de dólares.
El fallo era sobre un reclamo por 463 millones de dólares de sobrecostos relacionados con las mezclas de concreto y basalto utilizadas en la construcción del tercer juego de esclusas.
Pese a la decisión, la ACP envió una carta de inconformidad con el fallo, ya que de los tres miembros de la junta, solo dos la respaldaron.
Además de este reconocimiento parcial, el fallo le otorgó al consorcio una extensión de tiempo del contrato durante seis meses.
La obra, que inicialmente debía estar lista en el mes de octubre del año pasado (2014) se ha aplazado hasta abril de 2016, en caso de que se cumpla el cronograma.
De los 2 mil 682 millones de dólares en reclamos por supuestos sobrecostos en el diseño y construcción del tercer juego de esclusas presentados por GUPC, la ACP ya ha desembolsado por lo menos $290.1 millones.
Cuando faltan pocos meses para concluir la construcción, la mayoría de las reclamaciones canalizadas por el contratista está en proceso ante la ACP, donde se resuelven por primera vez, o ante la Junta de
Resolución de Conflictos (DAB, por sus siglas en inglés), segunda instancia; o en el tribunal de arbitraje de Miami, Estados Unidos, que se rige por las normas de la Cámara de Comercio Internacional.
Este atraso ha afectado los ingresos programados de la ACP, entidad que calcula una pérdida de aproximadamente un millón de dólares por cada día de retardo en el inicio de operaciones.
Las fuentes consultadas por este diario dijeron que la relación que ha mantenido el consorcio con la ACP demuestra que es esa la vía para resolver las diferencias y no a través de reclamos al Estado.
Sorprende, añadieron las fuentes, que cuando el proyecto del tercer juego de esclusas tiene 91.3% de avance, Salini aparezca a reclamar al Estado.
El empresario italiano cierra su misiva advirtiendo que “es muy bienvenida la oportunidad de resolver este conflicto de manera amigable”.
No obstante, el Gobierno, como representante del Estado, considera que el contrato entre GUPC y la ACP establece con claridad las instancias de reclamaciones y resolución de conflictos, por lo que es en ese espacio, acordado por las partes, en el que se deben dilucidar las diferencias que resulten del desarrollo del proyecto.
