La radiografía que hace Jorge Arango Arias del sector agropecuario en Panamá es desoladora.
El ministro de Desarrollo Agropecuario, que participa en la trigésima novena Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Roma, asegura que el Gobierno fue “absolutamente desmantelado en la pasada administración”.
Y presume que su gestión es lenta porque dedica la mitad del tiempo a “denunciar estos casos” ante las fiscalías.
Para sacar de la crisis al sector productivo panameño, Arango espera en los cinco próximos años “duplicar la producción de alimentos” a través del uso de tecnología.
Panamá recibió un reconocimiento de la FAO por haber reducido la cifra hambre del 26.4% al 9.5%. ¿Está satisfecho con esta cifra?
El esfuerzo que se ha hecho es positivo, pero está muy lejos de cumplir las necesidades del país. Panamá tiene una economía tan boyante que es obsceno que haya panameños pasando hambre.
En los últimos 40 años la exportación de productos agrícolas panameños ha decrecido hasta la mitad. ¿Qué está tratando de hacer el gobierno para tratar de cambiar esa tendencia?
Panamá tiene una agricultura muy rudimentaria a la que le falta tecnología e innovación. Solo el 2% o 3% de los 400 mil empresarios agrícolas está altamente tecnificado y esto provoca que nuestros productos sean deficitarios y poco competitivos en el mercado.
Además, las políticas agropecuarias erradas aplicadas en los últimos años han descuidado la economía rural beneficiando solo el sector servicios. En la década de 1980, Panamá era un país exportador de arroz, pero ahora se ve obligada a importar. De 75 mil hectáreas que se cultivaban ahora solo se llega a 25 mil.
En estos 11 meses hemos hecho inventario y hemos ideado un plan de recuperación de tierras perdidas. Además, estamos tratando de recuperar la confianza en el Estado de los productores, que en el pasado se veían abocados a abandonar sus tierras porque veían que sus actividades no eran rentables.
El relevo generacional en el campo es una cuestión urgente. ¿Cómo se puede incorporar a los jóvenes al trabajo en la agricultura?
Es cierto, hay un problema generacional muy serio. Los productores tienen más de 40 y 50 años y los jóvenes no quieren estudiar agricultura. La solución es la formación. Este gobierno está llevando a cabo la reestructuración de 34 escuelas agrícolas que estaban abandonadas para implantar la innovación tecnológica en los campos.
El ministerio cuenta con 22 millones de dólares para recuperar el icono de la agricultura en Panamá, el Instituto Nacional de la Agricultura que este año cumple 75 años. También hemos reestructurado otra escuela agrícola en Atalaya, Veraguas. Por otro lado, hemos reformado los planes de estudio de estas escuelas.
Actualmente, en Panamá hay entre 100 mil y 120 mil hectáreas dedicadas a la agricultura. ¿A cuánto aspira que, bajo su gestión, llegue el crecimiento del campo?
En cinco años esperamos duplicar la actividad de producción agrícola a través del uso de la tecnología. No se trata de cultivar más hectáreas, sino de duplicar la producción a través de sistemas de riego renovados y de nivelación de tierras con láser o de uso de mejores semillas.
Por ejemplo, en el cultivo de tomate a cielo abierto se producen 16 libras por metro cuadrado. En cambio, sembrado en invernadero se obtienen hasta 60 y 70 libras por metro cuadrado. Un invernadero ocupa 500 metros cuadrados pero produce 10 veces más de lo que había en una hectárea. Esa es la clave.
Tras la crisis que vivió el gobierno con los productores de tierras altas en la provincia de Chiriquí. ¿En qué situación está la ley que regula las importaciones?
Esa promesa está cumpliéndose. Esta ley fue creada por Estados Unidos para forzar a Panamá a aplicar un tratado de libre comercio. En sí misma no es negativa, es su uso la que la hace injusta. La ley se hizo para comprobar la inocuidad o la sanidad de los alimentos. Sin embargo, ha sido usada para importar de manera desmedida alimentos que, en ocasiones, no cumplen los requisitos.
La Asamblea aprobó la modificación de siete artículos que permiten la regulación de la manera de entrada al país de estos productos y la época en que puede llegar. Además, hemos modificado los requisitos que precisaban las empresas para ser importadoras.
Estas eran empresas que traían los productos a Panamá sin siquiera tener preparadas las bodegas donde colocarlos. De ahí, nace todo el problema con los productores de tierras altas.
Ahora contamos con un cerco fitosanitario que impide que los productos importados entren en los centros de producción nacionales. Asimismo modificamos el proceso de solicitud que cursaba una empresa para poder importar en Panamá. Hasta ahora no había ningún tipo de control. Cualquiera llegaba y en 48 horas podía entrar sus productos.
Entonces, ¿se han endurecido los controles en aduanas?
Hemos creado un equipo en la Dirección General de Aduanas cuyo fin es regular las importaciones, pero también fomentar la producción del país. Hemos detectado casos de productos que llegaban con precios inferiores a su precio de compra, sin pagar los aranceles así como productos subfacturados en aduanas, sobre todo cebolla y papa. No se trataba de crear nuevas leyes, sino hacer que se cumplieran las existentes. Varias personas han sido ya sancionadas por estos comportamientos ilícitos porque se trata de una ley con carácter retroactivo de cuatro años.
¿Cómo evalúa los daños de la falta de control en las importaciones?
Los daños han sido enormes, tanto en la sociedad como en la vida animal y vegetal. Ya denunciamos un caso de contrabando de ganado proveniente de Costa Rica durante los últimos cinco años que trajo a las lecherías de Panamá la enfermedad leucosis. Hemos triplicado la fuerza cuarentenaria.
Son muchos los que critican la lentitud de la gestión del actual gobierno. ¿Cómo definiría la labor de la administración Varela, cuando falta un mes para que se cumpla un año de la toma de posesión?
Este gobierno ha tenido grandes desventajas respecto a los anteriores. La primera es que ha encontrado una Presidencia absolutamente desmantelada. Los robos han sido grandiosos, cifrados entre 2,000 y 3,000 millones de dólares. El segundo problema es una falta de credibilidad absoluta hacia los políticos por parte de la ciudadanía panameña. La mitad de la gestión ha sido empleada en denunciar estos casos. Esto nos ha restado tiempo y recursos para poder implementar el plan del gobierno.
¿Se ha visto su labor como ministro de Agricultura mermada por tener que lidiar con proyectos heredados del gobierno anterior?
El Mida ha pagado 37.4 millones de dólares a la empresa Hidalgo &Hidalgo por un sistema de riego que costaba 155 millones de dólares del que no hay ni un bloque construido. Aun así la compañía reclama al Gobierno siete millones de dólares más. Hay muchas personas que han sido detenidas. Esto es un reflejo del desgreño que hubo durante la anterior administración.
