Los escándalos de corrupción vinculados al Gobierno de Brasil y a la constructora Norberto Odebrecht están minando la credibilidad en la solvencia financiera de ambos y, en consecuencia, elevando sus riesgos.
Luego de la detención de Marcelo Odebrecht, presidente de la constructora más importante de América Latina y principal contratista del Gobierno de Panamá por su presunta participación en un cartel de corrupción en la adjudicación de contratos de la petrolera estatal Petrobras, la agencia de calificación Standard & Poor's rebajó la nota de riesgo crediticio de la compañía, mientras que Moody’s puso en revisión su calificación.
Este jueves se conoció que la Fiscalía también le abrió una investigación al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por supuesto tráfico de influencias para beneficiar a Odebrecht a conseguir contratos internacionales, algunos de ellos financiados por el banco estatal de fomento BNDES.
Estas circunstancias, unidas una debilitada economía que este año decrecerá 1.5%, según el Fondo Monetario Internacional y una creciente tensión política, retratada ayer con la ruptura de Eduardo Cunha, uno de los principales líderes del Partido del Movimiento Democrático Brasileño y presidente del Congreso, y el gobierno de Dilma Rousseff, contribuyen a que la imagen de solvencia de Brasil haya experimentado el máximo desgaste entre los mercados emergentes desde junio, como publicó la agencia Bloomberg.
“Las acciones cayeron y las permutas de riesgo crediticio aumentaron esta semana en tanto una visita a Brasil de funcionarios de Moody’s Investors Service hizo surgir el fantasma de una rebaja de la calificación soberana”, recoge la agencia en una nota.
En Panamá, Odebrecht participa sola o en consorcio con otras compañías en proyectos por más de $8 mil 500 millones, algunos inaugurados en presencia de Lula da Silva. Otros están todavía por ejecutar. El más importante es la línea 2 del Metro de Panamá, un contrato de $1,857 millones pendiente de firma y refrendo en el que el consorcio (Odebrecht y la española FCC Construcción) deberá aportar el financiamiento.
Para varios analistas locales, el Gobierno debería cuando menos analizar la solvencia y la capacidad de ejecución de la empresa. No obstante, los bancos que se comprometieron a financiar el proyecto han mantenido su propuesta, según el Ejecutivo.
Roberto Brenes, gerente de la Bolsa de Valores de Panamá, dijo ayer que lo que está pasando podría afectar la capacidad de la empresa de ganar contratos en los próximos años, algo que tendría un impacto en su flujo de caja a futuro, con el que se pagan sus compromisos financieros.
Por su parte, otras fuentes del sector financiero dijeron anteriormente que no se puede separar lo que está sucediendo en Brasil con lo que pasa en Panamá y que esta situación podría elevar el riesgo político, el costo financiero y el riesgo de ejecución de los proyectos.
