La discusión en primer debate de las reformas al proyecto de ley 22 de contrataciones públicas se pospuso por siete días para que una subcomisión integrada por 3 diputados redacte un texto único consensuado de los 2 proyectos que están en la comisión legislativa de Economía y Finanzas.
En la comisión legislativa está el proyecto 187 “que reforma la Ley 22 de 2006 que regula la contratación pública y dicta otras disposiciones”, además del proyecto 305 “que modifica el texto único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública”.
Este jueves la comisión comenzó el primer debate del proyecto aprobado por el Gabinete después de varias semanas de consulta, pero el diputado Manuel Cohen, de Cambio Democrático, presentó la propuesta de nombrar la subcomisión para redactar un solo documento.
La propuesta fue aprobada por la mayoría de los miembros de la comisión legislativa de Economía y Finanzas, que preside el diputado arnulfista Miguel Salas. Esta subcomisión está integrada por Cohen, la diputada del Partido Revolucionario Democrático Rosa Canto y el diputado panameñista Gabriel Soto.
Después de que se presente y apruebe el informe de la subcomisión con el texto único, inmediatamente se reiniciará el primer debate con el periodo de consultas de los diferentes sectores, indicó Salas. Esto puede ser el próximo jueves.
CAMBIOS PROPUESTOS
Durante el inicio del primer debate el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, presentó la exposición de motivos del proyecto de ley de 99 artículos que promueve el Ejecutivo.
De La Guardia precisó que la iniciativa tiene como principio hacer más eficientes los procesos de compras del Estado y mejorar los niveles de transparencia.
“Se busca que no existan mecanismos que propicien la corrupción, eliminar la discrecionalidad en la selección de contratista, que las empresas interesadas en contratar con el Estado compitan en igualdad de condiciones y que las contrataciones garanticen calidad”, manifestó De La Guardia.
La pasada administración hizo por lo menos nueve reformas a la Ley 22, que según el ministro en su mayoría incidieron negativamente en la transparencia y competencia de las contrataciones del Estado.
El documento que impulsa el Ejecutivo fue consensuado por la comisión que integraron representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, la Contraloría General de la República, el Ministerio de la Presidencia, la Dirección de Contrataciones Públicas y el Tribunal Administrativo.
Entre los cambios propuestos se eliminan los procesos de licitación abreviada, se mejoran algunos aspectos en la contratación por mejor valor, como divulgar el precio de referencia. En este punto se propone que las licitaciones por mejor valor con evaluación separada únicamente se utilicen para contrataciones superiores a $50 millones, en lugar de $20 millones como es ahora.
Se amplía la cobertura de la ley para que abarque la compra de medicamentos. También se establece que las adendas para un proyecto no sean superiores de 40% del valor del contrato y que los adelantos o anticipos no pueden ser mayores a 20% del valor del contrato.
Las contrataciones que superen los $50 mil en compras del Estado deben ir a un proceso de licitación pública o por mejor valor.
Las empresas que quieran participar en licitaciones que superen los $300 mil deben presentar una documentación en la cual digan quiénes son sus dueños o accionistas. Se prevé que esta información sea de acceso público, a través de una reglamentación de la legislación después de que sea aprobada.
Igualmente se incluye dentro de la incapacidad legal para contratar con el Estado, a quienes hayan sido declarados judicialmente responsables por la comisión de delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales, terrorismo, financiamiento del terrorismo y otros delitos relacionados.
Las aseguradoras que se presenten para fianza de anticipo deben ser empresas solventes para que haya garantía del monto asegurado.
Se impulsa un programa de profesionalizar a los servidores públicos que laboran en las oficinas de compras institucionales, entre otros. Se establece como mínimo 40 horas de entrenamiento para los funcionarios que tienen que ver con compras del Estado.
CONSULTAS
Aunque el proceso de consultas del Ejecutivo para redactar el proyecto de ley incluye una serie de cambios, hay sectores de la sociedad que tienen interés de plantear ante la comisión legislativa algunas recomendaciones.
Hasta ayer había anotadas más de 35 organizaciones e instituciones que tienen interés de participar en el primer debate del proyecto.
El diputado Salas informó que es necesario que el representante de una organización o institución interesada en tomar la palabra durante el primer debate lleve una carta donde solicita su participación.
Se prevé varias reuniones en la comisión para escuchar a por lo menos 10 participantes cada día, durante la discusión en primer debate.
