Los presidentes de los gigantes de la construcción Odebrecht y Andrade Gutiérrez fueron acusados ayer por la fiscalía brasileña de organización criminal, corrupción y lavado de dinero en el marco del multimillonario fraude a la estatal Petrobras.
Los fiscales brasileños pidieron que Odebrecht pague 6 mil 700 millones de reales (2 mil millones de dólares) para resarcir los daños y que la constructora Andrade Gutiérrez entregue otros 486 millones de reales (145 millones de dólares).
Además de los cargos contra Marcelo Odebrecht y Otavio Azevedo, ambos detenidos desde junio en el estado de Paraná (sur), donde se tramitan las causas de la esfera privada ligadas a la confabulación, las autoridades presentaron denuncias contra 22 personas en total.
“Vivimos un momento histórico, un momento en que la impunidad de poderosos grupos económicos y políticos que se enriquecen ilícitamente a costa de la sociedad brasileña es quebrada”, dijo el fiscal Deltan Dallagnol, líder del grupo de tareas que trabaja en Paraná.
El juez Sergio Moro, que maneja el caso en Curitiba, capital de Paraná, debe responder si acepta o rechaza la presentación basada en los hallazgos de la denominada “Operación Lava Jato” (lavadero de autos), que destapó la trama de corrupción que costó más de 2 mil millones de dólares a Petrobras, hasta hace poco sinónimo del futuro de grandeza que aguardaba al país.
“Hoy, Lava Jato da otro importante paso en el combate a la impunidad. Fueron ofrecidas las acusaciones criminales contra ejecutivos vinculados a las mayores constructoras de Brasil: Andrade Gutiérrez y Odebrecht”, señaló.
Más temprano, el magistrado había solicitado una nueva prisión preventiva para Marcelo Odebrecht. “Con el patrimonio y los recursos de que dispone, Odebrecht está en condiciones de interferir de varias maneras en la recolección de pruebas, sea presionando testigos, sea buscando interferencia política”, escribió, antes de advertir que existen “riesgos” para el proceso si se lo libera.
Un cartel
De acuerdo con la investigación del llamado “Petrolao” las principales constructoras de Brasil formaron un cartel para manipular licitaciones de Petrobras mediante el pago de sobornos a directivos de la estatal vinculados a partidos políticos, que luego eran distribuidos entre los confabuladores. La tasa media fue estimada entre 1% y 3%, según los textos del juez.
Por este caso también está detenido el hasta hace poco tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores Joao Vaccari, quien está acusado de ser el articulador financiero de la fuerza a la que pertenece la presidenta Dilma Rousseff en la red de corrupción. Y esta semana fueron condenados tres exdirectivos del grupo Camargo Correa a más de 15 años de prisión.
Las ramificaciones políticas del “Petrolao” mantienen en vilo al país y le están cobrando un peaje muy elevado a la popularidad de Rousseff, que cayó al 7.7%, según una encuesta publicada este martes. Ese trabajo mostró, además, que más del 60% de los consultados quiere que sea sometida a un juicio de destitución.
La justicia también investiga a 13 senadores, 22 diputados y 2 gobernadores en funciones, un proceso que está causando un sismo político que ya está dejando sus cicatrices. La fiscalía de la nación —en este caso con aval de la corte suprema— allanó recientemente propiedades del expresidente y actual senador Fernando Collor y se incautó de tres vehículos de lujo de una de sus propiedades en Brasilia.
Y poco después la publicación del testimonio de otro de los investigados que confesó sus delitos indicó que el poderoso presidente de la cámara baja, Eduardo Cunha, había pedido un soborno de 5 millones de dólares. Cunha abandonó de inmediato la coalición de gobierno y pasó a la oposición.
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La piedra angular de muchos de los hallazgos de las autoridades para determinar la forma en que funcionaba el esquema y la ruta del dinero son unos acuerdos de colaboración que firman personas investigadas para obtener una reducción en sus condenas. Conocidas como las delaciones premiadas, gracias a ellas la fiscalía y la policía han conseguido recuperar parte del dinero desviado, muchas veces desde cuentas ocultas en el extranjero.
De hecho, la justicia suiza investiga actualmente una serie de movimientos financieros potencialmente ligados a Odebrecht y al escándalo Petrobras.
Andrade Gutiérrez y Odebrecht no son dos empresas cualquiera en el mundo corporativo brasileño. Andrade Gutiérrez es una firma de infraestructura y logística que opera en 40 países y trabaja en el parque olímpico de los juegos de Río de Janeiro 2016, al que se refiere en su página de internet como “la principal obra de los juegos”.
Odebrecht actúa en el mismo sector y facturó más de 40 mil millones de dólares en 2014. Cuenta con 181 mil empleados distribuidos en 21 naciones y también realiza obras olímpicas: la revitalización de la zona portuaria de Río de Janeiro y la construcción de un metro.
