Cinco empresas públicas panameñas reprobaron en un estudio que analizó la aplicación de prácticas de gobierno corporativo en las entidades. El estudio, encargado por el Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá (IGCP), arrojó un nivel de cumplimiento promedio de 28% sobre 100 indicadores extraídos de los lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Por gobierno corporativo se conoce al grupo de buenas prácticas que derivan en una adecuada gestión y rendición de cuentas de empresas privadas y entidades públicas. Según el abogado y exdirector del IGCP, Carlos Barsallo, cumpliendo estos principios se minimizan los riesgos de mal gobierno y de que las empresas brinden un mal servicio al público o caigan en una crisis.
Fueron objeto del análisis 5 de las 15 empresas estatales que operan en Panamá: La Empresa Nacional de Autopistas (ENA), el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el Metro de Panamá, la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa) y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan). La mejor calificación fue para Etesa, con un 36% de cumplimiento, y las peores para el Idaan y el Metro, con un 23%.
El autor del estudio, el consultor independiente Richard Frederick, explicó que el bajo cumplimiento se debe parcialmente al alto nivel de desempeño establecido por los parámetros de la OCDE, que reflejan las mejores prácticas en los países avanzados.
Los 100 indicadores se agruparon en cinco grandes categorías: Responsabilidades de la junta directiva; papel del Estado como propietario; el mercado; partes interesadas y negocios responsables; y transparencia y divulgación. La base del estudio fue la información que las propias compañías divulgan al público.
El autor señaló que aunque las empresas publican en sus páginas web mucha información, algo que es positivo, hay un déficit en la divulgación de prácticas de gobierno corporativo.
En términos generales, entre la información que debe estar disponible para el público destacó la composición de la junta directiva, el currículum de los directores y ejecutivos, si tienen conflictos de intereses y los estados financieros auditados, entre otros.
Uno de los ejemplos mostrados es que Metro de Panamá, aunque está obligado a elaborar estados financieros auditados, no los publica en su página web.Entre las principales flaquezas destacan también la débil implementación de la Ley de Contrataciones Públicas, la ausencia de comités de auditoría, la poca autonomía y nula independencia de las juntas directivas, así como la sesgada composición de la junta directiva hacia nombramientos políticos. En las empresas estatales de Panamá, los presidentes son ministros, algo que también iría en contra de las mejores prácticas establecidas por la OCDE.
Por su parte, entre las características positivas detectadas están que la mayoría de las empresas públicas son constituidas como corporaciones, que los estados financieros utilizan normas internacionales de información financiera (NIIF), el tamaño de las juntas, la separación de posiciones entre el presidente y el director general, y que la ley de transparencia establece requerimientos de divulgación. Sobre este punto, el consultor sugirió modificar la ley de transparencia para exigir la difusión de información esencial de gobierno corporativo.
El estudio está repleto de recomendaciones para mejorar la gestión y la rendición de cuentas de las empresas. Se sugiere que una oficina gubernamental diseñe un plan de acción para mejorar las prácticas de gobierno corporativo y se le dé seguimiento.
Rosaura González Marcos, presidenta del IGCP, destacó la importancia de la divulgación del estudio y lo definió como un primer paso y una herramienta para que las empresas públicas se puedan evaluar. Aseguró que algunas de las entidades que han sido objeto del estudio ya están aplicando ciertas recomendaciones.
