En medio de la crisis comercial entre Panamá y Colombia, el Consejo de Gabinete aprobó anoche un proyecto de ley que establece la elaboración de una lista de los Estados que por diversas razones aplican acciones discriminatorias o que impliquen una lesión a los intereses económicos o bienes comerciales del país.
Según la iniciativa del Ejecutivo, será el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el que presentará el documento a la Asamblea Nacional para su consideración y aprobación.
Además, se encargará de actualizar, administrar y publicar la lista de países que discriminen a Panamá.
Las medidas incluirían temas arancelarios e, incluso, migratorios.
Más temprano, el presidente Juan Carlos Varela anunció que el gabinete evaluaría las acciones a tomar luego de que Colombia prorrogara hasta noviembre un arancel a los textiles y calzados procedentes de la Zona Libre de Colón (ZLC), pese a que la Organización Mundial del Comercio advirtió en dos oportunidades de que este era violatorio.
El Ejecutivo también anunció que a partir del 16 de agosto próximo se aumentan de forma temporal los aranceles a productos como flores, carbón mineral, clinker y prendas de vestir.
MEDIDAS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN
En proyecto de ley aprobado anoche por el Consejo de Gabinete establece que al país que incurra en prácticas discriminatorias contra Panamá se le aplicarán medidas de retorsión que pueden tener alcance tributario y hasta migratorios, entre otras acciones.
De igual manera, indicó la Presidencia de la República en un comunicado, la iniciativa contempla la revisión del cumplimiento de tratados, convenios y acuerdos ratificados y vigentes.
La iniciativa explica que será el Consejo de Gabinete el encargado de determinar la modificación, suspensión o levantamiento de aquellas medidas de retorsión que se decidan aplicar o hubiesen sido aplicadas a dicho Estado de la forma prevista en la ley.
Estas son: medidas tributarias, respecto a la determinación de los impuestos aplicables sobre dividendos o remesas al exterior que sean pagados o acreditados, en concepto de intereses, regalías, comisiones, honorarios o cualquier otra clase de rentas producidas en el territorio de la República de Panamá, según lo dispuesto en el Código Fiscal.
Además, se incluye la disposición de incremento arancelario a las personas naturales o jurídicas procedentes de Estados que discriminan contra la República de Panamá.
También se contemplan medidas migratorias y laborales a los nacionales de las jurisdicciones incluidas en la Lista de Estados que Discriminan.
El proyecto señala disposiciones de restricción o suspensión a personas naturales o jurídicas originarias del Estado sancionado, incorporadas en cualquier otra jurisdicción cuyos beneficiarios finales sean nacionales del Estado sancionado, en cualquier proceso de contratación pública u otorgamiento de nuevas concesiones, permisos o autorizaciones, incluyendo de comercio, servicios públicos, transporte terrestre, aéreo o marítimo, de extracción, explotación de metales, hidrocarburos, uso de suelos, subsuelos, suelo marítimo, recursos naturales o renovables de cualquier tipo.
Se establece la restricción o suspensión del movimiento de transporte terrestre, aéreo y marítimo de carga y de pasajeros; incluyendo el movimiento o transporte de cargas peligrosas bajo la Clase 7 de la clasificación de carga peligrosa de la Organización Marítima Internacional (material radiactivo), para lo cual tomará en consideración tanto la nacionalidad del medio de transporte como la de carga, así como puerto de origen y destino.
La propuesta señala que el Gobierno notificará por vía diplomática y por conducto de Cancillería al país que ingresará a la lista.
MICI LAMENTA DECISIÓN DE COLOMBIA
Más temprano, en un comunicado, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) señaló que “es lamentable que Colombia insista en el uso de recursos jurídicos para seguir violando las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y continúe utilizando argumentos que no pudo sustentar durante el procedimiento, ni ante el Panel Arbitral, ni ante el Órgano de Apelación de la OMC”.
Hace seis días, Colombia anunció que extendería hasta noviembre de 2016 la vigencia del arancel mixto a la importación de textiles y calzados desde la Zona Libre de Colón (ZLC).
El 27 de noviembre de 2015, el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC indicó que el arancel mixto era más alto de lo permitido. Colombia apeló el fallo en enero de 2016. En medio del proceso, en marzo de dicho año, extendió la vigencia por cuatro meses.
El 7 de junio pasado, el Organismo de Apelaciones ratificó el primer fallo y manifestó que la medida era “violatoria” y que no probaba que combatiese el lavado de activos ni el contrabando.
ZLC CRITICA INACCIÓN
Usha Mayani, nueva presidenta de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón (ZLC), criticó la inacción del Gobierno para defender los intereses del país.
Ayer, antes de que se conociera el resultado del Consejo de Gabinete, Mayani declaró en un comunicado que Panamá debe exigir disculpas a Colombia por irrespetar al país, tras haberlo señalado como un lugar de “narcotraficantes”.
“Nos sentimos consternados y molestos que en Panamá nadie haya salido a defender la honra del país. Es más, muchos de los problemas que Panamá está sufriendo de delincuencia tienen como origen Colombia”, subrayó la empresaria, y agregó que la ZLC “no aguanta más el irrespeto y la discriminación que Colombia ha tenido hacia Panamá”.
Los usuarios estiman en $350 millones el impacto financiero de este conflicto.
