Los propietarios de dos complejos residenciales en el Pacífico panameño fueron sorprendidos con un inusual secuestro bancario. De un día para otro, no podían bañarse en la piscina, las áreas sociales se convirtieron en zona restringida y hasta está prohibido atravesar el lobby del edificio.
Los proyectos en cuestión son: el PH Turístico Condo Hotel Ibiza Playa Corona y el Ibiza Playa Coronado.
La medida de secuestro no guardaba relación alguna con deudas o litigios de los dueños de los apartamentos. Obedecía a una jugada que escapaba de sus manos y refleja una compleja relación entre varias empresas y un banco estatal.
El promotor de los dos condohoteles había segregado áreas comunes de los proyectos en fincas independientes para ponerlas en venta. Y tras lograr la comercialización de estas zonas, las mismas fueron hipotecadas. Es decir, se pusieron en garantía para conseguir un préstamo millonario.
El financiamiento se consiguió de la mano de la Caja de Ahorros (CA), el banco de la familia panameña. Todo ocurrió bajo la administración de su exgerente, Jason Pastor, y una junta directiva cuyos miembros formaban parte del círculo más cercano de Ricardo Martinelli.
Aceptando como garantía áreas comunes en ambos proyectos, la CA aprobó un préstamos por $5 millones en abril de 2013. El banco admitió como válidas las áreas sociales que los propietarios creían como propias y que, según la ley de propiedad horizontal, son inalienables de forma independiente de sus bienes privativos.
Y cuando la empresa que solicitó el préstamo no dio señales de honrar su deuda, la CA ejerció el embargo de las fincas en garantía desde febrero de este año. Con un lobby bloqueado, los propietarios de Coronado no pueden siquiera entrar a sus apartamentos. El área social está cerrada y la piscina ya muestra signos de abandono.
Mientras que quienes compraron propiedades de Corona divisan a lo lejos la pileta en la que algún día soñaron darse baños de sol. Los protagonistas de esta historia son algunas personas y varias empresas en las cuales Roberto Rollón García y Rugiere Gálvez son los principales actores. Este diario tuvo acceso a una recopilación de documentos que reflejan cada movimiento.
Los nexos
Para 2013, Roberto Rollón García era el representante de Ibiza Playa Coronado. En abril de ese año, como representante legal y en nombre de Grupo Tropicana (posteriormente absorbido por fusión por Playa Projects, S.A.), Rollón segregó el área social de la piscina y el lobby-bar del hotel.Cumplido este trámite determinó vender estas áreas a empresas vinculadas con su socio Rugiere Gálvez, de empresas R.G. Hotels Inc., compañía propietaria de los hoteles como Playa Blanca.
Mediante escritura pública 18337 de 8 de julio de 2013, se vendieron las referidas fincas y se hipotecaron junto con otras a favor de la CA para garantizar un préstamo de 5 millones de dólares. El dinero solicitado por R.G. Hotels Inc. serviría para administrar el condohotel, luego de comprar los derechos de operación de los proyectos. Pero los tropiezos no tardaron en llegar. A los propietarios de los apartamentos les prometían atractivas ganancias, tras el alquiler de sus propiedades como unidades hoteleras cuando no estaban en uso.
La administración se encargaría de conseguir los clientes, del mantenimiento del edificio y de girar cheques a su favor. Para los que habían comprado los apartamentos, se trataba de una inversión de entre 90 mil y 100 mil dólares que rápidamente sería recuperada. Recibirían una paga mensual producto de la actividad hotelera luego del “alquiler” de sus apartamentos. Pero, en la mayoría de los casos, las ganancias nunca llegaron. Los cheques, en algunos casos, eran de solo 40 dólares. Serían el preludio de lo que posteriormente vendría.
De acuerdo con los documentos de la CA, R.G. Hotels Inc. adeuda $4.7 millones de los $5 millones que pidió prestado a la CA. Rollón, que con bombos y platillos y de la mano de Martinelli presentó el hotel Ibiza de Corona en 2012, dice que no tiene ninguna vinculación con el fracaso del modelo de negocio que él promovió.
Él es un empresario español que en los últimos años tuvo notoriedad de la mano de funcionarios del pasado gobierno. En una carta enviada el pasado 9 de abril a los nuevos dueños de R.G Hoteles, ya que Gálvez vendió la empresa en 2014, el empresario español advierte de que es imposible vincularlo con el fracaso comercial del proyecto y con el secuestro de las propiedades, pues nunca solicitó ninguna facilidad bancaria.Asegura que la segregación de las fincas está amparada en una figura especial en la que los propietarios y el operador del hotel son parte de una relación comercial conjunta.
En vista de esto, agrega, las áreas que pregonan los afectados como “comunes” son “zonas privadas” concebidas para prestar servicios a los huéspedes del hotel. A su juicio, en estos casos está mal planteado el criterio de propiedad horizontal.Pedro Meilán, representante legal de Rollón, indicó que tienen todas las pruebas que demuestran la legitimidad de lo actuado por su cliente, y señaló que esta semana las hará públicas.
El dilema ahora es qué acciones tomará la CA. El banco no es un administrador hotelero, por lo que poco le puede interesar tener entre sus activos una piscina y áreas sociales a cambio de $4.7 millones.
Vender únicamente estas fincas es un negocio que no tendría mucho sentido para quien no sea el administrador general del proyecto. Los propietarios, por su parte, advierten resistencia. Creen y consideran suyas las áreas sociales, a pesar de la explicación de Rollón.
La situación, más allá del conflicto entre propietarios y promotores, pone los ojos sobre las políticas de crédito utilizadas en la CA, cuya junta directiva estuvo presidida en el pasado gobierno por Ricardo Francolini, amigo de Martinelli y a quien este diario llamó en reiteradas ocasiones, pero no contestó.
También se trató de conocer la posición de Mario Rojas, actual gerente de la entidad bancaria, pero voceros de la institución indicaron que al ser una entidad bancaria regulada, el banco “no puede hacer del dominio público información confidencial sobre sus clientes, sus operaciones o cualquier proceso legal que se esté realizando ligado a alguna relación contractual con un cliente”.
No es el primer caso que demuestra una inusual manera de ejercer el negocio bancario en la CA. Durante la administración Martinelli, el banco estatal aprobó un préstamo por $28 millones para la construcción del anfiteatro de Amador.
El gobierno de Juan Carlos Varela ha dicho que es contradictorio que un banco estatal haya provisto los fondos para la construcción de un proyecto llave en mano en que el contratista debe financiar la obra, y el Estado cancela la deuda cuando recibe la infraestructura.
Los propietarios de Coronado se han organizado para presentar demandas por estafa, asociación ilícita para delinquir, corrupción de servidores públicos y abuso de autoridad.
