Los ingresos corrientes del Gobierno en los dos primeros meses del año no cumplieron las expectativas plasmadas en el presupuesto y fueron inferiores a lo recaudado en el mismo período del año anterior.
Los ingresos en efectivo totalizaron $787.9 millones, lo que representa una reducción de $28.3 millones (3.5%) en relación al monto presupuestado para esos dos meses y refleja un déficit de $37.4 millones (4.5%) al compararse con el mismo período del año anterior.
Por su parte, los ingresos tributarios sumaron $602.7 millones, un 7% o $45.2 millones menos de lo estipulado en el presupuesto y un 1% o $6.2 millones menos de lo que aportaron hace un año. “Los resultados no son lo positivo que quisiéramos”, reconoció el director general de Ingresos, Publio Cortés.
El director adujo que la tendencia que se observa en los dos primeros meses del año es una “constante desde el año 2013”, con un crecimiento de los ingresos inferior al de la economía.
Cortés, que presentó ayer los resultados acompañado de su equipo directivo, cuestionó la gestión precedente en la Dirección General de Ingresos (DGI). “Había un mito de que se estaba recaudando mucho. Yo creo que se estaba persiguiendo bastante políticamente, pero los números muestran que no se estaba recaudando”, dijo.
El funcionario señaló que en octubre del año pasado, cuando desapareció la antigua Autoridad Nacional de Ingresos Públicos y la DGI recaló de nuevo en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los impuestos directos reflejaban una merma de 2% en relación al año anterior, mientras que el impuesto sobre la renta de las empresas aportaba 7% menos que un año antes, cuando la economía crecía a un ritmo de 6%. “Esta es la situación que nosotros recibimos en octubre”, puntualizó. Esta realidad se origina, según su criterio, por la “falta de presencia de la administración tributaria y de fiscalización”.
Cortés rechazó que la gestión privada de las cuentas morosas, que la pasada administración dio en concesión a la empresa Cobranzas del Istmo, fuera una solución. “La cobranza privada aportó 0.9% de la recaudación. La administración tributaria no ha dependido nunca de la cobranza privada”, manifestó.
Las autoridades de este gobierno han reconocido que se produjo un deterioro en las capacidades de la DGI. El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, dijo anteriormente que cuando recibieron la entidad, esta contaba con 400 funcionarios. Para Cortés, el debilitamiento pudo haberse realizado a propósito para justificar la tercerización de los cobros.
La relación entre la DGI y Cobranzas del Istmo ha sido motivo de múltiples cuestionamientos por parte de la nueva administración.
El MEF se querelló penalmente contra el ex director general de Ingresos, Luis Cucalón, por la supuesta comisión del delito de falsificación ideológica en el contrato entre la entidad pública y la empresa. Además, se ha denunciado que las comisiones cobradas por la empresa podrían no ajustarse a las gestiones efectivamente realizadas.
Por último, ayer Cortés dijo tener indicios de que Cobranzas del Istmo cobró comisiones por los impuestos que pagó Tocumen, S.A., la empresa pública que administra el aeropuerto internacional. Como compañía, Tocumen, S.A. pagaba el impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios, impuesto de inmuebles y de renta jurídica hasta que se introdujo un cambio legal para eximir a la entidad de estos pagos a partir de 2014.
El funcionario adelantó que ya se puso en conocimiento de la Contraloría General de la República la situación para que proceda con la investigación.
Consultado ayer al respecto, Luis Cucalón dijo desconocer si entre las cuentas morosas que se traspasaron a Cobranzas del Istmo había alguna de Tocumen S.A. Sí recordó que en 2009 la empresa pública tenía una morosidad de $60 millones en el impuesto sobre la renta y que a pesar de la reticencia de la entidad a saldar esa cuenta por ser parte del Gobierno, los impuestos finalmente se pagaron. Este episodio, apuntó Cucalón, sucedió antes de la contratación de Cobranzas del Istmo.
Las soluciones
Cortés descartó que la situación actual de débiles ingresos vaya a traducirse en un recorte de los planes de inversión o de los programas sociales del Gobierno. No obstante, dijo que “depender en el financiamiento del presupuesto de la deuda no es responsable”.
Para enmendar esta situación, la DGI está fortaleciendo su recurso humano. Se están contratando abogados, contadores e ingenieros en sistemas. El objetivo del MEF es que a finales del año 2016 la entidad cuente con mil funcionarios.
Otras de las medidas pasan por hacer un mejor uso de la tecnología en labores investigativas, crear una unidad para dar seguimiento a los casos de alto perfil, utilizar la jurisdicción coactiva para reducir la morosidad, además de implementar un nuevo esquema para que las cajas fiscales instaladas en los comercios tengan un verdadero impacto en la recaudación tributaria.
