El presidente de la República, Juan Carlos Varela, anunció ayer en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el compromiso de Panamá para avanzar hacia el intercambio automático de información financiera.
“Panamá se compromete con ampliar su cooperación internacional en materia de transparencia fiscal y avanzar hacia el intercambio automático de información en materia tributaria de forma bilateral”, dijo el mandatario durante su intervención.
El intercambio, no obstante, estará sujeto a ciertas condiciones. La principal es que se hará de manera bilateral, y en el marco de un acuerdo negociado con otro país para tal fin, un camino similar al adoptado por Estados Unidos y que difiere del estándar más reciente promovido por la Organización para la Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE).
El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, señaló a este diario que “es un derecho del Estado determinar con quién intercambia información”. Por su parte, Gian Castillero, asesor de la Cancillería, dijo que se trata de “un compromiso de Gobierno de analizar de fondo una tendencia clara hacia la que se dirige el mundo, pero se va a hacer con suficiente cautela para que no sea contraproducente para los intereses nacionales”.
Además de anunciar el compromiso sobre el envío de información financiera, Varela propuso que este debate debería incorporarse a la agenda regular de la ONU, “asegurando que las iniciativas que se presenten sean discutidas por los países en igualdad de condiciones”, algo que Panamá entiende que no sucede en las instancias actuales.
Panamá se sumará al estándar internacional del intercambio de información financiera de manera automática, pero con ciertas condiciones.
El país acoge solo parcialmente los requerimientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entidad que establece estándares para combatir la evasión fiscal y cuya legitimidad para plantear este tipo de políticas ha sido puesta en duda por varios países. Ayer, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, dijo en su discurso durante la 70 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que “Panamá se compromete con ampliar su cooperación internacional en materia de transparencia fiscal y avanzar hacia el intercambio automático de información en materia tributaria de forma bilateral, tal y como lo han hecho nuestros principales socios comerciales”.
El intercambio se hará en virtud de acuerdos bilaterales, el mismo camino que ha adoptado Estados Unidos (EU), y no de manera multilateral, como propugna ahora la OCDE.
Varela planteó la necesidad de respetar “el derecho de cada país de tomar las medidas que considere necesarias para garantizar que el intercambio automático de información, que persigue el bien común, no sea mal utilizado para perjudicar la competitividad de unos países en perjuicio de otros”.
El Gobierno de Panamá manifestó de esta forma su posición en el asunto del intercambio internacional de información financiera. Desde el año pasado, alrededor de 100 países se han comprometido a iniciar entre 2017 y 2018 el mecanismo automático.
Panamá no se había manifestado hasta la fecha, hecho que ocasionó críticas por parte de algunos representantes de la OCDE.
El director del Centro de Políticas y Administración Tributaria de este organismo, Pascal Saint-Amans, apuntó entonces que “todos los centros financieros, menos Panamá, se comprometen con el intercambio automático de información”.
Panamá ya ha mostrado su compromiso con el intercambio automático, pero como señaló el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, “es un derecho del Estado determinar con quién comparte información y los intercambios se harán en base a acuerdos bilaterales”.
Es decir, Panamá adoptaría el envío de información de manera automática, pero no se adheriría al convenio multilateral firmado por alrededor de 100 países y promovido por la OCDE.
Gian Castillero, asesor de la Cancillería de la República, recalcó que Panamá definirá con quién quiere negociar y mirará que la contraparte esté en posición de ofrecer garantías de que la información va a tener un uso adecuado y no será utilizada para persecuciones políticas o económicas, o que pueda terminar en manos de organizaciones que la utilicen para extorsionar.
Uno de los objetivos de Panamá en este debate global es salvaguardar los intereses de su plataforma financiera y de servicios. El Centro Bancario Internacional panameño tenía al cierre de julio $83 mil millones en depósitos. De ese total, más de $36 mil millones proceden del extranjero.
Consultado sobre el efecto que tendrá la adopción de este estándar para el centro bancario, el presidente de la Asociación Bancaria de Panamá, Jaime Moreno, dijo que “consideramos que es positivo, porque evidencia la firme posición de nuestro país en consolidar la búsqueda de procesos más transparentes, sin dejar de proteger de amenazas externas al centro bancario, y buscando lo mejor para el país, de una manera bilateral”.Por su parte, el abogado Carlos Barsallo dijo que en la posición del Gobierno “hay prudencia y no se llega del todo al fondo (...) No será la solución final frente a los cambios internacionales.
Se busca no quedarse sin dar algo, pero se requiere más”.
Además de anunciar el compromiso de Panamá con el intercambio de información de manera automática, Varela propuso que el debate de estos temas se incorpore a la agenda de las Naciones Unidas, “asegurando que las iniciativas que se presenten sean discutidas por los
países en igualdad de condiciones”.
Actualmente, es la OCDE la organización que lidera el debate, pero este es un grupo integrado por una treintena de países que defiende sus intereses.
El abogado Adolfo Linares señaló que “la OCDE y el Foro Global sobre Transparencia no tienen ni la autoridad legal ni moral para imponer sus criterio sobre la soberanía de los países”.
Linares argumentó que en la ONU “Panamá sí tiene representación, voz y voto, y además hay reglas claras que establecen el respeto a la soberanía y a la igualdad jurídica de los Estados”.
NEGOCIACIÓN CON COLOMBIA
El anuncio de Varela se produce cuando Panamá está en la etapa final de la negociación de un acuerdo de intercambio de información con Colombia, una vieja aspiración del país vecino.
Este acuerdo se negocia con el criterio de intercambio de información a requerimiento y el Gobierno de Panamá no modificará este aspecto en el tratado con Colombia, según fuentes oficiales.
Tampoco habría variación alguna en los 30 convenios de este tipo que ya ha negociado Panamá en la implementación de una estrategia nacional para adoptar estándares internacionales, que tiene como objetivo último mejorar la reputación del país y quitarle el estigma de paraíso fiscal.En el fondo subyace el debate entre las exigencias internacionales de una mayor transparencia para evitar que determinados centros financieros sean utilizados para ocultar capitales a las autoridades tributarias y el derecho de las personas a que su información bancaria sea reservada y se respete su presunción de inocencia.
Desde el estallido de la crisis financiera internacional, que afectó principalmente a las economías desarrolladas, los esfuerzos de los organismos por combatir la evasión fiscal se han redoblado y en la misma medida se han ido elevando los estándares.
Con el intercambio a requerimiento, el envío de información está sujeto a una petición expresa de las autoridades de un país a otro, normalmente en el marco de una investigación.
Al contrario, el intercambio automático supone que cada vez que un cliente extranjero abra una cuenta con determinadas características, el banco debe informar a la autoridad del país del cliente.
Este giro fue introducido por EU a través de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (Fatca, por sus siglas en inglés), una norma aprobada en 2010 que todavía no se ha implementado por las dificultades para ponerla en práctica.
Panamá acató las directrices de Fatca, porque no hacerlo expondría a los bancos locales a penalizaciones en sus relaciones con el centro financiero de EU. Después de varios aplazamientos, la nueva fecha para iniciar el intercambio automático de información es septiembre de 2016. El abogado Carlos Ernesto González apuntó que “ese tipo de información no puede ser compartida sin autorización del dueño de la información. Se protege la información de las personas como una de las garantías fundamentales del ciudadano de Panamá”, dijo.
En Panamá, desde el Colegio Nacional de Abogados se ha advertido de que esta práctica podría ser inconstitucional.
