La asignación de $21.8 millones en comisiones a Cobranzas del Istmo por la gestión de cobro de impuestos morosos de la empresa estatal Tocumen, S.A supondría, según la Dirección General de Ingresos (DGI), una “violación del contrato”.
La entidad puso estos hechos —así como otras supuestas irregularidades halladas— en conocimiento de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría General de la Nación, que comenzaron sus investigaciones.
Publio Cortés, director general de Ingresos, dijo a este diario que “la esencia del contrato es supuestamente ayudar a cobrar cuentas con cierta antigüedad y que sean difíciles de cobrar para la DGI. Esa es la ‘filosofía’ que se pregona detrás de la cobranza privada, evidentemente eso no se aplica cuando el deudor es el propio Estado, el cual está en perfecto alcance de comunicación para la DGI”.
El contrato fue firmado en 2010 por el entonces director general de Ingresos, Luis Cucalón, y la representante legal de Cobranzas del Istmo, Magaly Ramos. En cuatro años, la empresa recibió comisiones por $47.1 millones tras recuperar para el Estado cuentas morosas por un total de $172.9 millones.
Para Cortés, se trata de un contrato “público”, en el que “la interpretación que debe prevalecer es la que favorece a los intereses del Estado. No favorece los intereses del Estado pagar una comisión a un tercero, cuando el propio Estado puede fácilmente lograr el mismo resultado sin sacrificar recursos”.
Joseph Fidanque III
Gerente general de Tocumen, S.A
De la misma opinión es el actual gerente de Tocumen, S.A, Joseph Fidanque III, quien dijo no entender cómo se cobraron comisiones por estos pagos. “El que decide pagar es el mismo Gobierno. El presidente de la directiva de Tocumen es el ministro de Economía y Finanzas (MEF)”, recalcó.Esta posición la ocupó en la pasada administración Frank De Lima. El representante legal de Tocumen, S.A, la empresa estatal que pagó los impuestos, ocupaba también la cartera del MEF cuando se hicieron los pagos a Cobranzas del Istmo.
Consultado al respecto, De Lima dijo que “cuando Tocumen S.A. pagó esos impuestos morosos, la DGI no existía porque ya estaba funcionando la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos (ANIP), la cual tenía autonomía y no estaba bajo la esfera de responsabilidad del MEF”.Recordó que “Tocumen, S.A debía impuestos de vieja data”, ya que “nunca se había pagado impuesto de inmueble desde que se convirtió en sociedad anónima en el gobierno de Mireya Moscoso”.
De Lima reconoció que sí dio las aprobaciones para que la empresa estatal se pusiera al día en el pago de impuestos, algo que sucedió a finales de 2013. “Como se estaba estructurando la emisión de bonos [para financiar la ampliación del aeropuerto] la calificadora de riesgo recomendó cancelar todos los impuestos viejos que debía Tocumen S.A. Eso lo aprobó la junta directiva de Tocumen en su totalidad”, dijo.No obstante, De Lima negó que la directiva tuviera conocimiento de que detrás de esos pagos habría una comisión para Cobranzas del Istmo. “Toda comunicación se daba entre Tocumen, S.A. y la ANIP. La junta directiva de Tocumen y me incluyo a mí, no tenía idea de que se iba a pagar una comisión sobre esos pagos morosos”.
Fernando Aramburu
Exministro de Economía
Por su parte, el exministro de Economía Fernando Aramburu dijo que el pago de comisiones a Cobranzas del Istmo por los impuestos atrasados de Tocumen, S.A. “no tiene ni pies ni cabeza. Tanto el director de la ANIP como el ministro y el presidente debieron estar enterados y lo permitieron. El ministro debía estar informado, sobre todo cuando se estaba afectando al fisco de esa manera tan burda”.
Un muy buen negocio a costa del Estado
OPINIÓN. El contrato del Estado con Cobranzas del Istmo, S. A. es una aberración y una inmoralidad. Se violaron todos los principios de la Ley 48 de 10 de mayo de 2011, que reformó la ley 22 de 2006 por medio de la cual se reguló la contratación pública.
Aun aceptando que la morosidad tributaria contribuyó para que la DGI contratara a un gestor de cobro para “la recuperación de la cartera morosa y no pagada”, en referencia a los impuestos administrados por la DGI, esa contratación de a dedo aún deja muchas interrogantes y dudas.
El referido contrato, identificado con el Nº100 de 25 de agosto de 2010, fue confeccionado, firmado, refrendado por la Contraloría y publicado en la Gaceta Oficial en un tiempo récord. Con un plazo de duración de seis años, fue un muy buen negocio a costa del Estado, lo cual se confirma con las comisiones millonarias que recibió el gestor de cobro por los impuestos, tasas o contribuciones morosas que recibió el Estado, y que posiblemente muchas de ellas ni fueron gestionadas por el gestor.
Otra inmoralidad es la comisión pagada por los impuestos cancelados por una empresa del mismo Estado… ni Trespatines lo hubiera hecho mejor.
