"Si un país soberano contamina la atmósfera económica global porque es un santuario del secretismo bancario hay que imponerle sanciones coercitivas". Con estos duros términos se dirigió el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, a la comisión de investigación del Parlamento Europeo que trata de depurar responsabilidades en materia de blanqueo de capitales y evasión fiscal, a partir de las revelaciones de los 11 millones de documentos de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, divulgados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
Stiglitz – ue ayer presentó junto al experto suizo anticorrupción Mark Pieth un informe sobre la transparencia del sistema financiero tras dimitir del comité de expertos independiente creado por el presidente panameño Juan Carlos Varela- trató de persuadir a la Unión Europea (UE) para que endurezca el castigo contra los paraísos fiscales.
Durante su intervención -articulada por preguntas interpuestas por los eurodiputados- presentó un abanico de medidas coercitivas que servirían para ejercer presión y obligar a estas jurisdicciones a cumplir con los estándares internacionales de transparencia. Entre ellas, la ruptura de los acuerdos de corresponsalía concertados entre los bancos de la UE con las entidades financieras con sede en estas jurisdicciones no colaboradoras o la cancelación de las relaciones comerciales entre las empresas de la UE y el respectivo país.
“Si no respetan normas globales, pues nuestras compañías no podrán tener contactos comerciales con esa jurisdicción y nuestros bancos no harán transacciones con sus bancos. Un paraíso fiscal tiene una enfermedad contagiosa y no vamos a dejar que nos contamine”, manifestó.
PANAMÁ
Sobre Panamá comentó que hay miles de empresas registradas de las que no se sabe la identidad del titular último. “No sabemos por qué están en Panamá, si generan ingresos allí o no, y si no está en activo, entonces hay que preguntarse por qué está allí. Es importante insistir en que se requiera a estas empresas que justifiquen sus actividades y que paguen impuestos cada año”, explicó.
Sin embargo, reiteró que esto no ocurre solo en el país centroamericano y comentó el ejemplo de Delaware (Estados Unidos) e Irlanda. “¿Por qué Apple fue tratado de manera diferente a otras empresas al tener un tratamiento fiscal ventajoso en Irlanda?”, se interrogó. Así señaló que un paso hacia la transparencia es que esos acuerdos fiscales ventajosos sean públicos.
“Estos acuerdos deben ser públicos, debe acabarse el secretismo. El problema es que el resto de empresas habrían pedido lo mismo, pero claro no lo sabían. Era un secreto y eso tiene muchas consecuencias políticas”, comentó.
“Ayudaría muchos imponer sanciones contra Delaware o cualquier otro estado que no cumpla con los estándares de transparencia. Las empresas europeas no deberían hacer tratos comerciales con esas empresas registradas en esos sitios. Esto cambiaría su comportamiento”, indicó a su vez.
Asimismo, señaló que la opinión pública es un motor para el cambio. “En Estados Unidos hubo mucha indignación cuando se descubrió que parte del alquiler recaudado en Nueva York lo hacían empresas de las que se desconocían los propietarios. Eso asentó la sospecha de que se hubiera lavado dinero en el corazón financiero de Estados Unidos”, explicó.
En este sentido sugirió que cada país creara una plataforma con documentos públicos y accesibles para todos, para que no sólo esté en manos de la fiscalía la investigación de estas irregularidades financieras, sino que sea completamente rastreable para cualquier ciudadano. “No veo motivos para que un Estado no pueda revelar la identidad del beneficiario de las empresas”, comentó.
Stiglitz describió que, tras las operaciones ilícitas, hay una cadena de suministros. “La dificultad para llegar al propietario final es grandísima y es necesario actuar en todos los niveles, no sólo en el sistema bancario, sino también en los bufetes de abogados y la revelación de los propietarios reales”.
INCENTIVOS PARA LOS DENUNCIANTES
Asimismo, sugirió que tendría que haber “incentivos para los denunciantes”.
“En algunos países la situación es la contraria, porque los denunciantes a título individual pueden acabar en la cárcel. La lista negra de paraísos fiscales debería tener en cuenta esta regulación que penaliza a los denunciantes”, denunció.
Durante su intervención en la comisión de investigación sobre blanqueo de capitales y evasión fiscal —creada por la Eurocámara para aclarar si los gobiernos e instituciones europeas fueron negligentes en el control de las estructuras offshore— Stiglitz se ha mostrado preocupado ante la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados unidos, porque -según ha expuesto- esto podría mermar la lucha de su país contra la evasión fiscal. En otro momento de su deposición, ha reprochado a la Comisión Europa que su presidente, Jean-Claude Juncker, se distinguió en su anterior cargo como primer ministro y ministro de Finanzas de Luxemburgo por permitir un esquema para facilitar la evasión fiscal de las multinacionales.
Una eurodiputada señaló que su grupo parlamentario había incluido como requisito para considerar a un país paraíso fiscal que no gravasen con impuestos a las empresas registradas allí. La UE eliminó recientemente a Panamá de su lista de paraísos fiscales y deberá presentar una nueva en 2017 pero esta condición fue desaprobada finalmente.
Sobre esto, Stiglitz comentó que la elaboración de una lista negra es “muy importante”, pero hizo hincapié en que hay que tener cuidado con esas consideraciones, porque es “posible que esa jurisdicción que no aplica base imponible para las empresas allí registradas sea un centro de operaciones legítimas”, pero señaló que debe ser más vigilada que otras porque “atrae actividades de blanqueo”.
También abogó por la realización de una Cumbre Global que en el futuro pudiera asentar “nuevas reglas fiscales comunes a todos los países para que ninguna empresa pueda parapetarse en un subterfugio legal”.
