El negocio de las máquinas tragamonedas tipo C floreció durante la administración de Ricardo Martinelli. Entre 2009 y 2014 se incrementó el número de equipos y salas de apuestas en todo el país, principalmente, en zonas con altos índices de pobreza y desintegración familiar.
Previo a la era Martinelli, el número de tragamonedas tipo C era de 4 mil 500, pero transcurrió poco tiempo para que el negocio empezara su etapa gloriosa: en los años siguientes el número de máquinas se duplicó.
A pesar de la bonanza que registra este negocio, el Estado no conoce el monto de las apuestas que manejan estos equipos. A diferencia de los casinos completos y máquinas tipo A, conectados a servidores que registran el monto de las apuestas, y a los que tiene acceso la JCJ, los operadores de las tragamonedas tipo C corren con otra suerte.
Nadie sabe cuánto facturan, de allí que sus aportes al Estado están basados en una cuota mensual de $150 por equipo, mientras que los casinos completos deben desembolsar un porcentaje de sus ingresos.
Esta falta de control podría dar paso a malos manejos, incluso al lavado de dinero, de acuerdo con fuentes del sector de juegos de azar. Eric Ríos, secretario de la Junta de Control de Juegos (JCJ), indicó que trabajan en un proyecto para interconectar las máquinas tipo C con los servidores que instalará la institución en su oficina.
“Vamos a poder ver en tiempo real todas las apuestas que se registran en los casinos, salas tipo A y en las tragamonedas tipo C”, comentó. El funcionario indicó que están en la etapa de análisis y espera que para el próximo año ya el sistema esté operativo.
Las irregularidades en este sector, sin embargo, van mucho más allá de los registros contables de sus operaciones.
De acuerdo con estimaciones de la JCJ, en el país hay 587 locales donde operan estos equipos. De este total, 470 entran en la categoría de bares, cantinas y restaurantes. El resto se divide en 73 salas y 44 discotecas y jardines.
En 2012, la JCJ, dirigida por Giselle Brea en calidad de secretaria ejecutiva y Frank De Lima, presidente de la junta directiva al ser el ministro de Economía y Finanzas, sacó de circulación 3 mil de estos equipos bajo el argumento de que 4 de las 21 compañías que estaban autorizadas para operar no tenían sus papeles en regla.
Además, se redujo el número de tragamonedas a los operadores que continuarían en el mercado, supuestamente como una medida que ayudaría a reducir los niveles de ludopatía en el país.
Pero la realidad fue totalmente diferente. Al 15 de mayo de 2012, había 21 compañías que controlaban 7 mil 119 tragamonedas tipo C, mientras que 15 meses después, específicamente, el 30 de agosto de 2013, el número de equipos había subido a 8 mil.
También aumentó a 27 la cantidad de empresas que participan en este negocio.
De las compañías que estaban autorizadas por la JCJ, hasta el 30 de agosto de 2013, 15 fueron creadas entre 2009 y 2013, es decir, bajo el mandato de Martinelli y con la tutela de De Lima en el Ministerio de Economía.
A la mayoría de estos operadores se le asignó la serie o chapa de los equipos que fueron retirados del mercado en 2012 por la JCJ. La llamada “chapa” es como el membrete que permite determinar la legalidad de la operación.
Empresas como Belfro S.A., Big Biz y Top One Holding recibieron 200 máquinas adicionales a las que ya operaban, mientras que a Diverlandia y Electro Recreaciones se les despojó de 437 y 320 máquinas, respectivamente.
Cambios a la medida
Para 2012, la junta directiva de la JCJ, encabezada por De Lima, modificó las normas que regulaban el segmento de las salas tipo C.
Se estableció que para operar máquinas tipo C, las empresas tendrían que pagar un derecho de llave de $10 mil, y se elevó de 15 a 50 y, en algunos casos a 75, la cantidad de máquinas tipo C que pueden operar en un solo establecimiento.
Esta modificación ha permitido que se instalen salas exclusivas de máquinas tipo C, debido a las oportunidades de crecimiento.
El 42% de estas salas está en la provincia de Panamá en áreas como Pedregal, Tocumen, Calidonia y San Miguelito.
También abundan en La Chorrera. En el caso de Puerto Armuelles, en la provincia de Chiriquí, una zona donde 4 de cada 10 personas viven en pobreza, hay 2 locales, mientras que en Aguadulce hay 3.
Ríos aseguró que su administración no va a autorizar la apertura de nuevas salas tipo C, y señaló que a la fecha han cerrado 15 de estos locales por incumplir la norma de ubicación al estar cerca de escuelas o iglesias.
A pesar de que el Artículo 71 del Decreto Ley N° 2 de 1998 establece que las empresas que obtienen una licencia para operar estas máquinas deben suministrar los nombres de todos los accionistas, en 2012 la JCJ no objetó que las compañías compañías reportaran la tenencia de acciones al portador.Entre las empresas con este estatus se encuentran Tropicana Resort, que en la pasada administración pasó a administrar de 300 a 700 máquinas.
También Lorens Gaming, creada en 2010, que opera 200 equipos; mientras que Mis Technologies LTD, fundada en 2011, cambió en 2012 al sistema de acciones al portador.
En total, hay más de 10 compañías que tienen equipos tipo C y se manejan con acciones al portador.
Basado en la Ley No.6 de 22 de enero de 2002 (Ley de transparencia), en junio pasado este diario solicitó a Ríos toda la información de las empresas que participan en el mercado, incluyendo sus accionistas y el monto que apuestan. A la fecha no se ha obtenido respuesta al cuestionario enviado.
Antes de 2009, la información sobre los operadores estaba disponible en la página web de la JCJ, pero fue retirada bajo el pretexto de que sería actualizada. Acto seguido, el gobierno de Martinelli clasificó como confidenciales estos datos y no volvieron a colocarse en internet.
Ríos señaló que han hecho acercamientos con los operadores para que voluntariamente entreguen el nombre de todos sus accionistas.
En la Asamblea Nacional se discute un anteproyecto de ley que pretende establecer la obligatoriedad de que estas compañías revelen el nombre de sus verdaderos dueños, así como restringir la instalación de estas salas al establecer un mecanismo de consulta pública como requisito para obtener el permiso de la JCJ.
