El Estado panameño está concentrado en un proceso de negociación con la empresa Hidalgo & Hidalgo (H&H), ante el fracaso del sistema de riego de Tonosí.
Tras la adjudicación del proyecto que estaría ubicado en el Valle de Tonosí, Los Santos, la obra quedó empantanada en desembolsos injustificados y una presunta red de corrupción que alcanzó al poder político y empresarial del país.
Fueron $37 millones que la administración de Ricardo Martinelli entregó a Hidalgo & Hidalgo en concepto de “adelanto” y que ahora se tratan de recuperar.
Se han explorado varias vías para tomar el control del dinero. La primera fue ejecutar la llamada “fianza de anticipo”, que vence el 30 de noviembre próximo, pero hay escollos para llegar a ese punto.
La segunda opción, de acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), es la negociación directa con el contratista ecuatoriano; un mutuo acuerdo para que devuelva parte del dinero, dado los ínfimos avances de la obra, adjudicada por $155 millones en enero de 2012.
El millonario proyecto debía concluirse 27 meses después, contados a partir del 4 de mayo de ese año, cuando el entonces presidente Martinelli le entregó la orden de proceder al representante de la empresa, en la inauguración de la Feria Internacional de Azuero.
Pero en un año y siete meses contados hasta diciembre de 2013 H&H solo avanzó en los estudios y diseños del proyecto.
Construyó un campamento, se trazaron carreteras para llegar a los puntos de estudio y se compraron equipos. Más tarde se conoció que parte del dinero era depositado en cuentas privadas de personajes cercanos al poder.
El dinero adelantado al contratista ecuatoriano se aseguró con dos fianzas de pago anticipado contratadas con Aliados de Seguros y Seguros Suramericana, pero de acuerdo con lo pactado en los pliegos de condiciones, es casi imposible el cobro de estas.
Según el pliego de condiciones, “la fianza de pago de anticipo garantiza el reintegro de determinada suma de dinero entregada en concepto de adelanto al contratista, siempre que sea utilizada para la oportuna y debida ejecución del contrato”.
El Gobierno ha cancelado el proyecto debido a todas las irregularidades encontradas, empezando por la carencia de tierras para desarrollarlo. Dicho esto, y poniendo en contexto las cláusulas de la fianza, no es posible reclamar el dinero por esa vía.
“El cobro de la fianza es difícil porque el pliego de cargo es claro en que solo se hará efectivo el pago para la continuidad de la obra y ese proyecto está cancelado”, dijo Jorge Arango, ministro de Desarrollo Agropecuario.
Además, para cobrar la fianza se requería cumplir con una serie de requisitos que en su momento no adelantó el gobierno de Martinelli. Nunca se informó a las aseguradoras, por ejemplo, de los atrasos de la obra.
El funcionario advirtió que “la redacción del contrato se hizo de una forma poco favorable para el Estado. Esto solo demuestra que durante la pasada administración nunca se tuvo la intención de realizar el proyecto”.
“Hidalgo & Hidalgo está dispuesta a devolver el dinero si se le comprueba que no todo lo que se le dio se ha gastado”, reiteró Arango.
Técnicos de la Secretaría de Metas del Mida y representantes de la Contraloría General de la República revisan cada factura entregada por H&H para comprobar la manera como se gastó el dinero que el Estado entregó por anticipado.
La empresa, además de los $31 millones que recibió como adelanto, presentó facturas por $6 millones que fueron pagadas.
De allí, la suma de los $37 millones. El proyecto de riego del Valle de Tonosí tuvo desde sus inicios serias deficiencias.
La administración Martinelli adjudicó la obra sin contar con la propiedad de las tierras. En enero de 2012, el Mida, al mando de Óscar Osorio, le adjudicó el proyecto a H&H, por $155 millones, $32.4 millones menos que el precio de referencia.
Para lograr la tenencia de los terrenos, en noviembre de 2013 se publicó en la Gaceta Oficial N° 27422 un resuelto en el que se establecía la expropiación de las tierras a los campesinos de no llegarse a un acuerdo respecto a su valor.
Esto desencadenó una serie de protestas y cierre de calles que obligó, en diciembre de ese mismo año, que la empresa detuviera la obra.
Nueve meses después de la paralización de los trabajos, el Ministerio Público inició una investigación por la presunta comisión del delito contra la administración pública por el contrato del fallido riego de Tonosí.
En este caso figura el comerciante Felipe Pipo Virzi. Cercano amigo de Martinelli, Virzi recibió pagos que se calculan, al menos, en unos $10 millones de la empresa Hidalgo & Hidalgo.
La investigación por el delito de peculado y fraude en contrataciones públicas también vincula a políticos, abogados y empresarios.
