El Ministerio de la Presidencia aspira a presentar el proyecto de contrato-ley con la multinacional Del Monte al pleno de la Asamblea Nacional el 3 de enero de 2017.
Así lo confirmó a este medio el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, tras ratificar que las negociaciones llevan un 99.5% de avance, pero que se han demorado más de lo previsto. La intención era cerrar el acuerdo con la empresa estadounidense en el mes de julio.
Fue entonces cuando surgió el obstáculo que retrasaría en cuatro meses el proceso de negociación: una prohibición constitucional a la compra de tierras del Estado por parte de una empresa extranjera.
Se trata del artículo 291 de la Constitución, el cual establece: “Las personas naturales o jurídicas extranjeras y las nacionales cuyo capital sea extranjero, en todo o en parte, no podrán adquirir la propiedad de tierras nacionales o particulares situadas a menos de 10 kilómetros de las fronteras (...)”.
De esta manera, el Gobierno y Del Monte deberían encontrar un mecanismo para que la multinacional accediera a estos terrenos y así reactivar la producción bananera en el deprimido distrito de Barú, en la provincia de Chiriquí.
Mientras el Gobierno negociaba con Del Monte, paralelamente lo hacía con los mil 765 extrabajadores de la extinta Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles (Coosemupar) para comprar o alquilar su parcela. En 2012, 2 mil 478 extrabajadores bananeros recibieron del Gobierno una hectárea cada uno para trabajar los terrenos en Barú, donde operaba la empresa bananera Chiquita Brands.
Al no poder Del Monte comprar las tierras panameñas que estuvieran a 10 kilómetros de la frontera, se resolvió que el Gobierno arrendará las mil 765 hectáreas a los extrabajadores, para luego subarrendarlas a el inversor estadounidense.
Unos mil 400 de estos trabajadores estaban dispuestos a vender el terreno a la compañía por $7 mil 500 la hectárea. Pero con la prohibición constitucional, se ejecutará un contrato bajo la figura de arrendamiento por 20 años, renovable por 20 años más.
“Le hemos dicho a Del Monte que habrá mil 400 que completarán el arrendamiento”, subrayó Alemán, y agregó que el canon de arrendamiento se hará en un solo pago a través del Banco Nacional. Del Monte destinaría unos $13.2 millones para alquilar las tierras, aunque todavía no se ha definido el monto a pagar por cada hectárea subarrendada.
Nueva espera
Pero el proyecto de Del Monte, que se compromete a invertir $100 millones en un período de siete años, no se desarrollará solo en las tierras de los extrabajadores de Coosemupar. Al Estado le pertenecen 4 mil 34 hectáreas en esta zona que también están sujetas a negociación.
Precisamente el precio de arrendamiento que pondrá el Gobierno a estas tierras generó un nuevo retraso. Esto derivó en que un equipo conformado por la Contraloría General de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Presidencia y la Autoridad Nacional de Administración de Tierras buscara una fórmula que complaciera a ambas partes.
Una fuente del sector bananero de Barú manifestó que al inicio de las negociaciones Del Monte aceptó un precio superior a $200 por hectárea por año, pero con derecho a una revisión. Con el acuerdo próximo a concretarse, la empresa habría solicitado un avalúo de estas tierras a la Contraloría General de la República.
Del Monte pediría el mismo precio de $135 por el que el Estado le alquilaba los terrenos a Chiquita Brands. Finalmente, este punto se habría concretado en $187.50.
Consultado al respecto, el ministro Alemán dijo que no podía dar información sobre este punto, ya que la negociación no está 100% completada. “Eso fue objeto de negociación, y arribamos a una cifra razonable para el Estado y para ellos (...) No era lo que el Estado quería inicialmente ni lo que ellos pedían”, explicó el ministro de la Presidencia.
El pasado martes el Gobierno panameño redactó una versión revisada del contrato-ley, que toma en cuenta este último punto de arrendamiento, que fue enviado a los abogados de la multinacional. Para dar por finalizadas las negociaciones resta el visto bueno de la casa matriz de Del Monte, ubicada en Estados Unidos.
El contrato le permite a Del Monte presentar el plan de desarrollo dentro del año siguiente a la entrada en vigencia del contrato, ya que la empresa manifestó que debe ingresar a la región y hacer ciertas inversiones para plantear una propuesta en concreto.
Del Monte está sujeto a presentar una fianza de cumplimiento de la inversión -de $5 millones-, para que Contraloría refrende el contrato. Otro punto que se negoció y ya está pactado es que la multinacional recibirá los mismos beneficios fiscales que tenía Chiquita Brands. Dos de ellos son el impuesto sobre la renta y el impuesto de inmueble, los cuales serán renegociados al cabo de 20 años.
Un proyecto vital
Información de la Cámara de Comercio de Barú revela que el desempleo en el distrito supera el 60%, y que la escasa actividad económica ha generado que casi la mitad de la población haya emigrado a la capital en la última década: ahora quedan unos 40 mil baruenses.
Esta deprimida realidad, que basta con recorrer los 38 kilómetros desde Paso Canoas hasta Puerto Armuelles para sentirla, cambiaría con la llegada de Del Monte. Se estima que el proyecto bananero generará 3 mil empleos directos y unos 15 mil indirectos cuando se encuentre en su punto máximo de producción. Pero para que esto llegue a buen puerto tras casi dos años de negociaciones, aún falta la ratificación por parte del Consejo de Gabinete y del pleno de la Asamblea Nacional.
Desechada la intención de convocar a sesiones extraordinarias por el presidente Juan Carlos Varela, el ministro Alemán presentaría el contrato-ley a Gabinete en su reunión semanal del 29 de noviembre.
Al no tener sesiones extraordinarias, explicó Alemán, nos da el tiempo a llevarlo a Gabinete el 29 de noviembre y posterior a eso debe ir a refrendo a la Contraloría. Luego estaría listo para presentarlo el 3 de enero de 2017, cuando se instale en el periodo ordinario de la Asamblea Nacional.
Al tratarse de un tema de carácter urgente dada la situación del distrito baruense, Alemán afirmó que se pedirá que el proyecto “se discuta lo más rápido posible, tanto en la comisión (de Comercio) como en el pleno”.
