Horacio Icaza, miembro del Movimiento Independiente (Movin), recordó en la mañana de este sábado 3 de diciembre que la reforma a la Ley de Contrataciones Públicas lleva "engavetada" alrededor de medio año.
El también empresario participó en una sesión sobre acción colectiva para luchar contra la corrupción en la 17° Conferencia Internacional Anticorrupción, que se celebra en el centro de convenciones Atlapa.
Iniciando el panel de "Collective Action against corruption" en el #17IACC con @horacioicaza de @MOVINPTY pic.twitter.com/AZ1Klajatp
En su presentación, recordó el camino que transitó la ley desde los primeros borradores hasta la aprobación en la Asamblea Nacional de un texto más diluido de lo redactado originalmente. Apuntó que se había incluido un artículo para prohibir la participación en contratos públicos a empresas condenadas por actos de corrupción y otros delitos en cualquier parte del mundo, algo que ya está establecido en la legislación de países como Colombia, México, algunos europeos y en las reglas de contratación de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo. Sin embargo, finalmente se reformó el artículo para que la suspensión solo se aplique a firmas condenadas en Panamá. Icaza recordó que el sistema judicial panameño está catalogado como uno de los peores del mundo, de acuerdo al Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial.
Luego de ser aprobada, el presidente Juan Carlos Varela vetó ciertos artículos de la ley -no el que tenía que ver con la prohibición a empresas- y la remitió de vuelta a la Asamblea, donde no ha tenido mayor avance.
Icaza pidió a los órganos Legislativo y Ejecutivo que retomen la discusión del proyecto. "No es parte de la agenda. En las discusión en la Asamblea la mayoría de los diputados no leyeron la ley".
La falta de avance en la aprobación de la reforma hace que se siga utilizando la Ley 22 de Contrataciones Públicas. Dos de los proyectos más importantes que adjudicará esta administración, la Línea 3 del Metro de Panamá y el cuarto puente sobre el Canal de Panamá, están en distintas fases del proceso de licitación bajo los parámetros de una ley que, como se ha reconocido, tiene debilidades.
