Nueva etapa en conflicto minero

El conflicto entre el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) y la empresa Petaquilla Gold, filial de la canadiense Petaquilla Minerals, entra hoy en una nueva etapa, luego de que se cumpliera el plazo de seis meses que otorgó el Gobierno para que resolviera sus problemas financieros o de lo contrario iniciaba el proceso para revocar la concesión. En diciembre de 2013, Petaquilla detuvo la extracción de oro en Molejón ante la falta de recursos económicos. Desde entonces la mina ha estado abandonada, según determinó la Autoridad Nacional del Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente, después de inspeccionar el complejo minero. Cerca de llegar al plazo de seis meses o 180 días estipulados en el contrato para corregir los incumplimientos, Petaquilla Gold informó que el pasado viernes presentó un plan de actividades que incluye trabajos de mantenimiento en el área donde se desarrolla la extracción minera. Además del tema ambiental, Petaquilla Gold debe cancelar los compromisos que mantiene con sus trabajadores, pagar a la Caja de Seguro Social la deuda de la cuota obrero patronal, además de ponerse al día con el pago a los proveedores y las regalías al Estado. Jorge Obón, vocero de Petaquilla Gold, asegura que la minera ha cumplido en casi un 100% con las exigencias financieras y medioambientales que recibió del Gobierno, y que el pasado viernes 17 de julio “se entregó nota formal al Mici, donde se atiende en su totalidad todos los supuestos incumplimientos notificados por la autoridad regente”. * El cese de operaciones ha afectado a 604 empleados, que de acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) no han recibido el pago de salarios ni su décimo tercer mes desde octubre de 2014.

Además, asegura que desde abril de este año la compañía cuenta con un empresario que está dispuesto a invertir lo necesario para cubrir todas las deudas a los acreedores, trabajadores y sector gubernamental, a fin de “reflotar la empresa”. “Enviamos una carta pidiendo una reunión con el ministro [Melitón Arrocha] para presentar al nuevo inversor”, subrayó Obón. Al ser consultado, el Mici confirmó que en efecto hoy termina el plazo dado a la minera y que hasta el sábado no se tuvo contacto de parte de Petaquilla. “Corresponderá entrar en una etapa de evaluación de la situación”, dijo una fuente del Mici. Asimismo, informó que el ministro de la cartera, Melitón Arrocha, se encuentra en una misión oficial en el exterior y que regresaría al país a finales de esta semana. Mientra tanto, el informe entregado por Petaquilla Gold el pasado viernes 17 reposa en las oficinas de la Dirección Nacional de Recursos Minerales del Mici. Este cese de operaciones ha afectado a 604 empleados, que de acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) no han recibido el pago de salarios ni su décimo tercer mes desde octubre de 2014. En total, el monto adeudado alcanzaría los $8 millones, según el Mitradel. Aunque se desconoce qué decisión tomará el Mici en torno a la concesión, la minera indica que “es del interés de la empresa Petaquilla Gold, S.A., sanear aquellos pendientes que mantenga con la autoridad regente a fin de cumplir y subsanar satisfactoriamente las inquietudes del sector gubernamental”. Petaquilla Gold atraviesa desde 2012 una crisis financiera que la obligó a suspender la extracción de oro de la mina Molejón a finales 2013, lo cual derivó en una posible cancelación de la concesión por parte del Mici. Sin embargo, para ejecutar esta acción se deben cumplir ciertos pasos contemplados en el contrato Ley 9 del 26 de febrero de 1997. Situación ambiental

El cese de operaciones generó otra disputa. Esta vez, con el Ministerio de Ambiente. Su ministra, Mirei Endara, presentó el pasado 30 de junio una denuncia penal contra la minera y su representante legal, Richard Fifer, por supuestamente no cumplir con el debido proceso de un plan de cierre y de abandono de obra, lo cual habría generado que las tinas de relave de la mina acumulen material contaminante. Debido al posible riesgo ambiental la titular de la entidad había informado que gestionaba una partida de unos $2.5 millones en el Consejo de Gabinete para bombear el agua que se acumuló en las tinas por las lluvias, fortalecer los taludes, limpieza de los suelos con hidrocarburos y dar mantenimiento a ciertos espacios de la zona, que estaba abandonada. Sin embargo, esta iniciativa fue cuestionada por algunos ambientalistas que no están de acuerdo con que sea el Estado el que asuma el daño ambiental que ocasionó la empresa. Sobre esta situación, el “Informe de avance de trabajos en la planta Molejón” entregado por la minera al Mici el pasado viernes, y al que tuvo acceso este diario, detalla con imágenes las reparaciones y limpieza que se realizan en el área de la mina. Algunos de los trabajos que se llevan a cabo son: limpieza de las instalaciones, áreas verdes, planta, dormitorios y comedor; reparación del muro norte de tina de relaves No. 1; limpieza y remoción de aceites en tina de contención de generadores; limpieza y mantenimiento de bodegas de cianuro y químicos, entre otros.En diciembre de 2014, continúa Obón, Petaquilla contrató a una empresa privada para que estudiara el contenido de estas tinas. El resultado fue que en ellas había agua pluvial, dijo. La compañía pretende solicitar al Ministerio de Ambiente el permiso para vaciar las tinas. En este informe no se menciona cómo hará la empresa para enfrentar la situación financiera. Cesión del contrato

De acuerdo con la Ley 9 de febrero de 1997, el vínculo entre Petaquilla S.A. y el Estado terminaría en 2017, si es que la empresa no solicita una de las dos prórrogas consecutivas (por 20 años cada una) que contempla la legislación. Pero, en este caso, la posibilidad que se maneja es la de terminar el contrato entre las partes, si es que Petaquilla no cumple con los requisitos del Mici. De darse tal situación, la cláusula vigésima segunda establece que mientras exista el incumplimiento, la parte afectada podrá comunicar la resolución del contrato y si no cumple 180 días después del aviso quedará cancelado. El contrato también establece que en caso de que no se llegue a una solución dentro del marco antes mencionado, la cláusula vigésimo tercera de la Ley 9 de 1997 permite resolverlo mediante arbitraje.

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