Odebrecht aspira a quedarse con el contrato del cuarto puente sobre el Canal

Odebrecht aspira a quedarse con el contrato del cuarto puente sobre el Canal


La brasileña Norberto Odebrecht –envuelta en un escándalo de corrupción internacional– pretende ampliar su cartera de obras públicas en Panamá.

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La constructora –que ya suma más de 9 mil millones de dólares en proyectos con el Estado panameño– aspira ahora a lograr el contrato del diseño y construcción de lo que será el cuarto puente sobre el Canal de Panamá.

El miércoles 4 de mayo, Odebrecht –a través del Consorcio CCB– participó en el acto de precalificación convocado por el Ministerio de Obras Públicas. Otros cinco grupos también concurrieron al acto.



El proyecto tiene un valor calculado de mil millones de dólares y podría beneficiar a una población aproximada de 1.7 millones de habitantes.



Según informes del MOP, el Consorcio CCB está integrado por la constructora Norberto Odebrecht, S.A. y Odebrecht Engenharia e Construcao Internacional, S.A.



La lista de proponentes que acudieron al acto de precalificación la completan: Consorcio Panamá Cuarto Puente (China Communications Construction Company Ltd. y China Harbour Engineering Company Ltd.), Consorcio Hyundai-Sacyr JV, Dragados Sucursal Panamá, S.A., Consorcio Astaldi-Daelim y Consorcio Cuarto Puente CSCEC-CREC-GLF (China State Construction Engineering Corporation Ltd. y China Railway Group Limited).



El ministro Ramón Arosemena dijo este jueves que el proyecto –uno de los más importantes en la gestión de Juan Carlos Varela– debiera comenzar su construirse a principios de 2017 y que las obras tomarían entre 30 a 36 meses, aproximadamente.



Arosemena agregó que estarán vigilantes de que el consorcio ganador cuente con un financiamiento necesario para llevar a cabo la obra.

Solo el año pasado, Odebrecht se adjudicó las licitaciones para la construcción de la línea 2 del Metro y la renovación urbana de Colón -en consorcio con la panameña Cusa. Ambos proyectos suman un total de más de $2.3 mil millones, equivalente a casi el 13% de las inversiones presupuestadas por el Gobierno para el quinquenio 2014-2019.



El consorcio que se adjudique este contrato debe elaborar el diseño final y construir un puente principal atirantado, cuya plataforma alojará la línea 3 del Metro.

La comisión evaluadora se encargará de analizar cada propuesta para luego determinar cuáles son las empresas precalificadas que pasarían a la siguiente etapa de la licitación de este proyecto.



ESCÁNDALOS



Odebrecht es el principal contratista de Panamá, donde participa sola o en consorcio en proyectos que superan los $9 mil millones, entre ellos algunos en ejecución, como la segunda línea del Metro de Panamá, la ampliación del aeropuerto de Tocumen y la renovación urbana de Colón.



No obstante, el conglomerado es objeto de una investigación en Brasil, como parte de la operación Lava Jato.



Según los investigadores de ese país, la empresa habría sido parte de un esquema de corrupción alrededor de contratos de la petrolera estatal Petrobras.



Por este caso, el expresidente de la compañía, Marcelo Odebrecht, fue detenido en junio de 2015 y condenado, en marzo pasado, a casi 20 años por corrupción, lavado de dinero y asociación criminal. Recientemente Marcelo Odebrecht pactó ser parte del programa de “delación premiada”, que consiste en cooperar con los fiscales en las investigaciones a cambio de una reducción de condena.



Tras el escándalo de corrupción, los títulos de la constructora han caído casi a la mitad y la empresa ha recibido una rebaja de calificación con perspectiva negativa.



SOLICITUD



El interés de Odebrecht en el proyecto sobre el cuarto puente se conoce en medio de la solicitud de organizaciones de la sociedad civil hecha Varela para que vete parcialmente el proyecto de ley 305, que reforma la Ley 22 de 2006 sobre contrataciones públicas.



Estas organizaciones piden a Varela que vete el proyecto para que se incluya en este, entre otros puntos, la prohibición de licitar con el Estado a empresas condenadas por corrupción en el extranjero, como es el caso de la constructora brasileña.

El proyecto 305 solo contempla la inhabilitación cuando la condena sea en tribunales panameños.

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