La propuesta del Gobierno de adelantar la entrada en vigor de la Ley 47 de 2013, que crea un régimen de custodia para las acciones al portador, y de reducir drásticamente el periodo de transición para la completa aplicación de la norma generaron reacciones dispares.
Todos los consultados coinciden en la necesidad de hacer los esfuerzos necesarios para que el país salga de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (Gafi). No obstante, para algunos la medida debió ser más ambiciosa y aprovechar la ocasión para eliminar definitivamente las acciones al portador, mientras que otros creen que el periodo de transición de tres años era más recomendable.
El consultor bancario Ricardo Alba dijo que “en un mundo que avanza cada día más hacia la transparencia en los servicios financieros y legales, uno de cuyos elementos importantes es poder identificar a los propietarios de las sociedades anónimas, es una medida adecuada establecer la inmovilización de las acciones al portador ”.
Alba defiende que la norma se implemente “lo antes posible, dejando sin efecto la viveza criolla de haber postergado la vigencia por cinco años. Y aunque avanzar en nuestra propia transparencia debería ser lo más importante, al decidir la vigencia de la inmovilización a corto plazo también reducimos la presión del Gafi y de la revisión paritaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Por su parte, el economista Carlos Araúz es de la opinión que el adelanto es positivo, pero que “la medida que se imponía era la eliminación” de las acciones al portador.
Aunque dijo entender que las firmas de abogados puedan necesitar un periodo para el cambio de estructura, recordó que en el caso de los bancos y las casas de valores “es un punto no negociable. Si un pacto social tiene la posibilidad de emitir acciones al portador, la cuenta no se abre”, sentenció.
El abogado Adolfo Linares reconoció en primer lugar que el Gobierno está actuando de manera correcta para sacar al país de la lista gris, situación en la que cayó, a su juicio, “por el manejo irresponsable del tema que hizo Frank De Lima [exministro de Economía y Finanzas]”, quien, según Linares, debería rendir una explicación al país.
No obstante, el abogado criticó el adelanto de la entrada en vigor de la norma, prevista originalmente para el mes de agosto. Dijo que “a Panamá se le exige que elimine o inmovilice las acciones al portador cuando a otros países no se les pide lo mismo, lo que crea una discriminación”.
Tampoco está de acuerdo el abogado con reducir el periodo de transición de tres años a alrededor de medio año. Dijo que hay sociedades que pueden llevar años actuando con acciones al portador y que toma tiempo localizar a estas personas.
Recordó que en otros territorios que han pasado por un proceso similar los periodos de transición fueron de tres, cuatro y hasta cinco años. “Uno no cambia un sistema jurídico de la noche a la mañana”, reclamó.
Linares cargó contra la OCDE, cuya actitud “ va contra el derecho internacional público y la soberanía de Panamá”. Según el abogado, el país “tiene el derecho de estructurar su economía y tributación de acuerdo a sus intereses, y no puede ceder este derecho para beneficio de la OCDE, porque entonces vamos a quedar trabajando para los países del G-8”.
