Este jueves, Panamá y la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económicos (OCDE) firmaron la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC, por sus siglas en inglés).
Firmaron el acuerdo la embajadora de Panamá en Francia, Pilar de Alemán, y el secretario de la OCDE, Ángel Gurría.
El acuerdo facilita la implementación de iniciativas jurídicas en materia de transparencia e intercambio de información fiscal, mediante la extensión de la red de países con los cuales Panamá se compromete al intercambio de información fiscal, pero bajo previo requerimiento.
Panamá se convirtió en la jurisdicción número 105 en adherirse a este convenio, que establece una regulación internacional de asistencia administrativa en materia tributaria que faculta a cualquier Estado miembro a pedir información fiscal.
Por su parte, Pascal Saint-Amans, director del Centro de Políticas Fiscales de la OCDE, reconoció que es un paso importante para el país en su esfuerzo para mejorar la transparencia fiscal y el intercambio efectivo de información.
ACUERDO ENTRARÍA EN VIGOR EN 2017
Panamá ya es signataria de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC, por sus siglas en inglés), que debería entrar en vigor en 2017, una vez haya sido ratificada por la Asamblea Nacional. Se trata de un marco legal promovido por la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económicos (OCDE) que facilita la implementación de iniciativas jurídicas en materia de transparencia e intercambio de información fiscal, mediante la extensión de la red de países con los cuales Panamá se compromete al intercambio de información fiscal, pero bajo previo requerimiento. Si bien el acuerdo es multilateral, los intercambios son bilaterales. En la práctica, para que Panamá realice esa permuta de datos tributarios será necesario negociar acuerdos bilaterales con los distintos países.
La rúbrica fue escenificada este jueves por la embajadora de Panamá en Francia, Pilar de Alemán, y el secretario de la OCDE, Ángel Gurría, en la sede del organismo internacional en París.
Panamá se convirtió en la jurisdicción número 105 en adherirse a este convenio, que establece una regulación internacional de asistencia administrativa en materia tributaria que faculta a cualquier Estado miembro a pedir información fiscal al país.
“Con este acuerdo demostramos al mundo que Panamá no quiere atraer el negocio de los evasores fiscales. Este paso en firme hacia la trasparencia va a robustecer nuestro sistema financiero”, destacó en conversación con La Prensa la embajadora de Alemán.
La diplomática panameña admitió que la implementación de este compromiso con la OCDE es “un reto” para el país, sobre todo, desde el punto de vista administrativo y tecnológico, pero resaltó que el organismo internacional ya ha manifestado su disposición a ayudar a Panamá económicamente “para poder sufragar estos costos adicionales”.
“Vamos a tener mucha más demanda de información fiscal por la cantidad de jurisdicciones que van a poder contactarnos. Por ello, la Dirección Fiscal panameña ha contratado más personal. Ahora hay un departamento más resolutivo, donde antes había una o dos personas. Pero todavía es necesario hacer una gran inversión en tecnología y en contabilidad para suministrar a Panamá los instrumentos necesarios con el fin de poder responder a los estándares internacionales en intercambio de información fiscal. Además, esto va a exigir una mayor capacitación del personal”, reconoció de Alemán.
ACUERDO CON RESERVAS
La convención enumera una serie de reservas que los Estados parte pueden efectuar, dependiendo de los impuestos cubiertos (por ejemplo, impuestos locales) o del tipo de asistencia que se ofrece (por ejemplo, asistencia en la recaudación). En este sentido, Panamá se ha sustraído de la recolecta de impuestos y de otras cuestiones de índole técnica, como el proceso de notificación al contribuyente que tiene que hacer el pago del impuesto. “Hay ciertos países que quieren que, además de proveerle la información sobre el beneficiario final de la compañía offshore y los datos contables, se haga el cobro de impuestos y se lo remitas”, explicó la embajadora panameña en Francia. “Panamá, de momento, no tiene esta capacidad administrativa”, agregó.
Las reservas pueden hacerse en el momento de la firma o cuando se deposite el instrumento de ratificación, también pueden realizarse o retirarse posteriormente. Además, el acuerdo prevé que determinadas formas de cooperación, como por ejemplo el intercambio automático de información y las inspecciones fiscales en el extranjero, exijan el previo consentimiento de las partes afectadas.
CAMBIOS EN EL MARCO JURÍDICO
El gobierno de Juan Carlos Varela tuvo que aplicar ciertas correcciones de tipo técnico en el marco jurídico de Panamá, para poder cumplir con el compromiso de intercambio de información fiscal. De un lado, se aprobó recientemente el proyecto de ley que implementa el marco regulatorio para cumplir con los compromisos de intercambio automático de información bajo el Acuerdo Intergubernamental suscrito con Estados Unidos y la metodología CRS para el intercambio automático de información con cualquier otro país con que Panamá, de forma bilateral, decida negociar este tipo de acuerdo.
El Consejo de Gabinete también convalidó un proyecto de ley que impone a las sociedades que no realizan operaciones en Panamá que especifiquen sus transacciones, a través de registros contables e información de sustento. Lo que se pretende es que las sociedades, sin operaciones locales, estén obligadas por ley a tener un registro contable y documentación de sustento de sus transacciones por un periodo de cinco años y que esta sea accesible por conducto del agente residente. “Muchas jurisdicciones quieren saber -además de quién es el beneficiario final de la compañía offshore- la información financiera.
Panamá tiene un sistema de régimen fiscal territorial y solo se cobran impuestos a las empresas que generan ganancias en Panamá. Es un cambio total, porque antes de esto no pedíamos esta información. Por ello, debimos cambiar la legislación para poder solicitar a estas empresas offshore sus registros financieros”, explicó la embajadora.
ACUERDO BILATERAL EN 2018
Antes de la firma de este acuerdo multilateral, Panamá se comprometió en mayo de este año a implementar el intercambio automático de información fiscal, pero sobre una base bilateral y no en el marco del dispositivo multilateral preparado por el Foro Global sobre la Transparencia, dependiente de la OCDE.
Esto significa que, a partir de septiembre de 2018, se comenzarán a compartir los contenidos de interés fiscal, según la norma común sobre comunicación de información elaborada por la OCDE y el G20 en 2014, pero solo con aquellos países con los que hayan suscrito un acuerdo bilateral para hacerlo. Lo que cambiará, entonces, es que no será necesario que estos le hagan una demanda específica. “Con esta convención multilateral, las direcciones generales de ingresos de los países que las han firmado pueden solicitar a Panamá información sobre aquellos contribuyentes de los que se tienen indicios de delito económico, ya sea evasión fiscal o blanqueamiento de dinero. Pero la meta a la que se tiende es que Panamá pueda contar en el futuro con un sistema de intercambio de información automático con muchos de los países que han sido signatarios de este acuerdo del que la OCDE hace de padrino”, detalló de Alemán.
A este respecto, añadió que el país se reserva en cualquier caso la posibilidad de decidir con quién va a compartir información tributaria o no. “Panamá lo va a activar de forma bilateral y no de manera multilateral, porque tenemos ciertas dudas con algunos países que no guardan los niveles de confidencialidad. Lo importante aquí es que la información no se va a compartir caprichosamente”, acotó.
La próxima semana, el grupo revisor del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información Fiscal, dependiente de la OCDE y que conforman 30 países, hará público el resultado de la revisión sobre si en la práctica la implementación del marco legal panameño para el intercambio de información fiscal cumple con los estándares internacionales.
Preguntada por sus impresiones acerca de estos resultados, la embajadora de Panamá en Francia admitió que podían ser negativos, pero les restó importancia porque señaló que tenían carácter retroactivo. “El Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información Fiscal evaluó la implementación de los acuerdos tomados por Panamá desde el año 2012 hasta 2015. El presidente Varela asumió la Presidencia en el año 2014 y, desde entonces, se han realizado muchos cambios que no entran dentro de la evaluación. Por ejemplo, ahora se le puede solicitar al agente residente de las sociedades el nombre del beneficiario final, algo clave en la lucha contra la evasión fiscal”, manifestó.
“Yo creo que ni ellos, ni nosotros, ni el mundo debe estar muy preocupado por esa evaluación, porque es algo retroactivo y no se corresponde con la realidad actual. La verdadera noticia es que hoy firmamos la convención multilateral”, añadió.Finalmente, la embajadora comentó la decisión de Francia de incluir a Panamá en la lista de paraísos fiscales que, de no retractarse, entrará en vigor el 1 de enero de 2017. “Yo creo que la firma de esta convención debe abrirle los ojos a Francia y al mundo. Si Francia, que está aquí al lado, no lo ve, entonces yo le diagnosticaría un caso de ceguera. Panamá está en su derecho de solicitar a Francia que revalúe su posición”, finalizó.
