Los Gobiernos europeos están elevando la presión hacia Panamá para que fortalezca la transparencia de sus sistemas financiero y legal.
Francia y Alemania han emitido planes de acción para luchar contra la evasión fiscal y en sendas resoluciones Panamá es el protagonista.
En el primer punto del plan de acción presentado por el ministro francés de finanzas, Michel Sapin, a sus homólogos del G-20 (grupo que integra a países industrializados y en vías de desarrollo), Francia recuerda que ha reincorporado a Panamá en su lista de estados y territorios no cooperadores y que pedirá a las autoridades del país compartir toda la información financiera relacionada con contribuyentes franceses.
Además, solicitará renegociar el convenio fiscal vigente entre los dos países.
Por su parte, el Ministerio de Finanzas de Alemania ha planteado una batería de 10 propuestas, siendo la primera de ellas la petición a Panamá de cooperación. “Panamá necesita unirse al sistema de intercambio automático de información tan rápido como sea posible”.
Además, pide al país adecuaciones legales para que “las compañías que son inactivas y carecen de sustancia, así como sus accionistas, puedan ser identificadas. Los accionistas o gerentes deben ser obligados a proveer de manera regular pruebas de actividades económicas que sus compañías desempeñan. Requerimos transparencia completa”.
El Gobierno alemán advirtió que “si Panamá no coopera rápidamente, impulsaremos que ciertas actividades financieras que se llevan a cabo en Panamá sean despreciadas internacionalmente”.
Francia, Alemania, España, Reino Unido e Italia, las cinco economías más importantes de Europa, pidieron al G-20 la creación de una lista negra de paraísos fiscales y sanciones a los países que no colaboren en la lucha contra la evasión fiscal.
“Queremos listas que permitan implementar sanciones a los países que no respeten las reglas”, dijo a la prensa el ministro francés, Michel Sapin, en declaraciones recogidas por la agencia francesa AFP.
Para Francia, la Unión Europa debe ser la impulsora de este mecanismo a través de una normativa que incluya una serie de medidas disuasorias dirigidas a Estados y territorios considerados no cooperadores a nivel internacional, cuyo cumplimiento sería obligatorio para los 28 Estados miembros de la Unión.
Las diferentes propuestas coinciden en la creación de registros que identifiquen los verdaderos propietarios de compañías, fondos, fundaciones y otros instrumentos.
Francia pidió a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que trabaje junto al Grupo de Acción Financiera (GAFI) para crear un estándar de intercambio automático de información de las identidades de los propietarios. El país europeo adelantó que haría público su propio registro e invitó al resto a hacer lo mismo.
Esta semana, el primer ministro británico, David Cameron, anunció en la Cámara de los Comunes que las autoridades de su país tendrán acceso y podrán compartir información sobre los propietarios de las empresas registradas en los territorios de ultramar británicos.
Todas las medidas anunciadas y propuestas son consecuencia de la publicación desde el pasado domingo 3 de abril de una investigación periodística global que reveló que sociedades extraterritoriales (offshore) constituidas por el bufete de abogados panameño Mossack Fonseca habrían sido utilizadas por líderes políticos, deportistas de élite y empresarios de todo el mundo para ocultar patrimonios a las autoridades fiscales de sus países.
El periódico alemán Süddeutsche Zeitung tuvo acceso a 11.5 millones de documentos del bufete panameño y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y otros 109 medios de todo el mundo.
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
Una de las aspiraciones de estos países es que Panamá y otros centros financieros se comprometan a intercambiar información financiera de manera automática y de acuerdo con los estándares de la OCDE.
El secretario general de esta organización, el mexicano José Ángel Gurría, presentó ayer un reporte ante el G-20 en el que señaló que hay algunos territorios que no han implementado apropiadamente el intercambio de información a requerimiento, medida que se acordó en el año 2009, y que hay otros que no se han comprometido con el nuevo estándar del intercambio automático de información, programado para comenzar entre 2017 y 2018.
En este sentido, destacó que 98 jurisdicciones se han comprometido a adoptar las Normas Comunes de Reporte (Common Reporting Standard o CRS, en inglés). Los últimos territorios en hacerlo fueron las islas del Pacífico Nauru y Vanuatu. “Sin embargo, dos centros financieros —Panamá y Bahréin— no lo han hecho todavía”, recordó Gurría.
Aunque el presidente Juan Carlos Varela anunció el compromiso de Panamá con el intercambio automático de información el año pasado durante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, el país no se ha adherido al estándar propuesto por la OCDE.
El Gobierno panameño planteó la elaboración de un mecanismo alternativo que tomaría elementos del propuesto por la organización con sede en París y de la Ley Fatca de Estados Unidos, el primer modelo creado para intercambiar información bancaria de manera automática.
Estas iniciativas buscan conocer la información bancaria de ciudadanos que mantienen cuentas fuera de sus fronteras y tienen como objetivo el combate a la evasión de impuestos.
Luego de la publicación de la investigación periodística y de las presiones recibidas por parte de Estados e instituciones internacionales, el Gobierno de Panamá ha abierto la puerta a adoptar el estándar propuesto por la OCDE. “No hay diferencias insalvables con la OCDE”, manifestó recientemente el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán.
Ayer, la canciller y vicepresidenta de la República, Isabel de Saint Malo de Alvarado, manifestó en una declaración pública el compromiso “completo e inmediato con la implementación del intercambio automático de información de forma bilateral y consistente con los objetivos del CRS”.
Una de las premisas que Panamá ha defendido es que intercambiaría información de manera bilateral, es decir, solo con aquellos países con los que se alcance un acuerdo y que cumplan determinadas condiciones, como el respeto de la confidencialidad de la información compartida. Y esa es la posición que sigue manteniendo el Ejecutivo. En la declaración emitida ayer se muestra la disposición a abrir un diálogo internacional “para evaluar mecanismos multilaterales específicos para implementar estos estándares”.
En la tarde de este miércoles, Gurría dio la bienvenida al gesto del Gobierno de Panamá. “Acabamos de recibir información de que hace algunos minutos se hizo pública una declaración que dice que [Panamá] se unirá a los parámetros comunes de entrega de información”, dijo Gurría en una rueda de prensa celebrada ayer en Washington, según recogió la agencia de noticias Reuters. “Si eso es así y lo hacen por completo, es en realidad una muy buena noticia y un cambio muy bienvenido.
Sería un aspecto positivo de todo este incidente”, apuntó Gurría en referencia a las revelaciones conocidas luego de la filtración de los documentos de la firma Mossack Fonseca, que podrían suponer un antes y un después en la forma que los capitales se mueven por el mundo.
