El comité de expertos encargado de proponer medidas que fortalezcan la transparencia del sistema tributario y la lucha contra el blanqueo de capitales recomendó la implementación de un sistema que cambiará la estructura operativa del Estado. Piden la aplicación de nuevas regulaciones para los profesionales ligados a la industria de servicios y el cumplimiento efectivo de los tratados internacionales.
Este lunes 21 de noviembre, el gobierno de Juan Carlos Varela hizo público el informe de 19 páginas preparado por el comité independiente.
Dicho grupo fue instalado el 29 de abril, poco después de publicarse una investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), en la que se desvelaron las prácticas que la firma panameña Mossack Fonseca habría creado para un entramado de sociedades offshore puestas a disposición de líderes políticos, deportistas y empresarios para ocultar sus patrimonios.
El escándalo obligó al Gobierno panameño a tomar acciones encaminadas a implementar los estándares de transparencia que exigía la comunidad internacional. De allí que durante meses se estudiaron las fortalezas de la economía y se detectaran las brechas que hay que cerrar.
Después de varios escollos, como las renuncias del premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz; y de Mark Pieth, profesor de Derecho Criminal y Criminología de la Universidad de Basilea, Suiza, finalmente el gobierno revela los detalles del documento, cuya aplicación representará una prueba de juego para la administración de Varela.
El comité propone desarrollar e implementar una legislación "anticorrupción", que alcance a los actos realizados por nacionales o grupos económicos establecidos en Panamá que directa o indirectamente participen en la instrumentación de actividades ilícitas en terceros países.
"La normativa deberá incluir la obligación de supervisar y tener estricto control de las actividades que realicen terceros en su nombre, franquiciatarios, concesionarios o agentes de cualquier naturaleza, sea personalmente o a través de personas jurídicas, directa o indirectamente".
El análisis del grupo independiente permitió determinar que es indispensable aprobar leyes, pero más importante, cumplirlas.
Este espíritu es reflejado en uno de los puntos en los que recalcan la importancia de ejecutar lo establecido en la Ley 52 de 26 de octubre de 2016, que exige a los entes jurídicos offshore mantener registros contables disponibles a través de su agente residente y establecer la obligación de reportes anuales privados.
Además, recomendaron establecer los mecanismos para conocer y mantener identificado al último beneficiario (y no el accionista) de los distintos tipos de entidades jurídicas. Esto incluye los fideicomisos que operan y se domicilian en Panamá a través del agente residente.
Esta disposición iría más allá de lo establecido en la Ley No. 23 de 27 de abril de 2015, que requiere esta información únicamente para temas relativos al blanqueo de capitales.
Los firmantes del documento (Alberto Alemán Zubieta, Roberto Artavia, Nicolás Ardito Barletta, Gisela Álvarez de Porras y Domingo Latorraca) advierten que se necesita tomar decisiones, hacer inversiones, aprobar legislaciones y “un alto grado de compromiso por parte de las autoridades y entes de regulación de Panamá”.
Propusieron actualizar la ley que regula el ejercicio de la abogacía, para que los abogados que asesoran a usuarios de la plataforma de servicios que ofrecen el país mantengan los más altos estándares éticos y de desempeño profesional.
En este contexto, creen que es necesario establecer reglas que diferencien los servicios de agente residente y los servicios legales propios del ejercicio de la abogacía.
"Los servicios de agente residente deben ser brindados por individuos o entidades debidamente licenciados e identificados para ello y sujetos a supervisión y regulación", explicaron.
A la recién creada Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros debe otorgársele autonomía financiera e independizarla del Ministerio de Economía y Finanzas y convertirla en un regulador independiente. Esta fue una de las deliberaciones del grupo.
La Intendencia fue creada legalmente por la Ley 23 de 2015 para prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, también conocida como ley antilavado.
Entre los sectores que supervisa están los casinos, las empresas de construcción y de bienes raíces, las zonas francas, los comerciantes de metales y piedras preciosas, las agencias de compraventa de autos, las casas de empeño, de cambio y de envío de remesas, así como notarios, abogados, contadores y auditores externos.
El comité solicitó igualmente la independencia para la Unidad de Análisis Financiero, que actualmente está bajo el paraguas de la Presidencia de la República, y para la Dirección General de Empresas Financieras, adscrita al Ministerio de Comercio.
Consideran que las sociedades de ahorro y crédito deben salir de la supervisión del Banco Hipotecario Nacional y “pasar a ser reguladas por un supervisor con capacidad y estructura”.
Creen que es necesario establecer un comité asesor permanente, conformado por profesionales con experiencia en temas relativos a lavado de dinero, evasión fiscal y planificación patrimonial, que no tenga conflicto de intereses en el tema, y que haga las veces de consejero del gobierno para el cumplimiento de las recomendaciones presentadas.
Reconocen que la legislación panameña mantiene un alto grado de flexibilidad para algunas operaciones antes señaladas en términos tributarios y de obligaciones de reporte a las autoridades respectivas en cada caso. Pero que a escala internacional no se cuestiona la competencia fiscal, siempre que sea transparente. Y es en esto que debe trabajar el país.
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