Este martes se retomó el debate del proyecto de Ley 305 que regula la Contratación Pública en Panamá. Representantes de organizaciones de la sociedad civil y de gremios empresariales participaron en el debate y advirtieron sobre la necesidad de reforzar el texto legal para que cumpla con el objetivo de combatir la corrupción.
El presidente ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Carlos Gasnell, dijo hay cierto enfoque en la reforma destinado a atacar la corrupción, pero "esto no es suficiente. Es apenas una curita frente a todo lo que habría que hacer ante los males que aquejan a la contratación pública".
Se plantearon dudas sobre el límite de 40% establecido para las adendas a los contratos, sobre la inclusión de las obras en convenios marcos, la falta de regulación de contrataciones directas y el hecho de que la inhabilitación para contratar con el Estado si una persona o empresa ha sido condenada por corrupción se circunscriba solamente a tribunales panameños.
El texto que se debate resultó de la integración de una propuesta presentada por el Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas y una planteada por la diputada independiente Ana Matilde Gómez.
El presidente de la comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea, el panameñista Miguel Salas, destacó como principales novedades que introduce la ley la eliminación de la licitación abreviada y la contratación apremiante, "que generaban suspicacias entre la ciudadanía"; la obligación de ir a un acto público en la contratación de consultorías. La inclusión bajo el paraguas de la Ley 22 empresas públicas y del DAS, antiguo PAN, así como la capacitación continua de los funcionarios que participen en los procesos de contratación.
En el día de hoy intervinieron 10 participantes, entre ellos representantes del Colegio Nacional de Abogados, la Cámara de Comercio Industrias y Agricultura, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tencología, la Empresa de Transmisión Eléctrica, la Auotoridad de Turismo de Panamá, entre otras. Se espera la participación de entre 40 y 50 oradores en el debate. Una vez que la comisión reciba todas las propuestas, se iniciaría la discusión por parte de los diputados.
