El Ministerio de Economía y Finanzas tiene listo el anteproyecto de reformas a la Ley 22 de Contrataciones Públicas para presentarlo al Consejo de Gabinete el martes 19 de enero y, posteriormente, llevarlo a la Asamblea.
El documento recoge una serie de cambios a muchas modificaciones que hizo la administración de Ricardo Martinelli y que, según el anteproyecto, “facilitaron el uso no racional de los fondos públicos, transgresiones al principio de transparencia y del debido proceso”.
Entre las reformas se propone eliminar el sistema de precio oculto en las licitaciones por mejor valor, además de establecer nuevos controles en la incapacidad legal para contratar.
Los cambios a la legislación de contrataciones los impulsa el Gobierno después de las licitaciones de la línea 2 del Metro y del proyecto de renovación urbana de Colón.
PRECIO OFICIAL NO SERÁ OCULTO
El precio oficial para un proyecto de inversión pública dejará de estar oculto en la licitación por mejor valor con evaluación separada, modelo que se utilizó para contratar la construcción de la línea 1 del Metro en el gobierno de Ricardo Martinelli y también en la línea 2, en la actual administración de Juan Carlos Varela.
Ahora, el Gobierno propone que es necesario reformar la Ley 22 de 2006, para relanzar un nuevo objetivo colectivo de transparencia y eficacia de la administración, y el uso racional de los recursos del Estado.
Con los aportes del anteproyecto propuesto por la diputada Ana Matilde Gómez, un equipo técnico integrado con funcionarios de los ministerios de Economía y Finanzas, y Presidencia, de la Contraloría General de la República, de la Dirección General de Contrataciones Públicas y del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, preparó un documento base de propuestas de reformas a la Ley 22.
Este diario tuvo acceso al documento final que será presentado en los próximos días para su aprobación en el Consejo de Gabinete.
La Ley 22 de Contrataciones Públicas fue modificada por lo menos en seis ocasiones durante el pasado gobierno para flexibilizar los procesos de contrataciones públicas y en muchos casos exceptuar el proceso de licitación, como el caso de las contrataciones en el Programa de Ayuda Nacional (PAN).
El precio oficial o de referencia, uno de los puntos más cuestionados en las contrataciones anteriores, será de conocimiento público en la divulgación del aviso de convocatoria de la licitación en el portal de PanamaCompra, según la propuesta de reforma.
El anteproyecto lo debe llevar el Ministerio de Economía y Finanzas al Gabinete el 19 de enero y posteriormente el Ejecutivo lo debe presentar ante la Asamblea Nacional para su discusión.
Igualmente se propone que el procedimiento de licitación por mejor valor solamente se utilice en las contrataciones que superen los 50 millones de dólares, y no 20 millones de dólares como lo contempla la legislación vigente. Corresponderá al Consejo de Gabinete designar a los integrantes de las comisiones evaluadora y de verificación de precios.
Fianza de anticipo
El adelanto de dinero a una empresa o consorcio que se adjudica un contrato de inversión pública es uno de los temas cuestionados por el riesgo que ha representado el anticipo ilimitado de dinero a una empresa que no ejecuta la obra.
En la propuesta de modificación al artículo 102 de la legislación sobre fianza de pago anticipado, se establece que este mecanismo “garantiza el reintegro de determinada suma de dinero entregada en concepto de adelanto al contratista”.
Esta fianza, en ningún caso, será inferior al 100% de la suma adelantada, y tendrá una vigencia igual al período principal y un término adicional de 30 días calendario posteriores a su vencimiento. Indica que en ningún caso, la entidad estatal contratante podrá realizar pagos anticipados que sobrepasen el 20% del monto total contratado.
La presente disposición no será aplicable a los montos que surjan como consecuencia de incrementos al monto total contratado que se realicen mediante adendas.
El anteproyecto también se refiere a la fianza de impugnación que actualmente es de 15% para todos los actos públicos relacionados con adquisición de bienes, obras y servicios.
Con las reformas se propone que “esta fianza será por un monto equivalente al 10% del valor de la propuesta, para actos públicos relacionados con la adquisición de bienes y servicios y por un monto equivalente al 15% para actos relacionados con la realización de obras.
Regulan la DAS
Otro de los cambios a la legislación propone que la Dirección de Asistencia Social (DAS), que reemplazó al PAN, queda bajo el paraguas de la ley de contrataciones y solo podrá contratar la adquisición de bienes, obras y servicios exclusivamente “para realizar acciones focalizadas o tendientes a combatir la pobreza de manera sostenida”.
También se establece que la DAS podrá contratar licitaciones para “socorrer a las personas afectadas por desastres naturales o por catástrofes provocadas por el hombre”.
La legislación vigente exceptúa de licitación cualquier compra que se haga a través de la DAS, entidad en la cual en la pasada administración se hicieron compras por mil 200 millones de dólares y por las cuales actualmente hay decenas de exfuncionarios detenidos o en investigación por supuestos malos manejos.
Durante todo el mandato del presidente Juan Carlos Varela, la ahora DAS ha continuado exento de las restricciones que se plantean en el borrador final del anteproyecto.
La reforma se promueve un año después de que el actual gobierno llegó al poder y después de haber contratado a las empresas que se encargarán de los principales proyectos de inversión que incluyen la línea 2 del Metro y Desarrollo Urbano de Colón.
La propuesta incluye dentro de la incapacidad legal para contratar con el Estado, a quienes hayan sido declarados judicialmente responsables por la comisión de delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales, terrorismo o el financiamiento del terrorismo.
Acciones nominativas
Se propone que todo acto de selección de contratista, cuya cuantía exceda de $300 mil, en que participen personas jurídicas, el capital accionario de estas deberá emitirse en su totalidad en acciones nominativas.
Actualmente se establece que todo acto de selección de contratista y procedimiento excepcional de contratación, cuya cuantía exceda $3 millones en el que participen personas jurídicas, las acciones de estas deben ser en su totalidad nominativas.
Con la propuesta, las personas jurídicas presentarán ante la Dirección General de Contrataciones Públicas una declaración jurada del agente residente y presidente o quien delegue la junta directiva de la persona jurídica, en la que deberá certificar el nombre de cada persona natural que sea directa o indirectamente beneficiaria final de por lo menos el 25% del capital accionario emitido y en circulación.
