El procurador de la Administración, Rigoberto González, ha escrito al contralor Federico Humbert para solicitarle, “con el debido respeto”, que audite las obras públicas –ya entregadas y en plena ejecución- que lleva a cabo la constructora de capital brasileño Odebrecht, “a fin de conocer detalles en relación con posibles sobrecostos”.
De esa manera, González insta a Humbert a que escuche el clamor de distintos sectores de la sociedad civil, que piden conocer en detalle los contratos otorgados a Odebrecht, a la que fiscales de Brasil acusan de operar una estructura para pagar sobornos a cambio de proyectos estatales de infraestructura.
Justo este martes, 22 de marzo, fueron detenidas 15 personas, incluidos directivos de Odebrecht, como parte de la investigación "Lava Jato" sobre los presuntos sobornos pagados a ejecutivos de la petrolera estatal Petrobras.
“Considero oportuno que administrativamente se lleven a cabo investigaciones que permitan determinar la comisión o no de supuestas actuaciones al margen de los procedimientos legales y convencionales que rigen la materia y que eventualmente hayan podido afectar el patrimonio público”, escribió González a Humbert, en una nota fechada el 17 de marzo pasado y recibida en Contraloría éste lunes. (Lea la carta completa a Humbert aquí).
González remarca que una auditoría permitirá “descartar o aclarar cualquier duda” que haya podido surgir con relación a las actividades llevadas a cabo en la contratación, ejecución y desarrollo de las obras relacionadas con Odebrecht.
La brasileña es la contratista más importante del Estado panameño, con proyectos que –en conjunto- suman poco más de $9,000 millones. Recientemente firmaron para encargarse de las obras de la línea dos del Metro y la renovación urbana de Colón. "Se le adjudicaron porque presentaron la mejor propuesta", dijo Álvaro Alemán, ministro de la Presidencia, quien ha defendido la participación de Odebrecht en las licitaciones. Sobre las acusaciones a la constructora en el caso "Lava Jato", el ministro ha dicho que ese "es un tema de la justicia brasileña".
"Estamos seguros que esas obras se van a hacer y como Estado cooperaremos con las autoridades brasileñas en lo que haya que cooperar", agregó Alemán.
La Contraloría únicamente está realizando una auditoría financiera a la línea uno del Metro, porque -como justificó Humbert- la semana pasada, “una auditoría técnica es sumamente complicada para obras de esta magnitud”.
El procurador recordó que Panamá es signataria de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.
González también solicitó al presidente de la Asamblea, Rubén De León, que introduzca modificaciones al proyecto que reforma la ley de contrataciones públicas, a fin de evitar que empresas o personas condenadas en Panamá “o en cualquier otro Estado” por blanqueo, terrorismo o delitos de orden económico y contra la fe pública, puedan hacer negocios con el gobierno. (Lea la carta completa a De León aquí).
Igualmente, el procurador pide a De León que -por ley- se adopten las disposiciones contenidas en las convenciones anticorrupción, específicamente aquellas vinculadas con el ejercicio de funciones públicas.
El proyecto de reformas a la ley de contrataciones públicas está pendiente de discusión y aprobación en primer debate, en la comisión legislativa de Economía y Finanzas.
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