El procurador de la Administración, Rigoberto González, recomendó que en la reforma a la ley de contrataciones públicas se extienda la inhabilitación para contratar con el Estado a empresas que hayan sido condenadas por tribunales internacionales.
El proyecto de ley 305, que se discute en la Asamblea Nacional en primer debate, contempla la incapacidad legal para contratar a empresas condenadas por tribunales del Estado panameño. En concreto, según la redacción actual del proyecto, no podrán participar en actos del Estado “las personas que, en los cinco años que anteceden a la contratación, hayan sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de delitos contra la administración pública; blanqueo de capitales o cualquier otro delito contra el orden económico; terrorismo, financiamiento del terrorismo, o cualquier otro delito contra la seguridad colectiva; delitos contra el patrimonio económico; y delitos contra la fe pública, con penas de prisión de un año o más, por un tribunal panameño”. El procurador sugiere que en este artículo se añada la expresión “o internacional”.
De igual forma, recomienda que se suspenda a las empresas condenadas en Panamá “o en cualquier otro Estado” por sentencia judicial definitiva a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas y de inhabilitación para contratar con el Estado.
Estas recomendaciones constan en una carta remitida por el procurador al presidente de la Asamblea Nacional, Rubén De León, y al presidente de la comisión de Economía y Finanzas, Miguel Salas.
Un argumento similar han planteado varios de los participantes en el primer debate del proyecto de ley 305. Con la redacción propuesta por el Ejecutivo, una empresa como Odebrecht, cuyo presidente fue condenado a 19 años de prisión en Brasil por actos de corrupción, podría seguir licitando en Panamá.
Odebrecht es el principal contratista del Estado panameño, participa —solo o en consorcio— en proyectos valorados en más de $9 mil millones y ha sido adjudicatario de las dos obras más importantes licitadas en la administración de Juan Carlos Varela: la segunda línea del Metro de Panamá y la renovación urbana de Colón.
Piden mayor planificación
Ayer concluyó en la Asamblea el periodo de comparecencias por representantes de empresas, miembros del Ejecutivo y asociaciones de la sociedad civil. Miguel Salas, presidente de la comisión legislativa de Economía y Finanzas, dijo que después de Semana Santa seguirá el debate por parte de los diputados. En ese momento se podrán incluir algunas de las modificaciones planteadas.
En la sesión de ayer, el presidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), José Tuñón, solicitó una mayor planificación en las obras estatales y la participación de más empresas panameñas en los proyectos.
Tuñón lamentó que los ministerios ejecutan los proyectos sin mayor análisis previo. “Pedimos que se tenga una concepción del proyecto que se va a ejecutar. Que tenga un anteproyecto y que se pueda ver el alcance del trabajo que se va a ejecutar”, argumentó.
Destacó la necesidad de tener una planificación a corto, mediano y largo plazo para que cada administración gubernamental sepa qué pasos seguir. “Ahora las personas que llegan a una institución no sé bajo qué argumento escogen un proyecto para ejecutarlo. No hay una justificación”, apuntó.
Además, defendió que con la existencia de estudios preliminares y de anteproyectos se podría determinar de una manera científica el precio de los proyectos, quedando menos espacio para modificaciones y adendas con sobrecostos durante la ejecución de las obras.
