La “ventana” para tomar la decisión de licitar la concesión de la terminal de contenedores en Corozal se cierra en seis meses, advirtió ayer el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Jorge Luis Quijano.
La renuncia a este proyecto tiraría por la borda los ingresos adicionales que le generaría este puerto al Canal y al Estado, además de perder la generación de cientos de empleos en la construcción y luego en la operación.
Hace un año la junta directiva de la ACP autorizó a la administración para que iniciara el proceso de precalificación y licitación de la concesión.
La iniciativa generó el interés de varios operadores portuarios internacionales, pero la ausencia de una ley que otorgue al nuevo operador los mismos beneficios fiscales que tienen los otros puertos ha sido el principal obstáculo.
“Si nosotros no tenemos la ley, lo que hace es que pone en desventaja al que está licitando y por lo tanto su oferta va a ser más baja”, explicó Quijano.
El proyecto de ley, que otorgaba al desarrollador que se adjudique la concesión los mismos beneficios fiscales que ha recibido el resto de los puertos, fue presentado ante la Asamblea Nacional a principios de año por el ministro para Asuntos del Canal, Roberto Roy. Sin embargo, este fue rechazado por los diputados en primer debate.
“Si en los próximos seis meses no se toma una decisión, mejor nos olvidamos del puerto y ese beneficio (de la ampliación del Canal) se lo van a llevar los vecinos”, añadió Quijano.
El administrador de la ACP se refiere a las inversiones que se hacen en los puertos colombianos de Cartagena (Atlántico) y Buenaventura (Pacífico) para atender la demanda de carga que traerá la ampliación.
“No podemos mantener esa ventana abierta allí para cuando quieran”, dijo al referirse a la necesidad de aprobar la ley y hacer la licitación. Reafirmó que sí hay grupos que operan puertos en otras partes del mundo que están interesados en el puerto de Corozal.
La terminal de contenedores en Corozal sería una actividad relacionada y complementaria al principal negocio del Canal, además de maximizar el valor de la ruta.
El tema legal es el único eslabón pendiente, porque el terreno que estaba ocupado con hangares en Diablo ya se recuperó en un 99% y está listo para dar paso a la construcción de la nueva terminal.
“Estamos viendo los siguientes pasos con la junta directiva en las próximas dos semanas”, dijo. Indicó que hay muchos pasos en los cuales ya se ha avanzado como ir viendo la precalificación de las empresas interesadas y la viabilidad ambiental. Según la propuesta, la ACP es la propietaria del terreno y otorgaría una concesión por 20 años renovables.
Se prevé que con este puerto se promueva un mayor tráfico de carga a través de la vía interoceánica, se consolide la posición de Panamá como un centro logístico, se aumente la capacidad existente en materia de trasbordo de contenedores en el litoral Pacífico del país y se permita crecer las utilidades del Canal.
La construcción del nuevo puerto tomaría aproximadamente 24 meses.
El administrador del Canal reiteró la importancia de desarrollar este proyecto, porque Panamá se ha sacrificado en la construcción del tercer juego de esclusas con una inversión de $5 mil 250 millones que ofrece una oportunidad en el movimiento de carga.
Si nosotros no la aprovechamos hay otros vecinos que están invirtiendo para sacarle beneficio a la ampliación del Canal, concluyó Quijano.
