Las instituciones financieras estarán obligadas a entregar información sobre clientes extranjeros a la Dirección General de Ingresos (DGI) y estarán expuestas a multas si no lo hacen.
Un proyecto de ley presentado a la Asamblea Nacional esta semana por Iván Zarak, viceministro de Economía, crea el marco legal para cumplir el intercambio de información financiera, un compromiso adquirido por Panamá con la comunidad internacional y plasmado en distintos acuerdos.
Luego de conocerse el pasado mes de abril que líderes políticos, deportistas de élite y empresarios de todo el mundo habrían utilizado sociedades offshore creadas por el bufete panameño Mossack Fonseca para supuestamente ocultar fortunas a las autoridades fiscales de sus países, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y algunos de los países que forman parte de este grupo elevaron la presión para que Panamá reforzara la transparencia de su sistema financiero y de servicios legales.
Desde entonces, el Gobierno ha adoptado una serie de medidas y asumido compromisos en esta línea, como aceptar el intercambio de información de manera automática a partir de 2018, siguiendo el estándar de la OCDE, y anunciar su intención de firmar la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal en esta línea, lo que supondrá que más de 100 países estarán facultados para solicitar información sobre cuentas de sus ciudadanos en Panamá.
Además, ya existe un acuerdo intergubernamental entre Panamá y Estados Unidos para iniciar el intercambio automático de información en septiembre de 2017. También se ha sellado un pacto similar con el Gobierno de Japón y se estaría negociando un tercero con Alemania.
Con el fin de dar respuesta a estos compromisos, el proyecto de ley crea el marco regulatorio para el intercambio de información. El Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información Fiscal, del que Panamá es miembro, ha efectuado varias recomendaciones al país, entre las cuales está “la necesidad de otorgar mayores poderes coercitivos a la DGI, como autoridad competente, que le permitan la obtención de información para fines fiscales", recoge la exposición de motivos del proyecto de ley.
Zarak señaló a este diario que, en el caso del intercambio de información previo requerimiento, los datos serán recabados por la DGI de diferentes fuentes de información e intercambiada con otro país, siempre que medie una solicitud de acuerdo a convenios tributarios vigentes. En el caso del intercambio automático, las instituciones financieras recabarán información luego de aplicar un procedimiento de debida diligencia y proporcionarán de forma automática anualmente a la DGI.
Zarak explicó que “la DGI como autoridad competente ya cuenta con poderes que le permiten acceder a información en poder de los bancos. El proyecto otorga facultades a la DGI de sancionar a aquellas fuentes de información por no entregar aquella información requerida en virtud de un convenio tributario”.
¿Quién estará obligado a dar información? Las entidades que ejerzan actividades financieras que impliquen captación o custodia de fondos de terceros. Además, el proyecto habla de “fuentes privadas” en referencia a personas naturales o jurídicas que puedan tener la información requerida, como por ejemplo, bancos, otras instituciones financieras o agentes residentes.
La DGI podrá realizar inspecciones in situ en las oficinas de estas entidades privadas “o en cualquier otro lugar donde repose la información que debe ser proporcionada”, recoge el artículo 4 del proyecto de ley.
Las entidades financieras panameñas se exponen a multas entre $5 mil y $50 mil en caso de no cumplir las obligaciones establecidas en la ley.
Consultado sobre cómo afecta esta propuesta legal a la reserva bancaria que existe en Panamá, Zarak dijo que solamente las autoridades fiscales podrán acceder a la información y que esta solo podrá ser entregada a contrapartes fiscales de países con los que exista un acuerdo de intercambio de información. “La información no va a ser de ámbito público”, puntualizó.
Además, los datos de panameños no serán compartidos con otras jurisdicciones “a menos que ese panameño sea sujeto a impuestos en otra jurisdicción”.
En el caso de sociedades panameñas en las que el beneficiario es una persona extranjera, la responsabilidad de saber el origen del accionista o beneficiario final recae sobre la institución financiera. Lo mismo sucede con las fundaciones de interés privado. Zarak dijo que “bancos y casas de valores ya recaban esa información bajo la regulación actual”.
Desde algunos sectores se ha señalado que los cambios en el modelo que implementa el Gobierno pueden tener un impacto en la competitividad del centro financiero y de servicios de Panamá. Consultado al respecto, Gustavo Villa, secretario general de la Superintendencia de Bancos, dijo que el tema se ha estudiado y que no se prevé un impacto material en forma de salida de capitales.
Panamá, candidato para nueva lista
Panamá figura en una relación publicada por la Comisión Europea como “un primer paso” hacia una “lista negra” de paraísos fiscales que publicaría a finales de 2017. “La lista de la Unión Europea será nuestra herramienta para tratar con terceros países que se nieguen a jugar limpio”, dijo el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, en declaraciones recogidas por AFP. Además de Panamá, en la lista figuran Brasil, Costa Rica, Perú, Colombia, Canadá, Uruguay y Estados Unidos, entre otros.
La Comisión dijo que los resultados no son suficientes para tener conclusiones sobre la inclusión en la lista, sino que es “una robusta fuente de información, producida por la Comisión, para ayudar a los Estados Miembro en los próximos pasos de un proceso de listado común”.
El viceministro de Economía, Iván Zarak, dijo que “es una lista bastante extensa en la que entendemos hay más de 80 países. La información que tenemos es que Panamá sí figura en dicha lista, al igual que Estados Unidos, Japón, Australia, entre otros. A juzgar por la cantidad de países listados, parecería que son la mayoría de los países que no forman parte de la Unión Europea”.
Panamá también se expone a figurar en otra lista que elabora la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre paraísos fiscales que publicará en julio de 2017. Los compromisos con el intercambio de información de manera automática según el estándar de la OCDE y con la convención multilateral para el intercambio a requerimiento juegan a favor de Panamá para evitar entrar en la lista. Pero será clave el resultado del país en la segunda fase de la revisión paritaria del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Fiscal.
