Un préstamo por $190 millones solicitó a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) Sacyr, la empresa líder del consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) que construye el tercer juego de esclusas.
La petición fue presentada por la empresa española en una carta, firmada por su presidente, Manuel Manrique. La ACP confirmó su rechazo.
La nota fue recibida la semana pasada en la ACP, casi a la par del comunicado que envió GUPC, en el que se queja de supuestos retrasos en los pagos y otro posible retraso de seis meses en la entrega de la obra.
La solicitud de préstamo a la ACP llega cuando hace falta un 5% para completar el tercer juego de esclusas y en momentos en que el consorcio prometió entregar la obra en abril.
Luego de casi seis años, GUPC ha recibido $3 mil 375 millones por avance de obra, ajustes por materiales de construcción, aumentos por cambios de ley y reclamos, además de $860 millones como adelanto por falta de liquidez.
El consorcio trabaja en la reparación y reforzamiento de los quicios o escalones de las esclusas en las que se produjeron filtraciones. Se calcula que esos trabajos costarán unos $40 millones que debe cubrir GUPC.
La legislación le prohíbe a la ACP prestar dinero, ya que entre sus funciones no aparecen las de agente financiero o banco.
LA ACP, PRESTA A RECLAMAR
La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) informó que “no descarta ninguna de sus opciones legales, en razón de las afectaciones en los ingresos y en la imagen de la empresa” durante la ejecución de las obras de construcción del tercer juego de esclusas.
Entre una de las consecuencias está que por cada día de retraso en el inicio de operaciones del Canal ampliado, la ACP calcula que pierde un millón de dólares.
Originalmente, en el contrato entre ACP y el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), por $3 mil 118 millones, se fijaron mil 883 días para construir el tercer juego de esclusas para que entrara en operación el 21 de octubre de 2014.
Por los atrasos, se calcula que la ACP no verá en sus libros contables cerca de $450 millones, sin considerar los efectos que ha tenido la demora en el comercio mundial, particularmente en los puertos y navieras que hicieron inversiones y esperan la operación del Canal ampliado.
Durante el desarrollo de la obra, el consorcio ha presentado 33 reclamos que suman $3 mil 422 millones y son atendidos en alguna de las tres instancias establecidas en el contrato: la ACP, la Junta de Resolución de Disputas (DAB, por sus siglas en inglés) o en arbitraje.
En enero pasado, el DAB divulgó un fallo en el que le reconoció parcialmente el reclamo a GUPC. Además, ordenó el pago de $233 millones al consorcio y se le reconocieron 176 días adicionales para entregar la obra.
Hay otro reclamo que estaba en la DAB y la decisión se debe conocer antes de mañana jueves, 31 de diciembre.
Aunque el consorcio intentó en varias ocasiones negociar fuera del contrato, la ACP rechazó estas intenciones y obligó al contratista a canalizar sus reclamaciones a través de las instancias que establece el acuerdo.
La ACP señaló que siempre ha estado dispuesta a reconocer los costos adicionales que estén debidamente sustentados.
