El proceso de quiebra del emporio R.G. Hotels está paralizado. Desde noviembre del año pasado no se ha registrado ningún movimiento con algún impacto para los inversionistas que compraron bonos por un valor de $30 millones.
La quiebra fue decretada el 21 de octubre de 2015, pero con efecto retroactivo a partir del 31 de julio de 2012.
En medio de lo que promete ser un largo y complejo proceso están atrapados los acreedores de R.G. Hotels y Casa de Campo Farallón, empresas fundadas por Rugiere Gálvez Marcucci para el desarrollo de un enorme centro hotelero y residencial en el sector pacífico panameño, hoy ahogado en deudas.
Existen al menos $65 millones en compromisos acumulados. R.G. Hotels le debe a bancos, proveedores e inversionistas. Y aunque varias de estas acreencias tienen garantías, principalmente las fincas donde se desarrolló el complejo hotelero, darle un uso o buscar un comprador es imposible mientras exista un proceso de quiebra.
Cuando la quiebra fue declaraba por Manuel Jesús Corrales Hidalgo, juez primero civil del Circuito Judicial de Coclé, rápidamente surgieron varias acciones legales por parte de las partes afectadas.
ABS Trust, el administrador del fideicomiso en el que deben estar las garantías de emisiones de bonos y valores comerciales por $30 millones, presentó una solicitud para que la Corte Suprema de Justicia disponga que el proceso de quiebra y concurso de acreedores sea transferido a un juzgado de la ciudad de Panamá.
La fiduciaria precisó en su petición que tanto la empresa como el administrador del fideicomiso y las entidades reguladoras, tenían su domicilio en Panamá, por lo que el caso debe ser manejado en este distrito.
La solicitud de cambio de jurisdicción se presentó el 27 de noviembre de 2015, y como ponente fue designado el magistrado Abel Zamorano. Pero el expediente está estancado.
Varios acreedores que se han comunicado con este medio han manifestado frustración e impotencia al no observar avances en el proceso. “El expediente se encuentra en el despacho del magistrado Zamorano desde el 15 de enero de 2016. A la fecha no existe pronunciamiento”, detallan.
“Si ni siquiera se ha definido dónde se debe manejar el proceso de quiebra, obviamente no puede avanzarse en nada. Mientras tanto, las mejoras en las fincas donde se ubica el proyecto se están deteriorando”, indicaron.
ABS Trust también solicitó que la quiebra sea decretada a partir de la fecha en la que se dejaron de pagar las deudas, que sería a partir de 2015.
En este caso, el juez Corrales decretó que ambas empresas R.G. Hotels y Casa de Campo Farallón estaban en quiebra desde el 31 de julio de 2012.
La quiebra voluntaria del conglomerado fue solicitada por Nabali Investments, un grupo de inversionistas cuya única cara visible es Antonio Bonilla. Gálvez fue el líder de las sociedades hasta el 31 de octubre de 2014 cuando fue adquirida por inversores extranjeros a través de Nabali Investments, los mismos que pidieron la quiebra.
En el pasado reciente, Gálvez argumentó que traspasó las acciones de R.G. Hotels esperando que las deudas existentes se pagaran paulatinamente, para lograr la liberación de varias garantías personales que respaldaban obligaciones en diversas entidades bancarias.
Sin embargo, esto no pasó. Los nuevos dueños alegaron que estaban dispuestos a asumir los compromisos que mostraron en libros, pero las deudas fuera de los registros eran tan grandes que no había forma de salvar a la empresa. De allí vino la solicitud de quiebra y la actual debacle.
Si no existiesen emisiones por $30 millones en el mercado de valores, la quiebra decretada por el juez Corrales sería un pleito entre dos grupos económicos. No obstante, la emisión y el efecto retroactivo de la quiebra genera intranquilidad en el mundo financiero, ante la indefensión en la que se encuentran los inversionistas que compraron los bonos.
Se conoció que ABS Trust ha tratado de vender las fincas que custodia y que forman parte de las garantías de las emisiones de bonos y valores comerciales negociables (VCN), pero no han encontrado a ningún inversionista interesado, algo totalmente predecible mientras se desconozca el alcance de la quiebra.
La fiduciaria logró que el 81.4% de los tenedores de la emisión de bonos y el 80% de los titulares de los VCN respaldaran el plan de que en lugar de subastar los bienes, se utilice el método de venta directa para generar un mejor retorno. Aunque ello en estos momentos parece algo remoto.
En una de las certificaciones enviada al regulador del mercado de valores, ABS Trust dijo que hasta enero pasado el patrimonio administrado tenía un valor de $13.8 millones, menos de la mitad del valor de las emisiones.
Por el lado de la Corte Suprema de Justicia, lo único que se ha conocido respecto a este caso es que el magistrado Jerónimo Mejía presentó el 2 de marzo lo que llaman una solicitud de impedimento para separarse del caso. Se desconocen las razones.
