Cuatro meses después de haberse desvinculado del comité de expertos independiente creado por el Gobierno de Juan Carlos Varela para evaluar las prácticas financieras del país y fortalecer la transparencia, el premio Nobel Joseph Stiglitz y el experto suizo anticorrupción Mark Pieth hicieron público este martes 15 de noviembre de 2016 en Bruselas (Bélgica) un informe propio.
El documento amplía el trabajo que ambos comenzaron en Panamá tras el escándalo que supuso la supuesta filtración de millones de documentos de la firma de abogados Mossack Fonseca –publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés)– al poner de manifiesto el uso de estructuras offshore para ocultar activos y evitar el pago de impuestos.
En su análisis consideran a los paraísos fiscales como "los portadores de una peligrosa enfermedad" e instan a la comunidad internacional a ponerlos en “cuarentena”.
"Estos paraísos existen únicamente porque Estados Unidos y Europa miran a otro lado. (...) Las dos potencias económicas podrían fácilmente prohibir que un particular pueda poseer una cuenta en un paraíso fiscal o ser accionista, director o administrador de una entidad situada en estas jurisdicciones no cooperativas", explican.
Así, reclaman "tolerancia cero" ante aquellos individuos que se benefician de la falta de transparencia de estas jurisdicciones y las usan para llevar a cabo actividades ligadas al crimen, la evasión fiscal o la corrupción.
"Los paraísos fiscales ofrecen un amplio abanico de oportunidades no solo para facilitar la evasión fiscal y la evasión, sino también para el blanqueo de capitales, facilitando así toda suerte de corrupciones y actividades socialmente destructivas y moralmente repugnantes", advierten.
En este sentido, acusan a los paraísos fiscales de "conspirar" en delitos que van desde la corrupción hasta la pornografía infantil y formulan una serie de recomendaciones para erradicar estas prácticas ilegales.
Piden que sea obligatorio la identificación final del beneficiario de las cuentas bancarias y de las empresas, algo que califican como "clave" tanto para permitir el intercambio automático de información, como para prevenir el blanqueo de capital.
En el documento, los expertos exploran la posibilidad de considerar "ilegal" que un banco establezca relaciones con paraísos fiscales al tiempo que piden que el sector inmobiliario esté obligado a comunicar quién es el propietario final de los inmuebles.
También esgrimen la necesidad de crear una plataforma con los datos relativos de los registros contables de las empresas y señalan la conveniencia de que esta sea pública para que pueda acceder los periodistas y saquen las conclusiones de los casos adonde no llegan las oficinas tributarias ya sea por falta de recursos o de voluntad política.
Para los expertos en economía, con esta medida se facilitaría el rastreo de los movimientos de capital que permita reconocer aquellos fondos que provienen de actividades ilícitas, como la trata de blancas, el narcotráfico o la corrupción.
"Si uno supiera dónde se ha escondido el dinero robado por un dictador, potencialmente se podría recuperar, y hacer rendir cuentas a aquellos que facilitaron la corrupción", aseguran en el informe.
Asimismo, también abogan por tratados que promuevan el intercambio automático de información fiscal entre países.
Sobre este punto, Stiglitz y Pieth matizan que son los países desarrollados los que tienen que dar el primer paso y compartir sus datos con aquellos socios en desarrollo que no tienen la capacidad aún de actuar de manera recíproca. Ambos expertos recalcan la importancia de actuar contra las redes opacas y las "entidades zombies", para lo que piden que las autoridades refuercen la tarea de recolección de datos y su posterior verificación.
Por ello, instan a obligar a las corporaciones y otras entidades legales a pagar una tasa anual y a completar un informe que refleje en qué jurisdicciones han tenido actividad económica y los impuestos que han sido pagados en éstas.
Por otro lado, subrayan que además de supervisar a los bancos e institutos de crédito, es necesario que se controle también a las empresas y a los intermediarios, así como a los abogados que ejercen de agentes residentes.
A estos últimos consideran que deberían ser penalizados si facilitan la evasión fiscal, el blanqueo u otro tipo de operaciones similares.
"Cualquier abogado, agente registrado u otro actor que, sabiéndolo, registra una empresa o un trust cuyo principal propósito es evadir o eludir impuestos o dedicarse al blanqueo de capital debe ser sujeto a una suspensión y, en el caso de ofensas múltiples, a la revocación de su licencia”, aseguran.
En el documento también advierten contra aquellos fiduciarios que actúan en nombre de las empresas sin realmente estar implicados en ellas, ya que cuestionan que puedan realmente hacerse cargo de sus responsabilidades "asumiendo, por supuesto, que se trata de entidades reales".
De esta manera piden limitar las posiciones que una sola persona puede ocupar para evitar las figuras de los testaferros.
Finalmente, reclaman la protección de aquellas personas cuyo testimonio revela tramas de este tipo.
