Tocumen, S.A. pagó en el ejercicio 2013 de manera voluntaria los impuestos morosos que tenía pendientes desde la creación de la empresa estatal.En el seno de la entidad que administra el principal aeropuerto del país no se entiende por qué la Dirección General de Ingresos (DGI) pagó una comisión de más de $21 millones a Cobranzas del Istmo, la empresa contratada por el anterior director general de Ingresos, Luis Cucalón, para la gestión de cobros de impuestos morosos. Temístocles Rosas, vicepresidente de Administración y Finanzas de Tocumen, S.A., explicó que a finales de 2013 la entidad se dispuso a hacer una emisión de bonos por $650 millones para costear el muelle sur, la ampliación del aeropuerto que se construye en la actualidad.
Temístocles Rosas
Vicepresidente de Administración y Finanzas de Tocumen, S.A.
En ese momento hubo un acuerdo entre la administración de Tocumen, S.A. y la extinta Autoridad Nacional de Ingresos Públicos (ANIP) para pagar todos los impuestos pendientes. Así consta en el prospecto de la emisión de bonos, documento público que se puede consultar en la Bolsa de Valores de Panamá: “La administración [de Tocumen, S.A.] ha identificado omisiones en reconocimiento de pasivos relacionados con impuestos... incurridos desde su creación como sociedad anónima. De acuerdo a las normas fiscales vigentes, no existe fundamento legal que exonere al Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. del pago de dichos impuestos, como sociedad de capital estatal”. De los $650 millones que se obtendrían en la emisión, se calculó preliminarmente que $100 millones estarían destinados a cubrir esos impuestos. “Por eso es que Tocumen, S.A. paga $72 millones en el año 2013. Esto se pagó al Tesoro Nacional. Nosotros no pagamos a Cobranzas del Istmo. Aquí no hubo gestión de cobro de nadie”, recalcó Rosas, que concedió una entrevista a este diario junto a la gerente de Asesoría Legal de Tocumen, S.A., Rosana Serrano de Sanjur. Rosas dijo que si la empresa privada hubiera hecho alguna gestión de cobro, habría registros, “pero no tenemos constancia de que hubo gestión. Aparece que todo el trámite se hizo directamente con la ANIP”.En la misma línea se manifestó Frank De Lima, exministro de Economía y Finanzas y presidente de la junta directiva de Tocumen, S.A. cuando se produjeron los pagos de impuestos pendientes. “Como presidente de la junta directiva de Tocumen S.A., nunca tuve conocimiento del pago de comisiones a Cobranzas del Istmo. Nuestro deber fue dar las aprobaciones para que Tocumen, S.A. se pusiera al día con lo que adeudaba al fisco”, apuntó el exministro, De Lima insistió: “La junta directiva de Tocumen, S.A., y me incluyo a mí, no tenía idea de que se iba a pagar una comisión sobre esos pagos morosos”.Consultado sobre la constancia de gestiones de cobro por las cuentas de Tocumen, S.A. en la DGI, su actual director Publio Cortés contestó que “no nos consta que se haya hecho tal gestión. De todos modos, esperamos que la Contraloría General de la República, como ente independiente, verifique todo y nos acogemos a sus resultados”.Según Cortés, en términos generales el trámite de pago de las comisiones estaba basado en un cálculo que hacía el sistema de la DGI con base a las cuentas asignadas a Cobranzas del Istmo. “Luego, la empresa presentaba una gestión de cobro que el anterior director refrendaba, posteriormente presentaban dicha gestión de cobro ante la Dirección de Tesorería de la Nación del MEF para que allá le pagaran. Eso es lo que hemos visto”, explicó.En una conversación anterior, y sin referirse concretamente a las cuentas de Tocumen, SA., Cortés cuestionó la falta de fiscalización de la administración anterior para verificar, antes de aprobar el pago de comisiones, que las gestiones de cobro presentadas por Cobranzas del Istmo habían sido realizadas efectivamente. La Prensa contactó al exdirector de la DGI, Luis Cucalón, para que ofreciera su versión sobre cómo manejó el contrato firmado en 2010, pero dijo que no hablaría hasta una próxima rueda de prensa.También se escribieron correos electrónicos a la representante legal de Cobranzas del Istmo, Magaly Ramos, pero no se obtuvo respuesta.La relación entre la DGI y Cobranzas de Istmo comenzó en agosto de 2010 con la firma de un contrato que convertía a la empresa en gestora de cobros de impuestos morosos. Aunque el contrato no establecía exclusividad, Cobranzas del Istmo fue la única compañía autorizada por la DGI para prestar el servicio.En el contrato se pactó que cuanto mayor fuera la antigüedad de las cuentas recuperadas, mayor sería la comisión, hasta un máximo de un 30%. Una auditoría encargada por la nueva administración del MEF determinó que la empresa recibió comisiones por $47.1 millones entre 2011 y la primera mitad de 2014. De esa cantidad, más de $21 millones corresponderían a comisiones al 30% ganadas por gestionar supuestamente los pagos morosos de Tocumen. S.A.Publio Cortés puso estos hechos en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República, que tienen abiertas investigaciones al respecto. El pasado miércoles, funcionarios de la DGI y de la Fiscalía Cuarta Anticorrupción allanaron la sede de Cobranzas del Istmo, donde se incautaron de libros contables y de equipos informáticos.La Prensa quiso conocer más detalles sobre estas pesquisas y sobre el allanamiento, pero Cortés dijo que no podía hablar al respecto.En los últimos meses Cobranzas del Istmo ya no estaba haciendo gestiones de cobro para el Estado porque el contrato fue primero anulado por la DGI y luego declarado en suspenso por la Corte Suprema de Justicia, que todavía debe adoptar una decisión final sobre el mismo.
