Volkswagen anunció el llamado a revisión de 8.5 millones de vehículos diésel trucados en la Unión Europea y enfrentaba una fuerte presión de las autoridades alemanas y allanamientos de sus oficinas en Italia.
Las revisiones masivas en los 28 países de la UE se iniciarán en enero de 2016, indicó el gigante automovilístico alemán, que estudia aún los procedimientos a seguir en otros países donde vendió automóviles con falsos sistemas de medición de emisiones contaminantes.
La compañía, que este año se había convertido en el primer vendedor mundial de vehículos, admitió el mes pasado haber instalado esos motores trucados en 11 millones de coches diésel de varias de sus 12 marcas.
El escándalo sumió al grupo en la peor crisis de su historia y lo confronta a un aluvión de demandas judiciales, multas y multimillonarios costes de reparación, sin contar eventuales pérdidas causadas por la degradación de la imagen de marca.
Las autoridades alemanas ordenaron que la firma inicie el llamado a revisión de los 2.4 millones de automóviles trucados comercializados en el país.
El diario Bild aseguró que las autoridades estaban “perdiendo la paciencia” con el constructor y que no estaban dispuestas a contentarse solo con la buena voluntad de la empresa para arreglar el desquicio que afecta a un sector clave para el país. La KBA (Autoridad Federal de Transporte) indicó que se encargará de “seguir y controlar” las operaciones de revisión.
La dimensión del llamado a revisión “hace necesario un cierto grado de control”, dijo el ministro de Transportes, Alexander Dobrindt. En Italia, la policía registró las oficinas de VW en Verona y de su marca de lujo Lamborghini en Bolonia.
La Fiscalía italiana abrió por su lado una investigación por “fraude comercial” contra seis dirigentes del grupo, entre ellos Massimo Nordio, director general de Volkswagen Italia, y Luca De Meo, jefe de marketing y ventas de Audi, precisó la agencia AGI.
La Fiscalía de Verona ordenó los procedimientos policiales tras una denuncia presentada por la Asociación de Consumidores. “Nuestra hipótesis es la de un fraude comercial a expensas de los consumidores. Pero en caso de que la investigación de la Fiscalía de Verona descubra actividades ilegales, la demanda colectiva se reforzaría”, subrayó esa asociación.
