A pesar de avances, Gobierno y minera mantienen presión

A pesar de  avances, Gobierno y minera mantienen presión
El año pasado el proyecto Cobre Panamá que opera en una concesión de 13 mil hectáreas en las montañas de Donoso, provincia de Colón, procesó 350 mil toneladas de cobre y para 2023 la proyección es lograr 380 mil toneladas. Archivo


Esta semana, voceros del Gobierno y de la empresa canadiense First Quantum anunciaron que solo hay dos puntos pendientes para lograr un consenso sobre los términos del nuevo contrato que regirá la actividad de extracción de cobre de las montañas de Donoso, provincia de Colón, por los próximos 20 años.

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Aunque agradecieron el respeto mutuo para agilizar el proceso, ninguna de las dos partes ha flexibilizado las medidas de presión que adoptó para presionar al otro.

El Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) no ha respondido la apelación que presentó el 10 de enero Minera Panamá, filial de First Quantum, contra la orden de poner en mantenimiento y cuido el proyecto Cobre Panamá. El Mici tiene un plazo de dos meses para resolver a favor o en contra el recurso.

Por otro lado, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) tampoco ha tomado una decisión sobre los recursos presentados por la compañía para levantar la restricción de operación del puerto de Punta Rincón. Desde el 26 de enero, la AMP ordenó paralizar la operación del puerto, al determinar que la compañía no contaba con la certificación de las balanzas que se utilizan para determinar la cantidad exacta del material que se está exportando.

Tristán Pascall, CEO de First Quantum, anunció que el próximo 20 de febrero la mina se quedará sin espacio de almacenamiento, lo que podría ocasionar el cese total de operaciones del proyecto.

Pascall indicó que presentaron una apelación contra la resolución de la AMP, al tiempo que buscan otra empresa reconocida por el Gobierno que certifique las balanzas utilizadas en el puerto.

Mientras el Gobierno mantiene su postura de solo firmar el contrato bajo los términos aceptados por la empresa en enero de 2022, First Quantum avanza con el primero de los arbitrajes que en diciembre pasado anunció contra el Estado panameño, luego de que el Consejo de Gabinete ordenó el cese de operación comercial de la mina, aduciendo que estaba cumpliendo con el fallo que emitió la Corte Suprema de Justicia en 2017, en el que declaró inconstitucional el contrato de 1997 que abrió las puertas a la minería a cielo abierto en Donoso.

Operación Ventas y ganancias

Esta semana reportó que el proyecto Cobre Panamá generó en 2022 ventas por 2 mil 959 millones de dólares y una ganancia bruta por mil 65 millones de dólares.

Desde el inicio de operaciones a mediados de 2019, la mina ha generado ventas por 8 mil 118 millones de dólares

Pascall informó que están en “proceso de seleccionar árbitros en las próximas semanas” y señaló que el arbitraje se da bajo los términos del contrato de 1997.

La cláusula vigésima tercera del contrato de 1997 indica que “serán susceptibles de arbitraje, conforme a lo dispuesto en esta cláusula, las controversias que surjan entre las partes relacionadas con el objeto, la aplicación, la ejecución o la interpretación del presente contrato, así como aquellas relacionadas con la validez, el cumplimiento o la terminación del mismo, salvo aquellas controversias que se refieran a la guarda de la integridad de la Constitución”.

Pascall dejó entrever que el proceso de arbitraje solo se detendrá cuando el nuevo contrato sea firmado y supere todas las fases de aprobación, como la consulta pública que se debe realizar en las comunidades aledañas al proyecto, el visto bueno de la Asamblea Nacional (ya que se trata de un contrato ley) y el refrendo de la Contraloría General.

Extracción Minería a cielo abierto

70

Años sería la vida útil de la mina de cobre en Donoso, luego que se detectaron nuevos depósitos de mineral dentro de la concesión.

5,941

Trabajadores directos emplea el proyecto Cobre Panamá, de los cuales, 3,241 son personal de campo.

$375

Millones es el pago mínimo anual que exige el Gobierno para acceder a la firma de un nuevo contrato que extendería la presencia de First Quantum por 20 años en el país.

La Prensa consultó al Mici sobre de las acciones que ha adoptado el Gobierno frente a la minera, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

En diciembre pasado y luego de ser notificado de las medidas legales que adoptaría la empresa, el Mici emitió un comunicado señalando que “a lo largo de este proceso el Gobierno ha trabajado con asesores legales internacionales y panameños, preparándose para todos los posibles escenarios, en miras a garantizar la defensa de los intereses nacionales y los derechos de los trabajadores de la mina.

Sobre la decisión de seguir adelante con el arbitraje, Pascall manifestó que el resultado preferido por la empresa es y sigue siendo lograr un acuerdo mutuo mediante la negociación, pero agregó que el arbitraje “está ahí” y sigue su curso.

Con relación al segundo arbitraje que comenzaría la minera contra el Estado panameño bajo los términos del Tratado de Libre Comercio firmado entre Panamá y Canadá en 2010, Pascall comentó que en marzo vence el periodo de enfriamiento o reflexión de 90 para que las partes alcancen un acuerdo.

Estefany Pardo, especialista en litigios de Holland & Knight, firma que realizó una conferencia a solicitud de la Cámara Minera Panamá (Camipa), sobre los arbitrajes en el sector minero, explicó que en el tratado comercial firmado por Panamá y Canadá se establece un periodo prearbitral, que debe ser respetado por el inversionista o de lo contrario podría decretarse una anulación del proceso.

“Los árbitros son tres: uno lo elige el Estado, otro el inversionista y el tercero lo eligen entre las dos partes, y allí es cuando hay más dilación de tiempo, porque es difícil que designen un árbitro de mutuo acuerdo y hay demoras”, comentó la especialista.

Añade que bajo los términos del tratado comercial bilateral, hay posibilidades de que intervengan expertos que analicen el tema y comenta que casi nunca se cumplen las fechas de los laudos porque se piden extensiones.

La experiencia internacional apunta que los arbitrajes vinculados al sector minero pueden tardar entre en resolverse entre cinco a ocho años.

Zorel Morales, director ejecutivo de Camipa, expresó que es importante que se logre un acuerdo lo antes posible que permita la continuidad de la operación en Donoso.

“No se puede apretar tanto a la empresa porque los precios de los metales suben y bajan. Si le subes mucho las regalías y los precios bajan, ¿cómo operarán y pagarán a los empleados?”, acotó.

Con información de Reyna Katiuska Hernández.



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