A diferencia de sus socios, que ya comenzaron el proceso de arbitraje contra Panamá por el cierre de la mina de cobre ubicada en las montañas de Donoso, First Quantum ha señalado que tiene hasta 3 años para presentar su reclamación, conforme a lo establecido en el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado entre Panamá y Canadá en 2010.
A finales de junio, la también canadiense Franco-Nevada presentó una demanda de arbitraje contra Panamá bajo los lineamientos del TLC con Canadá, solicitando una compensación de 5 mil millones de dólares. Franco-Nevada es socia de First Quantum y mantenían un acuerdo para la compra de oro, respaldado por un financiamiento de mil millones de dólares.
En su estado financiero correspondiente al segundo trimestre del año, First Quantum indicó que sigue adelante con dos procesos de arbitraje contra Panamá, en los cuales solicita una compensación de 20 mil millones de dólares. Aunque la empresa mantiene su postura de que el arbitraje no es el resultado preferido para la situación en Panamá y que sigue comprometida con el diálogo con el nuevo gobierno, también señala que tiene todo el derecho de buscar cualquier tipo de compensación adecuada a través del arbitraje.
“La empresa tiene el derecho de presentar su reclamación de arbitraje bajo el TLC dentro de los tres años siguientes a las violaciones del TLC por parte de Panamá”, indica la minera.
Sobre la demanda interpuesta en la Cámara de Comercio Internacional (CCI), Tristan Pascall, director ejecutivo de la minera canadiense, comentó que la audiencia final está programada para el 25 de septiembre de 2025. La demanda se presentó en base a la cláusula de arbitraje del contrato de concesión que el gobierno de Laurentino Cortizo firmó a finales de octubre de 2023, y que un mes después fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.
Las demandas de arbitraje fueron uno de los temas principales durante la conferencia de resultados del segundo trimestre entre la plana ejecutiva de First Quantum y analistas del mercado financiero. Igualmente, los analistas querían conocer la postura de la empresa frente a los señalamientos del presidente José Raúl Mulino sobre el cierre de la mina de cobre.
Pascall comentó que la empresa sigue abierta al diálogo y ve como positiva la decisión del gobierno de contratar una auditoría independiente para evaluar el estado de la mina. Estiman que el tema será discutido a profundidad por las autoridades el próximo año, aunque reconocen que han sostenido conversaciones con funcionarios, como lo reveló Mulino recientemente.
“Creo que las consecuencias de no hacer nada en la mina serán muy graves para el medio ambiente, por lo que acogemos con agrado esta auditoría, que esperamos que comprenda que no hacer nada ahora no es una buena solución para el país”, dijo Pascall.
Esteban Tamayo, economista principal para Centroamérica y países andinos de Citi, comentó que las demandas de arbitraje que enfrentará el país por el cierre de la minería metálica son el mayor riesgo que enfrenta la administración Mulino, aunque no el más urgente por resolver. Explicó que primero el nuevo gobierno debe enfrentar la crisis fiscal y, en segundo lugar, los cambios en la seguridad social para salvar la Caja del Seguro Social. Una vez superados estos obstáculos, el gobierno podría centrarse en el tema minero.
“Los arbitrajes son procesos que toman años, y por lo visto, no será hasta septiembre de 2025 que culminará uno de los procesos, así que este tema no estará en la agenda del gobierno este año”, comentó Tamayo, quien opina que no sería hasta 2026 o 2027 que podría verse el reinicio de operaciones de la mina de cobre.
Sobre las palabras de Mulino de que el tema minero no será abordado con profundidad este año, Pascall comentó que para la empresa lo importante no es cuándo, “sino llegar a un acuerdo adecuado que beneficie a ambas partes, que garantice una operación estable en el futuro y que tenga sentido para nuestros accionistas”, lo que sugiere que la minera canadiense no pierde la esperanza de mantener la concesión de 13 mil hectáreas en el futuro.
Recientemente, el banco inglés Barclays abordó el futuro del proyecto Cobre Panamá, señalando que una solución sería la creación de una empresa conjunta donde el Estado panameño se convierta en accionista. Sin embargo, advierte que, debido a la magnitud de la inversión realizada por First Quantum, calculada en 10 mil millones de dólares, el país podría obtener un porcentaje significativo de acciones.
“Si Panamá tiene una participación de propiedad en el proyecto, entonces muchos panameños pueden sentir que se están observando rigurosamente las protecciones ambientales y que una empresa de propiedad extranjera no está infringiendo la soberanía del país”, indica el banco en su análisis.
Asimismo, la entidad bancaria concluye que la rapidez con la que se aprobó el contrato, luego de ser revisado por la Asamblea Nacional, molestó y enfureció a los panameños, un malestar que se unió a la desgastada opinión que tenía un amplio sector del país sobre la gestión de Laurentino Cortizo.
Un punto clave para Barclays será la decisión sobre las 131 mil toneladas de concentrado de cobre que todavía siguen almacenadas en la mina de Donoso. El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, ha dicho que es necesario trasladar el material fuera de la mina para evitar daños ambientales. First Quantum aseguró que, a los precios actuales, el concentrado tiene un valor de 265 millones de dólares, dinero que se puede utilizar para financiar el programa de mantenimiento y cuidado que se ejecuta en la mina.
La empresa insiste en que el concentrado es de su propiedad porque fue procesado antes del fallo de inconstitucionalidad emitido por los 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El Procurador de la Administración, Rigoberto González, ha reiterado que el dinero obtenido de la venta del concentrado debe utilizarse exclusivamente para financiar el plan de mantenimiento de la mina.
En sus estados financieros, First Quantum informó que durante el segundo trimestre del año destinó 17 millones de dólares mensuales para cubrir el costo del plan de mantenimiento, en el que participan 1,400 trabajadores. Para el tercer trimestre, la empresa estima un gasto mensual cercano a los 20 millones de dólares.
Impacto sobre la cuenca del Canal
Un tema que también llamó la atención de los analistas financieros durante la llamada de resultados de la empresa canadiense fue el fallo de la Corte Suprema de Justicia que devolvió a la Autoridad del Canal de Panamá la gestión de la cuenca hidrográfica, tal como se estableció en 1999, e incluye el río Indio.
Sobre este punto, voceros de First Quantum comentaron que la concesión de Minera Panamá está a cuatro cuencas del Canal de Panamá y rechazaron las informaciones que indican que el proyecto minero estaba utilizando agua de la vía acuática.
“Estamos muy lejos del canal y, aunque estoy consciente de que la Autoridad del Canal (ACP) está preocupada por los efectos a largo plazo del cambio climático en el canal y por cómo lidiarán con eso en el futuro, ciertamente estaríamos dispuestos a ser parte de las soluciones para el país y para el Canal de Panamá”, comentó Rudi Badenhorst, director de operaciones de First Quantum.
Sobre este punto, el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez, considera que la ACP no es dueña de la cuenca hidrográfica y aclaró que, en su momento, si fuera requerido, podrían emitir una opinión sobre el cuidado de los recursos hídricos. Sin embargo, aclaró que el Canal no aprueba ni rechaza las concesiones que se instalen en la cuenca, como es el caso de Minera Panamá.
