El Gobierno de Venezuela acusó ayer martes al exministro de Petróleo, Rafael Ramírez de haberse robado $4,850 millones a través de una línea de crédito fraudulenta con la que la estatal Pdvsa hizo 28 pagos a dos fondos en el exterior sin haber recibido nunca préstamo alguno.
El ministro de Petróleo, Tareck el Aissami, explicó que Ramírez firmó un contrato de financiamiento con la “Administradora Atlantic” en el primer trimestre de 2012, cuando lideraba la cartera energética y presidía Petróleos de Venezuela (Pdvsa), bajo el Gobierno de Hugo Chávez (1999-2013).
En una junta extraordinaria de accionistas celebrada en marzo de 2012, detalló El Aissami frente a periodistas, el exministro aprobó el préstamo por 17,490 millones de bolívares (cerca de 4,100 millones de dólares) y Pdvsa comenzó a pagar ese mismo mes las cuotas con desembolsos a dos fondos en Panamá y San Vicente y las Granadinas.
“No existe registro alguno de entrada de ese dinero a las cuentas de Pdvsa”, remarcó el funcionario que, en cambio, acusó a los venezolanos Luis e Ignacio Oberto Anselmi de haber recibido los pagos en los fondos extranjeros.
Posteriormente, prosiguió, transfirieron parte de ese capital a un familiar del opositor Leopoldo López, radicado en Madrid luego de huir de Venezuela.
El Aissami hizo estas declaraciones en la sede del Ministerio Público, en Caracas, luego de sostener una reunión privada con el fiscal general, Tarek Saab, a quien entregó, dijo, pruebas y “copias certificadas” de esta trama.
Por lo anterior, el ministro pidió a la Fiscalía una investigación exhaustiva y que tramite una orden de captura internacional contra Ramírez, “principal autor intelectual y material de esta operación, de este mega robo a la industria petrolera venezolana”.
Tras dejar el cargo en 2013, Ramírez pasó a ser embajador de Venezuela ante la ONU bajo el Gobierno de Nicolás Maduro, pero fue sustituido y posteriormente le dio la espalda al mandatario.
En julio de 2020, el Supremo venezolano solicitó a Italia su extradición para someterlo a un proceso penal por la presunta comisión de los delitos de “peculado doloso propio, evasión de procedimiento licitatorio y asociación (para delinquir)”.
