En medio de fuertes reclamos de la sociedad por el alto costo de la vida, el Gobierno aprobó el congelamiento del precio del combustible en 3.95 dólares el galón, a partir del próximo 15 de julio.
Se trata de la extensión de la medida adoptada el pasado 3 de junio para el transporte público de pasajeros y la concesión de un vale digital mensual a los vehículos con matrícula comercial y a la maquinaria agrícola.
Ayer martes, el Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de Resolución de Gabinete 78-22 que autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas para llevar a cabo los procedimientos y acciones presupuestarias y financieros que sean necesarios para estabilizar el precio del combustible.
El director de presupuesto de la Nación, Carlos González, dijo que el aporte del Estado sería de $150 millones para un periodo de tres meses, cifra que incluye los vehículos particulares, el transporte público y la flota comercial e industrial.
González indicó que la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre está elaborando unos criterios de exclusión, como por ejemplo, a los autos de lujo, que se determinaría por el valor en el registro único vehicular, y que el procedimiento para recibir el beneficio sería a través de un registro en una herramienta creada por la Autoridad de la Innovación Gubernamental.
Este paquete de subsidios se suma a la extensión del Vale Digital, que originalmente estaba previsto solo para el primer semestre del año y que finalmente se asignará hasta diciembre, si no se vuelve a extender.
Ayer, el presidente Laurentino Cortizo dijo en Twitter que había autorizado la concesión del vale a casi 345 mil panameños. La cifra de beneficiarios se ha venido reduciendo, pero todavía refleja la realidad de un mercado laboral que no genera el empleo formal suficiente.
Se trata de gastos que no estaban contemplados originalmente en el presupuesto general del Estado para este ejercicio.
El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Rubén Castillo, dijo a este diario que “hay que hacer un análisis de la eficacia de los subsidios. En una situación crítica, tenemos que saber si los subsidios están cumpliendo su función. Tenemos que analizar qué está ocurriendo y focalizarlos debidamente para que amparen a las personas que realmente los necesitan”.
Castillo añadió que “si seguimos ampliando la estructura de subsidios vamos a tener que adquirir más deuda... Todos estos elementos ponen presión a la economía panameña”.
Tras el anuncio del congelamiento del precio del combustible, distintos gremios, entre ellos la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura alzaron la voz para exigir al Estado contención y control del gasto público, austeridad y transparencia, un reclamo que ha resonado en las manifestaciones ciudadanas.
Al término del Consejo de Gabinete, en una jornada marcada por las protestas y los cierres de vías, el Gobierno anunció una serie de medidas encaminadas a contener el gasto, cuya ejecución y efectividad estarán a prueba en los próximos meses.
Algunas de las medidas aprobadas son “la instauración de un proceso de reducción del 10% de la planilla estatal; el inicio de un programa de retiro voluntario de servidores del sector público; la suspensión de aumentos salariales, salvo los establecidos por ley”, detalla la Presidencia en un comunicado.
El economista Carlos Araúz dijo que se trata de medidas reactivas, cuya efectividad dependerá de la implementación.
Es decir, mientras que la efectividad de las medidas de contención está por demostrarse, el aumento de los gastos es una realidad, lo que pone presión al presupuesto.
En 2020 y 2021, las fuertes restricciones impuestas a la economía provocaron una crisis económica en forma de cierre de empresas, destrucción de empleo y caída de ingresos públicos, pero el gasto del Estado siguió creciendo, de la mano de aumentos en planilla, subsidios e intereses de la deuda.
El resultado fue un abultamiento de la deuda pública, que al cierre de mayo era de $42,891.2 millones, un aumento en un solo año de $4,544.7 millones.
La relación entre la deuda del sector público no financiero y el tamaño de la economía pasó de 46.3% en 2019 a un 63.7% al cierre del año pasado.
En 2020, el déficit fiscal se disparó a alrededor de 10% del producto interno bruto (PIB) hasta $5,521.5 millones y en 2021 la cifra se redujo a un $4,238.2 millones o 6.7% del PIB.
El presupuesto para este año se elaboró teniendo en cuenta un límite de déficit fiscal de 4% del PIB, es decir, que el margen para el desbalance de las cuentas es menor y las presiones del gasto crecientes.
González dijo que “podemos cumplir con el 4%” de déficit, mientras que Araúz ve cada vez más difícil que se pueda lograr la meta.
Canasta básica
El Consejo de Gabinete aprobó ayer establecer un precio tope a 10 productos de la canasta básica: la babilla; la sardina en salsa de tomate sin picante de 155 gramos; la tuna en agua de 142 gramos; la mortadela nacional con pimienta empacada de un kilogramo; la salchicha nacional empacada frankfurter de un kilogramo; los coditos de 454 gramos; los macarrones de 454 gramos; el pan de michita de un kilogramo; la lenteja; y el aceite vegetal nacional e importado.
La Cámara de Comercio señaló que luego de ocho años de control de precios, queda demostrado que esta medida crea una distorsión del mercado que no logra los propósitos deseados, ya que los controles, más que incentivar el ahorro, incitan mayor consumo.
Además de que se pueden traducir en aumentos de precios de los productos cuyo precio no está controlado, la medida, según han advertido gremios y economistas, puede generar escasez de productos.
