Luego de 14 años de vigencia de la Ley 57, que regula la Marina Mercante, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) se apresta a discutir modificaciones a esta norma, en medio de la posibilidad de que en el corto plazo el registro de buques de Panamá pierda el liderazgo que ha mantenido desde 1993.
La revisión de la norma es una de las acciones que debió comenzar la administración de la AMP desde que arrancó el gobierno del presidente Laurentino Cortizo, pero dos años más tarde es que apenas se iniciarán las consultas para elaborar el anteproyecto de ley y llevarlo a la Asamblea.
Mientras, los otros dos competidores más cercanos del registro panameño -Liberia e Islas Marshall- siguen creciendo a un ritmo más rápido que el de Panamá, con lo cual es posible que el próximo año pierda el liderazgo que ha mantenido en los últimos 29 años.
En principio, la actualización de la norma debe incluir descuentos, revisión de tarifas y mejorar la eficiencia en la recaudación de lo que genera el registro, entre otros aspectos, según representantes del sector marítimo. También señalan que se deben analizar otros aspectos como el modelo de negocio y regulaciones sobre conflicto de interés, para que el personal que labora en puestos jerárquicos de la marina mercante panameña, con amplió manejo de información estratégica, no pueda ir a trabajar inmediatamente, después de dejar su puesto, con otro competidor.
Tras la campaña electoral de 2019, esta administración presentó lo que llamaron la Visión 2050 para el sector marítimo. Se proponía innovar y mejorar el sistema para incrementar el tonelaje y mantener el liderazgo del negocio marítimo.
Se planteaba migrar del sistema de infraestructura de clave pública (PKI, por sus siglas en inglés) a una gestión en la nube, amigable al usuario, con nuevos métodos de pago en línea. Así como crear nuevas plataformas de interacción con los usuarios, agilizar el tiempo de respuesta a las solicitudes de servicios, consultas, reclamos, emisión de certificaciones y coordinación con las organizaciones reconocidas y navieros.
El subdirector de Marina Mercante, Demóstenes Sánchez, le ha advertido al director de esta oficina, Rafael Cigarruista, sobre la necesidad de dar un golpe de timón para no ir al despeñadero. Sánchez cree que la revisión de la norma debe ir más allá de la Ley 57 y también modificar la Ley 7 de 1998 que creó la AMP, “porque hay cuellos de botella en la operación de la marina mercante que la misma ley orgánica limita”. Por ejemplo, menciona aumentar el presupuesto a las inversiones para infraestructura tecnológica, contratación de expertos internacionales y definir el perfil de los cargos de jerarquía en la AMP. Además propone crear un “non disclosure agreement” a los directores para que no se lleven información del registro a otro competidor.
Estas son algunas de las iniciativas que ayudarían a acelerar el crecimiento del registro panameño, creen los expertos. La AMP informó que el registro creció 9.6%, entre julio de 2019 a julio de 2022, sin embargo, en los últimos años Liberia creció un 15% en tonelaje, y según las estadísticas, está a unas 40 millones de toneladas de alcanzar a Panamá.