Anadepo decide romper el acuerdo firmado en Santiago; el Gobierno sí reconoce lo pactado y baja el combustible a $3.25 el galón

Anadepo decide romper el acuerdo firmado en Santiago; el Gobierno sí reconoce lo pactado y baja el combustible a $3.25 el galón


Tras calificar de politiquero el acuerdo firmado en Santiago, provincia de Veraguas, el día antes con el vicepresidente y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, los dirigentes y las bases de la Alianza Nacional por los Derechos de los Pueblos (Anadepo) decidieron la mañana de este lunes 18 de julio suspender lo pactado.

No obstante, el gobierno de Laurentino Cortizo sí reconoce lo pactado, pese al rechazo de Anadepo, y ya aprobó, en Consejo de Gabinete, fijar en $3.25 el galón de las gasolinas de 91 y 95 octanos y el diésel, a partir de este lunes y hasta el 18 de octubre de 2022.

La medida representa “un aporte del Estado hasta por la suma de $200 millones”.

La Resolución de Gabinete No. 80 del 18 de julio de 2022 fue publicada en Gaceta Oficial, poco después de las 3:00 p.m.

El 19 de mayo pasado, el Gabinete había fijado el precio de $3.95 por galón de combustible, para los vehículos que se dedican al transporte público de pasajeros, así como las flotas comerciales e industriales. Ese precio extensivo se hizo extensivo a todos los vehículos, a partir del 15 de julio pasado.

El nuevo precio de $3.25 el galón se había fijado la noche del domingo, en la mesa de negociación en Veraguas. Posteriormente, un vocero del grupo afirmó que el documento firmado no tenía valor y que los veragüenses no aceptaban el acuerdo “politiquero” de Carrizo.

“¡Nos vemos en las calles hasta el final!”, gritaron los presentes en el acto en la ciudad de Santiago, este lunes.

También se reiteró que la huelga de los gremios docentes no había terminado y que se mantendrán los bloqueos de las vías en todo el país.

El dirigente de la Asociación de Educadores Veragüenses (Aeve), Luis Sánchez, manifestó: “compañeros aquí hay un acta de compromiso que no es un acuerdo de huelga. ¿Están de acuerdo con esto?”

A lo que respondieron: “¡No!”. Acto seguido procedieron a romper las copias del acuerdo.

Sánchez recordó en TVN que le había advertido al Órgano Ejecutivo que “teníamos que consultar a las bases” y que el documento firmado la noche del domingo era apenas un “principio” de acuerdo.

“Mientras tanto, no tenemos ningún tipo de acuerdo”, reiteró el vocero, quien, de paso, reconoció la gran afectación que se produce a la población por culpa de estas protestas.

Por ejemplo, expresó a las bases que la noche del domingo recibió la llamada de una persona que se encontraba en un centro hospitalario en Chiriquí y que le manifestó que no tenía ni oxígeno ni insulina, debido a los cierres, y que por eso decidió firmar el acto de compromiso.

Por su lado, el viceministro de Comercio Interior e Industrias, Omar Montilla, declaró que luego de romperse el acuerdo en el país se vive una incertidumbre.

Montilla enfatizó que desde las 3:00 p.m. de este lunes, los ciudadanos podrán comprar el combustible a $3.25. “Como Gobierno, seguiremos cumpliendo con lo pactado”, prometió.

No obstante, acusó a los manifestantes de querer “crear el caos en el país… Quieren desestabilizar al gobierno de Cortizo”.

El funcionario enfatizó en Telemetro Reporta que la administración Cortizo está en la mesa de diálogo y reiteró que el Gobierno cumplirá con lo pactado este domingo.

Por su lado, la Defensoría del Pueblo aclaró este lunes que desde el pasado jueves 11 de julio facultada bajo la Ley No. 7 del 5 de febrero en su artículo 4, numeral 10 estuvo en sesión permanente como mediadora en la mesa del diálogo entre la Anadepo y el Ejecutivo “en común acuerdo entre las partes”.

“Es importante informar y aclarar que todos los puntos pactados, propuestos y presentados en la mesa del diálogo entre Anadepo y el Ejecutivo reposa en actas, así como en material audiovisual, dado que todas las reuniones son grabadas por personal de la Defensoría del Pueblo”, destacó la entidad.

Por tal motivo, ante la discrepancia surgida la Defensoría del Pueblo con su equipo legal evalúa la posibilidad de hacer público los videos que respaldan el acuerdo firmado.

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